Nos tocó criticar con firmeza las presiones injustas que recibió de parte de la SEP el ahora desaparecido INEE para cambiar sus procesos o calendarios, así como de las críticas infundadas. Pero en lo que chocamos frontalmente –con sus distintas dirigencias en el tiempo– es que no se alcanzó a reconocer que en la evaluación de los aprendizajes había que seguir a niños reales, no a constructos estadísticos. Un funcionario del Instituto afirmó: “Claro que hacemos evaluaciones censales: puedes hacer el censo de estudiantes o el censo de contenidos”. No, claramente eso no es lo que significa “censal”. “Censal” es llegar a cada niña y niño y seguir su trayectoria, lo que les pasa en la realidad.
“Nunca lo van a comprender las familias”, se decía. No, nosotros pensamos que las familias no son incapaces. Fueron excluidas de los esfuerzos, que es distinto. No ocurre mágicamente. Apropiarse de las distintas estrategias de evaluación y de sus correspondientes resultados es un proceso de formación, de aprendizaje, como también pasa con los maestros. Pero si crees que la evaluación no será entendida porque las familias son ignorantes, los maestros flojos y los reporteros caprichosos, entonces vas a lograr justamente eso: que la evaluación no sea ni entendida ni valorada, y menos defendida.
La reforma educativa de 2019 representa una oportunidad importante para avanzar, como país, un tramo más en la garantía de los derechos, un camino en el que difícilmente llegaremos lejos sin la compañía de la evaluación. Dice ahora el párrafo cuarto del Artículo Tercero: El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. El nuevo párrafo séptimo afirma que toda la profesión docente se va a regular precisamente para verificar que estos agentes de cambio cuenten con… los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos.
¿Y cómo sabremos si el Estado -en la realidad- prioriza el acceso, la permanencia y la participación? ¿Y cómo sabremos que la selección para entrar y promoverse en la carrera docente de verdad sirvió para el aprendizaje y desarrollo integral de los educandos? ¿Y qué si están las disciplinas y enfoques mencionados –por ejemplo la filosofía, la literacidad y la educación sexual- en los programas, si no sabemos si las y los alumnos se apropiaron de los correspondientes aprendizajes?
El texto de la Constitución quedó amplio y hasta inspirador. Ahora el desafío está en tomar las decisiones necesarias y en implementar las acciones adecuadas para transformar la realidad. El Sistema Educativo Nacional requiere no de ocurrencias, no de un programa por aquí y de una prueba por allá, sino de una sólida y clara política de evaluación, un “ecosistema” en donde los diferentes esfuerzos se conecten y se retroalimenten entre sí. Hay que destacar la importancia de verificar y monitorear los avances y los pendientes en los aprendizajes que logran NNAJ en México. No es y no debe ser una estadística de autoconsumo, sino un material para el entendimiento, el acuerdo y la acción.
En su sentido pleno, la evaluación es la verificación de las trayectorias, pero precisamente para reforzarlas: si están, si aprenden y si participan en su proceso educativo; todas y todos, no sólo las y los alumnos de una muestra sesgada a lo urbano. Tiene que ser para todas y todos, sea que se ubiquen en el espectro autista o en talentos específicos; sea que hablen lengua de señas, maya o ayuuk; que estén en hospitales o en casas hogar del DIF, o en comunidades de adolescentes en conflicto con la ley, o en campamentos agrícolas, o en estaciones de migración.
El derecho a aprender engloba el derecho a una intervención adecuada y, por lo tanto, implica el derecho a un diagnóstico confiable y oportuno, como pasará en el caso de los docentes y directivos. Para las y los alumnos también requerimos de un diagnóstico que no se base en un único indicador, sino que incluya varias pruebas, observaciones y mediciones, realizadas unas por especialistas y otras por el agente de primer contacto y por la propia familia, para integrar un diagnóstico con puntos de verificación que están pautados en la trayectoria ideal de cada una, de cada uno.
Una política nacional de evaluación a la altura del nuevo artículo Tercero debe considerar con seriedad los factores asociados: la interacción que se puede identificar con la dinámica de los hogares de NNAJ, con la formación continua de sus maestros o la disponibilidad de materiales educativos o hasta de baños para ejercer mejor o peor el aprendizaje. Esa política nacional no puede estar sesgada a unos pocos contenidos académicos: debe contemplar también lo no cognitivo, es decir, lo socioemocional, lo estético y lo ético; que le dé un lugar real a la voz de las y los estudiantes; que sin perder lo individual, permita verificar procesos que son grupales y comunitarios, que sin perder lo nacional, recupere el contexto. Para qué evaluar sirva para aprender, necesitamos aprender a evaluar.
