Va un enunciado de teoría política, curso 1: El gasto público es la consistencia auténtica del marco normativo y de la planeación para el desarrollo.
Va un enunciado de realismo elemental: El gasto público es el factor en el cual se hace tangible la voluntad política.
Va un enunciado callejero, pero certero: Si no destinas dinero a los programas que anuncias, eres un mentiroso.
¿Cómo es un Presupuesto para la inclusión? La inclusión no es, como a veces erróneamente se maneja, un aspecto secundario y casi un apéndice del esfuerzo educativo de un país. Es coextensivo, dirían mis maestros de lógica: la verdadera educación lo es sólo en la medida de su carácter incluyente. Si la educación es la realización del derecho humano a desplegar las potencialidades de cada persona, sin restricción, y su trayectoria para la participación plena en la comunidad, el derecho a la educación es un proceso en sí y por sí incluyente.
Una educación que excluye no es, en sentido estricto, educación. Será al máximo escolaridad, indoctrinación, sujeción, tatuaje cultural. La educación es por naturaleza incluyente: que todas y todos, que cada uno esté, aprenda y participe.
La escuela pública nace de esa visión comprometida con los derechos y las libertades. En una sociedad de estamentos, sólo los gobernantes, sabios, chamanes y curanderos merecen un esfuerzo sistemático de formación. Para los siervos de la gleba, el aprendizaje es el de la faena, y que lo aprendan del duro e inmediato yugo de sus padres. Para los que gobernarán, para ellos sí preceptores, institutrices, mentores.
En la adolescencia de la humanidad, los mejores y más despiertos espíritus –de arriba, de abajo y de en medio de la fortuna social– se rebelaron a que la desigualdad sancionada como sagrada o eterna o ineludible (acaba siendo lo mismo) nos asigne fatalmente nuestro sitio, nuestro nicho… que nos “pongan en nuestro lugar”. En la rebeldía de los Insurgentes, ya en su guerrera Constitución de 1814, hay la rebeldía de pensar que todos deberíamos tener educación con la fuerza de toda la sociedad. Y ya el primer presidente de la República, Guadalupe Victoria, establece como uno de sus primeros actos una oficina de Instrucción Pública, el microembrión del Sistema Educativo Nacional.
Escuela para todos. Escuela para todas y todos. Aprendizaje para todos, no sólo para los brillantes, o los privilegiados. Participación de todos, no sólo de los adultos. Han sido fases y fronteras que se han cruzado a pulso, con muchas resistencias y atavismos, con contradicciones y vaivenes, con resistencias y prejuicios.
Hecho este sintético vistazo histórico, que se resume en que la escuela pública es la expresión de la inclusión, y que no puede preparar a incluir si es excluyente en sus procesos o resultados, regresemos a lo menos metafísico y más concreto: el dinero público. La escuela pública se financia con el dinero público. Y por ello, de nuevo, sus criterios deben ser la transparencia, el ejercicio oportuno y eficaz de los recursos y por supuesto la asignación suficiente y equitativa.
El dinero, en resumen, se tiene que destinar a asegurar la presencia y preparación de las personas que participan en el hecho educativo –centralmente, niñas, niños y jóvenes, y sus maestras y maestros-, fortalecer las relaciones y procesos de aprendizaje en la escuela, brindar las condiciones materiales adecuadas a todos los centros escolares y asegurarse que cada comunidad de aprendizaje cuente con el acompañamiento debido. Un Presupuesto que no contempla esos gastos, en forma detallada, profesional, con los ajustes para compensar inequidades y superar barreras es, sencillamente una injusticia.
Si le ponemos dinero público a procesos que no funcionan; si ponemos menos dinero del necesario para que una política dé efecto; si definimos que un grupo debido a su edad, su condición de salud, su género, su identidad étnica o su región merece menos o le toca recibir una proporción menor, estamos perpetrando, con todos los instrumentos del Estado, un acto de discriminación indignante, atroz, de potenciales consecuencias nefastas, primero para los afectados/damnificados por esa decisión negligente o discriminatoria, y después para todos nosotros, para el conjunto de la sociedad.
Por ello el Presupuesto no debiera ser un proceso oscuro, casi mágico, reservado a pocos y privilegiados ‘tomadores de decisiones’, al arcano de los economistas y politólogos. Es nuestro dinero y son nuestros niños. No enterarnos con claridad cómo se ha gastado, en qué se están poniendo los millones, quién decidió cuánto y por qué unos programas recibirán más y otros menos que en años pasados, o cómo las promesas de campaña, las amistades, afinidades y preferencias se conducen con los dineros públicos es aceptar que nos lleven vendados, no sabemos si a la fiesta de cumpleaños o al pelotón de fusilamiento. Por eso, en el próximo artículo entraré al detalle del presupuesto educativo del 2020, con la pregunta: ¿Sirve o no a la inclusión? ¿Cumple o no con su propósito?
