Sobre la suspensión de la evaluación docente, el Consejo Social Consultivo de Evaluación Educativa (CONSCEE) hizo un enérgico llamado a las autoridades para que “informe con claridad a los aspirantes, a los maestros y directivos, y a la ciudadanía en general que dicho anuncio no tiene fundamento ni efecto, y que oficialmente se retira. Lo cual no debe pasar del día 8 de junio, para evitar el daño a los procesos y recuperar la transparencia y legalidad de las evaluaciones en el marco del Servicio Profesional Docente”.
Al mismo tiempo, el CONSCEE –órgano colegiado de consulta integrado por organizaciones de la sociedad civil, cuyo propósito es estudiar la realidad educativa y su mejoramiento–, llamó a respetar la reforma educativa y a no invadir las atribuciones normativas del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).
Tras una reunión extraordinaria, el Consejo que tiene la función de opinar y recomendar en las tareas propias del INEE, consideró que “no tendría sentido nuestra participación si fuésemos indiferentes y omisos ante una irregularidad tan grave, en un asunto de la máxima trascendencia”.
Ante la suspensión de la evaluación docente, anunciada por la Secretaría de Educación Pública, el pasado viernes 29 de mayo, el CONSCEE manifestó su apoyo a la Junta de Gobierno y al INEE.
Del mismo modo respaldaron las razones enunciadas por el INEE para exigir dejar sin efecto el anuncio mencionado: porque atenta contra lo establecido en el Artículo Tercero Constitucional y contra la transparencia, legalidad, objetividad e imparcialidad de los procesos de evaluación del SPD; invade competencias y vulnera la autonomía del Instituto; porque la medida, atenta contra el interés superior del Niño, consagrado en la Constitución y los tratados internacionales; porque una “suspensión indefinida” vulnera la legalidad de la reforma y el funcionamiento normal del servicio educativo; porque no hay razón válida para la suspensión ni “elementos nuevos” identificados por el INEE, dado que las fechas fueron explícitamente acordadas con las autoridades educativas; y porque se atenta contra el derecho de los aspirantes, docentes y directivos para buscar su ingreso o promoción, identificar su desempeño y tener el reconocimiento a su mérito.
Por último, el Consejo confió en que “la autoridad federal hará lo que corresponda para dejar atrás este episodio, y el proceso de evaluación para el Servicio Profesional Docente avance con certeza para los maestros del país y al servicio del derecho a la educación de calidad de las niñas, niños y jóvenes de México”.
El comunicado fue firmado por las y los representantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Red por los Derechos de la Infancia en México REDIM, Educación y Ciudadanía, Hacia una Cultura Democrática, Innovación y Asesoría Educativa, Mexicanos Primero, Ririki Intervención Social, Servicios a la Juventud, Vía Educación, Suma por la Educación, y la Unión Nacional de Padres de Familia.
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