Hace unos días nos enteramos de que se había producido una “coincidencia” sorpresiva y asombrosa. Por un lado, el PRI y el Panal –partido creado por Elba Esther Gordillo en 2005– anunciaron que irían en coalición a las elecciones del 2018. Poco después, se hizo público que la PGR se desistía de la impugnación que había presentado contra la decisión de un Tribunal Federal de autorizar la prisión domiciliaria para la exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
La coincidencia temporal entre estos dos hechos, evidentemente, no es azarosa. Su significado es transparente: prisión domiciliaria para la exlideresa del SNTE, a cambio del apoyo del partido que ella creó para el precandidato presidencial del tricolor.
Esta decisión llama la atención por varias razones. La más obvia es que ella publicita el reacercamiento con “la maestra”, personaje cuyo arresto marcó el comienzo efectivo del gobierno de Enrique Peña Nieto y, al mismo tiempo, contribuyó centralmente a hacer posible la reforma educativa, primera de las 11 que conformaron la agenda central de ese gobierno. Casi tan llamativa esta decisión, como si, durante su último año de gobierno, Felipe Calderón le hubiese concedido algún perdón o facilidad jurídica a algún gran capo de la droga.
Me parece que la miga del asunto, sin embargo, no está (tristemente) en las inconsistencias programáticas que la decisión pudiese indicar. Está en otra parte. Primero, en que confirma el tipo de costos que está dispuesto el gobierno a asumir de cara al 2018. Y, segundo, en lo que dice sobre la centralidad persistente del uso político de la justicia como eje y sostén fundamental de nuestro maltrecho orden político, y sobre la pérdida de todo asomo de recato por parte del gobierno/PRI en el despliegue de su uso y ejercicio.
Resulta impensable que la decisión de obtener el apoyo del Panal, para el candidato del PRI, a cambio de la concesión de prisión domiciliaria a la maestra Gordillo, no haya considerado el rechazo que ello previsiblemente provocaría entre diversos grupos sociales, partes de la opinión pública y, sobre todo, la opinión publicada. Obviamente, esos costos fueron descontados (en forma análoga a lo ocurrido con costos similares, aunque muchísimo mayores, con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior). Mucho más grande el beneficio de intentar evitar que el SNTE y su partido se fueran con Anaya o con AMLO, que el costo de las críticas de unas cuantas ONG y algún sector de la opinión pública y publicada. Si bien no es del todo descartable que pudieran fallarles los cálculos, la estimación Gobierno/PRI parece plausible, se entiende.
Lo más revelador y preocupante del intercambio PRI-Panal es la ausencia de todo disimulo por parte del gobierno y su partido del uso político de la justicia. Ese empleo no es, en absoluto, nuevo. Es lo de siempre: permiso para no cumplir la ley a los amigos y “todo el peso de la ley” para críticos y enemigos. La aplicación desigual y selectiva de normas formalmente iguales para todos ha sido históricamente la piedra angular del pacto de impunidad que ha permitido organizar políticamente a una sociedad profundamente desigual.
Lo que sorprende es la forma, la desfachatez. Será que tienen poco tiempo y están aprovechando que todavía controlan la justicia, aunque no hayan podido imponer a un fiscal a modo. Será que, justo porque no pudieron imponerlo, el riesgo de perder la elección presidencial se volvió prohibitivo. Será por ello que están dispuestos a pagar cualquier costo y a romper cualquier regla, incluyendo aquella tan priista de cuidar las formas.
