En el enfoque de derechos que hoy guía los compromisos internacionales de los que México hace parte, y que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha ido incorporando cada vez con mayor claridad, en oleadas sucesivas, se ha ido superando la idea de que los derechos sociales son sólo algo “deseable”, pero mal distribuido por razones históricas (unos tienen mejor salud, educación o desarrollo porque… pues porque siempre ha sido así).
En una visión sólida y contemporánea, el derecho a la educación ya no es como tal equivalente a “servicios educativos”; eso sería un grave empobrecimiento. Así como el acento en pedagogía ha ido pasando de la “enseñanza” al aprendizaje, el acento ha pasado de una expansión de insumos a una responsabilidad por el logro, es decir, por el alcance progresivo de un ejercicio pleno y universal del derecho. En buen castellano, hay responsabilidades específicas de los gobiernos para asegurar el ejercicio del derecho a la educación.
El último Reporte Global de Monitoreo de la Educación que publica la UNESCO (GEM Report 2017/8, disponible en https://es.unesco.org/gem report/node/1464) tiene precisamente como tema la responsabilidad educativa. El derecho de los niños y jóvenes tiene como titulares de las obligaciones principalmente a los gobiernos, que deben rendir cuentas. Entre las recomendaciones que hace el Reporte está la de propiciar una viva discusión en los medios de comunicación sobre los resultados educativos, la fácil y universal consulta de indicadores relevantes, la participación de las organizaciones de sociedad civil para emplazar a los gobiernos, evaluando los logros y desafíos.
En México, desde 1992 son las entidades de la República las que administran las escuelas; ellas, las instancias que legal y explícitamente son los empleadores de los maestros, las responsables de su formación inicial y las encargadas de sostener su aprendizaje profesional. Mucho de lo que se concreta para bien, la implementación pulcra y puntual de la Constitución y las leyes, corresponde prevalentemente a los estados.
Muchos son los gobiernos que no comenzaron su mandato en 2012, y que continuarán después de la elección federal de 2018. La Constitución y las leyes, la autonomía del INEE, el activismo desde sociedad civil no son sexenales, y no cambian al otro día de la elección o de la toma de posesión. No olvidemos que en la gran mayoría de los planteles de educación obligatoria del país habrá clase el 2 de julio en la mañana. No hay soluciones mágicas, ni cambios unipersonales. Gane quien gane, la implementación principal del currículum en el aula y del aprendizaje profesional de los maestros ocurre en los estados.
Este federalismo efectivo, que se va abriendo paso en la realidad, es justamente un movimiento de progresividad. “Cada vez más, cada vez mejor” es la consigna, porque al mejorar surgen nuevos retos; porque es genial tener mejor permanencia pero pierde sentido si no la acompaña mejor aprendizaje; porque es bueno que la promoción sea por esfuerzo y no por cuotas políticas o gremiales, pero es mejor todavía que la promoción implique un pago superior inmediato, y un apoyo formativo a los directores para su función.
Para identificar e ilustrar esas tareas de las entidades, hoy publicamos la edición 2018 del Índice de Cumplimiento de la Responsabilidad Educativa a nivel estatal (ICRE) -se puede descargar libremente en www.mexicanosprimero.org-. Es un estudio que retoma los factores de inclusión en el derecho (la Permanencia, es decir, la proporción en la que cada estado del país se está logrando que cada generación llegue a la Educación Media Superior, y el Aprendizaje, la proporción en la cual, al final de la educación básica, quienes están incluidos en al escuela alcanzan el umbral mínimo de aprendizajes o más), y las responsabilidades que las leyes vigentes marcan para los gobiernos estatales en el campo educativo en aspectos críticos como preparación inicial de los maestros, inclusión desde primero de preescolar, instalaciones sanitarias y áreas deportivas y recreativas de las escuelas, carga de trabajo para los supervisores o cumplimiento del deber de nombrar y pagar tutores para los maestros que ingresan tras el concurso de selección).
El ICRE es un mapa para regresarnos todos a estudiar y subrayar qué prácticas son eficaces, visibilizarlas, tomarlas como inspiración, pues una práctica efectiva es por definición contextual y pertinente. Es una oportunidad para que los estados aprendan unos de otros, y no esperen que todas las soluciones las provea la SEP desde arriba y desde afuera. El país que soñamos es uno de resultados equivalentes, no de soluciones idénticas. El federalismo educativo auténtico, equidistante del atrincheramiento de caciques abusivos y de la languidez de los que necesitan que todo les digan cómo hacer, está echando raíces, y tiene un rostro creativo, resiliente, prometedor.
