El 2 de julio se efectuó el Conversatorio “Sistemas Nacionales de Protección de Derechos de la Infancia y la Adolescencia”. Participaron en el diálogo las Comisiones de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, de Derechos Humanos y de Educación del Senado de la República, así como la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y la Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (REDLAMYC).
¿Qué debemos hacer las organizaciones para hacer reales dichos sistemas de protección? En mi intervención dije lo siguiente:
En la gobernanza moderna participan autoridades gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil (OSC) en la formulación de políticas públicas. Esta es una idea que está en la arquitectura jurídica e institucional de las sociedades democráticas, pero es débil en nuestra región.
Desde esta perspectiva, un primer punto es seguir impulsando el debate. El problema principal para la implementación es el marco mental desde el que se opera la política actual: la inclinación a funcionar de forma compartimentada, aislada, o a lo más través de consejos inoperantes.
Tenemos que insistir en que el Sistema debe funcionar con los ojos puestos en la interdependencia e indivisibilidad de los derechos. Las desigualdades educativas, por ejemplo, constituyen un problema complejo, que requiere múltiples y concatenadas intervenciones de diverso orden, que sólo pueden realizarse desde una lógica sistémica. ¿Qué está impidiendo trabajar con esta mirada? La inercia y el silencio.
El debate es la mejor forma de tener una conversación pública civilizada, orientada a colocar luz sobre los problemas y encontrar soluciones plausibles.
Restringir la participación de las OSC en el Sistema es ir contracorriente. Impedir o limitar el debate va en contrasentido de una gobernanza moderna. Por eso luchamos por un reglamento que garantice la plena participación de la sociedad civil en ese espacio.
El segundo es continuar con la generación nuevo conocimiento. En su capacidad técnica se finca el prestigio de las OSC. La sociedad civil aporta “La Infancia Cuenta en México”, de la REDIM, o el Semáforo Municipal de los Derechos de la infancia, de ODISEA, A. C., instrumentos que fortalecen el constitucionalismo de los derechos porque sirven para determinar cuántos y cuáles de esos derechos son efectivamente respetados, protegidos y satisfechos por las instituciones.
También la sociedad civil tiene un amplio abanico de aportaciones en metodologías de intervención en temas como la educación, la salud, la nutrición y la seguridad ciudadana.
Información y know how son indispensables para hacer eficaz al Sistema. De esto depende una planeación adecuada y una verdadera transparencia y rendición de cuentas, además de un impacto real en las vidas de niños y niñas.
No es gratuito que organismos internacionales de todo tipo, como el Comité del Niño de la ONU, consulten permanentemente a las OSC para normar su criterio, informarse y evaluar la situación de los derechos humanos en toda la región.
Sin embargo, sigue faltando en los hechos pleno reconocimiento del gobierno a ese aporte, lo que retrasa una gobernanza a la altura de lo que México necesita.
El tercero es buscar la efectividad de las leyes. México se puso en sintonía con la Convención de los Derechos del Niño y de muchos países de América Latina con la ley general.
Ahora el reto es su implementación, porque el atractor del autoritarismo y las políticas inerciales jala lo nuevo hacia atrás. “Se obedece pero no se cumple” es un postulado contra el cual luchamos. Nuestro esfuerzo se enfoca a impedir que la ley general se convierta en un pedazo de papel.
El Sistema fortalece el estado de derecho, elemento indispensable para hacer de México un país decente y en paz. Sólo por eso debería ser prioridad nacional su correcta implementación.
El cuarto son los recursos. El Comité de los Derechos del Niño de la ONU, durante la reciente comparecencia de México en Ginebra, Suiza, cuestionó que los avances del nuevo marco normativo que representa la ley general vinieran acompañados de un “presupuesto cero”. Para ese organismo falta compromiso del gobierno de México con la implementación de la ley general.
Sin presupuesto, sólo se mantiene el statu quo. El gobierno no quiere invertir como demanda la ley general, sino seguir con las costumbres de gasto actuales. Y la mejor forma de limitar su aplicación es no asignándole recursos. Al final, si no está en el presupuesto, no existe.
Sin duda, la ley general obliga a replantear prioridades y a hacer un esfuerzo de imaginación y compromiso para hacerla efectiva.
Proponemos demandar a la federación una partida especial para la infancia y la adolescencia, que puede formar parte del Ramo 33. Los estados de la república podrían crear un fondo especial con base en las participaciones federales orientado a cerrar brechas. Urge un fondo de apoyo a las OSC comprometidas con la infancia para construir desde el terreno los sistemas municipales de protección que debemos levantar.
Es imperativo encontrar la forma de financiar el traslado de recursos a los niños, niñas y adolescentes, que están en pobreza y no ejercen sus derechos, y representan más de la mitad de la población de 0 a 17 años.
CONCLUSIONES
En un texto clásico Norberto Bobbio dice que el problema de nuestro tiempo no es el de fundamentar los derechos humanos, sino de protegerlos. No es filosófico el problema, sino político.
En este sentido nuestro trabajo sigue siendo tratar de poner a la altura del artículo 1º de la Constitución la política de infancia, sólo que ahora en un escenario de progreso legislativo, donde el retroceso desgraciadamente viene del poder ejecutivo.
La mejor forma de inutilizar al sistema de protección integral, corazón de la ley de general, es la negativa a funcionar de forma articulada y a través de políticas que asuman la complejidad de la realidad de niñas, niños y adolescentes, una Procuraduría débil, y la insistencia en no colocar por delante los recursos que se requieren para la transformación de la política de infancia.
Nosotros, como diría Václav Havel, tenemos que “funcionar como si”: como si la ley tuviera que cumplirse y como si los derechos de niñas, niños y adolescentes tuvieran que garantizarse. Y asumimos nuestra responsabilidad: “El mejor gobierno del mundo, el mejor parlamento y el mejor presidente no pueden lograr mucho por sí solos. Sería igual de erróneo esperar un remedio general que tan solamente procediera de ellos. La libertad y la democracia implican la participación y, por tanto, la responsabilidad de todos nosotros.”
Twitter: @LuisBarquera
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