La semana pasada tuve el privilegio de asistir al Segundo Congreso Latinoamericano de Medición y Evaluación Educacional (Colmee 2015), un espacio organizado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), dirigido a académicos, especialistas e investigadores dedicados a la medición educativa, el tema central fue la evaluación de docentes y directivos escolares, menudo tema en un marco actual lleno de escepticismo y profundas polarizaciones entre un cúmulo de expertos en la materia.
Cuando se habla de evaluar a docentes y directivos, el consenso en Latinoamérica es puntual, en el sentido de que debe situarse como uno de los tantos medios que contribuyan al fin específico de la mejora escolar de los sistemas educativos. Resulta muy interesante asumir que al ubicar a la educación como un derecho universal (evidenciado como principio humanitario esencial en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), es el Estado, por ser el ente regulador de la vida social, está obligado a salvaguardar tal condición.
El curriculum, las políticas educativas y la participación de los actores educativos son factores fundamentales que contribuyen a este fin. Sin embargo, en la actualidad, en nuestro país, el énfasis a partir de la Reforma Educativa de 2013 fue precisamente en el punto de la evaluación de docentes y directivos, derivado de lo cual surge un primer planteamiento, ¿cómo debe ser este tipo de evaluación? Resulta fundamental desarrollar un proceso justo, no corruptible (al menos en nuestro país), profesional y aplicado al contexto en donde ocurre el quehacer educativo, sustancial tarea para los hacedores de las políticas educativas en México.
Son precisamente estas características sobre las que en la actualidad están girando las discusiones acerca del proceso de evaluación de docentes y directivos, resulta fundamental detectar cuáles son los retos que deben asumirse ante mayúscula tarea. Para tal fin es necesario identificar, con claridad, quiénes son los responsables, por ejemplo tenemos al Estado, representado por autoridades federales y estatales; al INEE; a los actores educativos (docentes y directivos); al SNTE; y a la sociedad, en general.
Pude reconocer que la mayoría de los académicos, especialistas e investigadores coincidieron en identificar que la falencia comunicativa de estos procesos está condicionando de manera notoria su implementación, condición evidente si recordamos que “todo tiene por sí un principio inicial”, lo cual demuestra que uno de los principales problemas de esta Reforma Educativa es: la desinformación.
Durante las ponencias, se plantearon retos específicos respecto a la implementación de los procesos de evaluación de docentes y directivos, identificando que resulta esencial considerar la perspectiva de estos actores, para construir marcos de evaluación apegados a los factores que inciden en su quehacer, lo cual no solamente da validez a estas propuestas, sino que permite la construcción de acuerdos técnico–políticos, desde los cuales, al aclarar el qué, cómo, quién y para qué, serán evaluados, docentes y directivos tengan claridad respecto a la manera en que ello contribuye a la mejora sustancial de la educación.
Uno de los puntos que genera mayor tensión es la carencia de una comunicación fluida y eficiente acerca de la manera en que se llevarán a cabo estos procesos, lo cual implica contar con cuadros técnico–políticos en las entidades federativas, quienes sean responsables de dar certidumbre a docentes y directivos que serán partícipes en este quehacer; lamentablemente la realidad indica que tal tarea ha sido insuficiente, quizás medida, quizás con intención, sin embargo ello deja en el limbo su sentido formativo.
En la medida en la cual estás falencias se atiendan, estos actores asumirán a la evaluación como un devenir fundamental para el quehacer educativo de México, a la par de otras políticas y directrices que, históricamente, han sido reclamo de quienes a diario se desenvuelven en las instituciones educativas del país: una mejor infraestructura, más materiales didácticos, una verdadera “carrera docente”, consolidar la profesionalización a través de programas de apoyo, programas compensatorios para atender la profunda inequidad socio–económica de los estudiantes…
Ya lo decía el Licenciado Felipe Martínez Rizo en la presentación de su decálogo de la evaluación educativa: hay que evitar que “la evaluación sea en vano”, por lo cual nos sugería no olvidar “santificar el propósito de tal tarea subordinando a ésta el diseño desde el cual se aplicará”, esto precisamente da sentido y congruencia a estos propósitos, encontrando en la retórica política su mayor enemigo. Éste es uno de los grandes retos en esta materia, pasar del discurso a la práctica, tarea que no se reduce a evaluar a los maestros y directivos, recordemos, ello es sólo uno de los tantos medios que deben conducirnos al fin…lograr la mejora de una sociedad mexicana cada vez más inequitativa, situando a la educación como un factor preponderante para alcanzarlo.
