¿Cómo se desempeña el sistema educativo mexicano en relación con sus contrapartes latinoamericanos? ¿Para qué sirve tener una prueba regional sobre los niveles de aprendizajes si ya se cuenta con referentes internacionales como PISA y nacionales como EXCALE? ¿Qué acciones complementarias a una evaluación de logro académico pueden emprenderse? Gracias a los resultados del Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE) podemos responder a estas preguntas y formular otras relacionadas con la política educativa.
El TERCE incluye una prueba para medir el aprovechamiento académico en básicamente dos áreas: (1) lectura y escritura y (2) matemáticas. Se aplica a jóvenes de tercero y sexto grado en el nivel primaria y en él participaron 15 naciones latinoamericanas (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay) y un estado de la República que fue considerado como país (Nuevo León).
El TERCE fue organizado y coordinado por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE). Sus primeros resultados se presentaron el 4 de diciembre pasado y participaron tanto la oficina de la UNESCO-México como el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).
¿Cómo salimos en comparación con otras naciones de la región? México registró un retroceso estadísticamente significativo en los puntajes de 2006 a 2013 en el área de lectura y dentro del grupo de jóvenes de tercer grado. Este retroceso lo compartió nuestro país con Costa Rica y Nuevo León. En contraste, los sistemas educativos del resto de los países latinoamericanos mejoraron su desempeño a través del tiempo. ¿Por qué la mayoría avanza y nosotros no?
México también retrocedió —aunque no de manera significativa— si tomamos en cuenta a los estudiantes de sexto grado. En este rubro los puntajes en lectura pasaron de 529 en 2006 a 528 en 2013. ¿Pueden ser utilizados estos datos para elaborar una crítica de las políticas y programas emprendido por las administraciones pasadas? Sin duda alguna.
En este sentido, fue muy importante que al presentar los resultados del TERCE, las directivas del INEE resaltaran la necesidad de reflexionar sobre la [cuantiosa] inversión hecha en los programas nacionales de lectura y sus [magros] resultados (La Jornada, 05/12/14, nota de Laura Poy).
Es evidente que una evaluación de políticas y programas de “segunda generación” es urgente y necesaria en el país. Si bien el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) ha hecho sustanciales contribuciones en términos de transparencia del gasto público y de medición multidimensional de la pobreza, hay que avanzar más rápida y sistemáticamente en saber cuál es la efectividad de los programas y políticas nacionales en educación.
De acuerdo con la organización civil, Gestión Social y Cooperación (GESOC), 34.6 por ciento de los programas y acciones federales de desarrollo social (63 de 182) “presentan graves problemas de opacidad que impiden estimar su desempeño”. Aunado a ello, “63 programas de los 182 programas (9.1 por ciento) no identifican a la población potencialmente beneficiaria a la que van dirigidos, aunque sí reportan avance en sus indicadores.” (GESOC http://www.indep.gesoc.org.mx/)
¿Tomará el INEE la batuta para emprender una evaluación rigurosa y sistemática de las políticas y programas que diseñan y echan a andar los distintos gobiernos? Eso parece. En aras de contribuir a este debate, considero que es importante trabajar en distintos frentes. Por un lado, en lo técnico-filosófico, el INEE podría proponer y discutir una dimensión de evaluación central para evitar lo que GESOC llama la “dispersión” de los programas de la política social. A mi juicio, este espacio se debe referir al mejoramiento o ampliación de las capacidades cognoscitivas y humanas de las personas que son sujetas de todos los programas propuestos, organizados y administrados por las secretarias de educación tanto federal como estatales.
Segundo, es necesario que el INEE ponga a discusión una metodología sobre la evaluación de políticas y programas y para ello, podría echar mano de espacios como el Consejo Social Consultivo de Evaluación de la Educación (CONSCEE), el cual está conformado por organizaciones científicas como el Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE) y promotoras de la transparencia como Mexicanos Primero.
En resumen, la evaluación derivada del TERCE no sólo es importante por estar basada en un análisis curricular, sino también porque gracias al esquema comparativo, se puede uno preguntar por qué algunos países similares al nuestro avanzan más que nosotros. Esto implica una profunda reflexión sobre la manera en que han funcionado las distintas políticas y programas educativos y para ello, es necesario mejorar el esquema de evaluación de impacto. Esto es imprescindible si en verdad queremos que el Estado —que incluye a la sociedad— recupere la rectoría de la educación.
Profesor de la Universidad Autónoma de Querétaro (FCPyS).
