Ya tenía yo sospecha de que el secretario de Educación, Emilio Chuayffet Chemor, no entendió nunca la naturaleza de la reforma educativa.
Después del comunicado que emitió su dependencia anunciando que suspende “indefinidamente” los procesos de evaluación docente porque encontró “nuevos elementos” (sic), se hace evidente que el problema va más allá de la incomprensión: el funcionario nunca leyó los textos aprobados por el Congreso.
Y probablemente tampoco su jefe, el presidente Enrique Peña Nieto, quien lo autorizó para que procediera de manera tan desastrosa.
Con el anuncio del viernes pasado el gobierno de la República violó la Carta Magna y más de veinte preceptos contenidos en las leyes reglamentarias del artículo 3º constitucional.
Quienes acribillaron a quemarropa la reforma educativa son los mismos que hipócritamente la presumieron y de manera falsa protestaron defender a la Constitución y las leyes que de ella emanan.
En derecho no se puede pretextar el desconocimiento de la norma para burlarla. La Carta Magna dice que la coordinación nacional del sistema de evaluación educativa es responsabilidad de un Instituto Nacional —el INEE— que en la materia se encuentra por encima de todas las demás autoridades, incluida la Secretaría de Educación Pública.
En este tema la SEP es pato y el INEE escopeta, no al revés.
No importa cuántos “elementos nuevos” encuentre el señor Chuayffet, la instancia responsable de considerarlos es este instituto y no él.
La SEP debe proveer información al Sistema de Evaluación y no impedirla; ha de ofrecer facilidades y colaboración, en vez de bloquear; tiene que hacerlo de manera oportuna y no dilatar “indefinidamente” la evaluación.
Debe asegurar transparencia y rendición de cuentas, no dinamitarlas.
El intercambio de opiniones, ideas, ocurrencias o cualquier otra producción neuronal de la SEP, con respecto a la evaluación, debe presentarse en el seno de una conferencia integrada por varios actores, entre ellos el INEE y la autoridad federal.
Así lo prevé la ley y por ello resultó de pésimo gusto que el secretario lo haya hecho a través de un comunicado de prensa. Se esperaría que la buena educación —los modales, pues— formara parte de la educación.
De acuerdo con la norma reglamentaria, quien fija los criterios de evaluación es el INEE, no la SEP; quien diseña, implementa y mantiene actualizado el sistema de indicadores para la evaluación es el instituto y no la secretaría.
Quien debe promover estudios para hacerse de nuevos “elementos” es ese instituto, lo mismo que quien supervisa los procesos de evaluación y emisión de resultados del sistema de profesionalización docente.
Al final, quien aprueba la información, métodos, etapas e instrumentación del sistema de profesionalización es el INEE y nadie más.
Dice el INEE que la SEP usurpó funciones que no le correspondían. Dicho en forma menos elegante, autorizado por su jefe, el señor secretario de Educación atropelló la Constitución con un camión de triple remolque.
No me compro que el gobierno federal sea víctima de extorsión por parte de la disidencia magisterial, en concreto de la CNTE, de Oaxaca, o la CETEG, de Guerrero.
Esta suspensión parece más bien relacionada con una dádiva graciosa entregada por el partido gobernante a sus aliados del Panal, y la cúpula del SNTE, coincidentemente a unos cuantos días de las elecciones.
ZOOM: El viernes 29 de mayo de 2015 el profesor Juan Díaz tomó posesión plena de la secretaría general de su sindicato. La sucesión de Elba Esther Gordillo ha concluido. Ahora sí: muerta la reina, viva el rey y todos los fueros viejos.
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