Fue avasallador, casi como el “Teletón”, la difusión de escenas violentas que se realizaron dentro de las marchas pacíficas, que nada tuvieron que ver con las demandas legítimas de los diversos grupos de la sociedad mexicana que se han organizado para participar en ellas. El protagonismo excesivo que se dio en los noticieros de televisión a los encapuchados y que a pesar de su continua presencia en las marchas realizadas en diversos puntos del país, las fuerzas del órden no los han podido identificar hasta ahora y mucho menos encapsular y arrestar.
Sustancialmente diferente es lo que pasa en las redes sociales. En ellas se multiplican comentarios, videos y fotografías sobre las inconsistencias e incongruencias del actuar de los elementos de seguridad pública, en las que a pesar de saber que existen infiltrados desde la toma de posesión de este gobierno, pareciera que a veces los protegen y hasta los trasladan.
Es a partir de esos acontecimientos, como se anunciaron ciertas acciones del gobierno federal.
La Secretaría de Gobernación presentó el operativo especial para Tierra Caliente, con el propósito de:“restablecer el Estado de derecho y reconstruir el tejido social en la región que comprende municipios de los estados de Michoacán, Morelos, Guerrero y el Estado de México”, bajo el supuesto de que con su apoyo“buscarán revertir la corrupción, impunidad y colusión de las corporaciones policiacas con el crimen organizado”.
Ese operativo y las otras medidas anunciadas, poco o nada tienen que ver con las demandas sociales que de manera reiterada se han hecho presentes por el clamor popular.Pareciera que la insistencia de la sociedad civil organizada no ha sido significativa para nuestro gobierno.
En México se han intensificado las protestas porque existe un alto grado de insatisfacción en la población. En la propaganda oficial y en los discursos se repite una y otra vez que estamos en vías de desarrollo y que las estrategias determinadas para esta sociedad son las adecuadas. En los hogares mexicanos la situación es muy distinta, el poder adquisitivo se precipita en caída libre desde hace ya muchos años, los niveles de inseguridad se han incrementado y muchos mexicanos han perdido su empleo o no tienen .
Tal vez sea cierto que no toda la culpa la tiene Peña Nieto, sus secretarios, los diputados o senadores actuales, pero ellos son resultado de un sistema político que ha rebasado ya los niveles de confiabilidad, de credibilidad y de ética pública que deberían observar, muy diferente a lo que prometen en campaña.
Si a eso le añadimos los casos de corrupción e impunidad, los compadrazgos, los pactos de poder que se van conociendo así como la soberbia de quienes se les olvida que son servidores públicos, entonces tal vez se pueda entender porque miles de personas responden a las convocatorias y se integran a grupos de activistas para demandar lo que es justo: paz, justicia y cumplimiento de la ley.
Además, sigue presente el riesgo que las recientes propuestas presidenciales nos pueden conducir al autoritarismo, con lo que la indignación puede rebasar los límites de la tolerancia. Contener las marchas y toda expresión de libertad atenta contra los derechos humanos de los ciudadanos, pareciera que ahora que los ciudadanos protestamos nos persigue la ley. ¿Qué pasa con los verdaderos delicuentes en México?.
Patricio, uno de los moneros con mayor presencia en México dibuja y escribe: “Ya saben compañeros,nuestro objetivo no son los caballeros templarios, ni la familia ni los guerreros unidos, sino los estudiantes, los caballeros, las damas, los niños y las mascotas…¡duro con ellos! .
El doctor Buscaglia ha insistido en diversos foros desde hace tiempo, que las empresas del narcotráfico se vinculan con los políticos en sus aspiraciones para convertirse en diputados, alcaldes, gobernadores, etc. En “agradecimiento,”los políticos les permiten actuar dentro de los territorios que administran. En algún momento los papeles se invierten y el dinero y las armas del narcotráfico toman el control de la policía y de las calles. Es decir, no con cambiar los mandos y los agentes policiacos de los municipios se garantiza que las cosas serán distintas , el problema de fondo no está en los municipios, tal vez esté en las altas esferas del poder.
Desde antes de la tragedia de Ayotzinapa, no se ha reconocido la magnitud de esta crisis y sigue existiendo omisión para incluir medidas inmediatas y emergentes para garantizar que en todas las desapariciones denunciadas haya justicia y verdad, es decir, la situación que ha generado todo este movimiento ha sido y sigue ignorada.
La cifra oficial presentada en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPED) al 31 de octubre de 2014 establece la cifra de 23 mil 605 personas “no localizadas” como le llama el gobierno, de las cuales casi 5 mil han ocurrido durante este año , la cifra más alta desde 2007. Además, dado que está comprobado que el gobierno municipal y sus guardias participaron en los hechos de Ayotzinapa. ¿Por qué se sigue dejando en estado de indefensión a las víctimas y no se ha resarcido el daño a los familiares?. Hasta ahora, sólo acompañamiento al dolor.
Dada la situación actual. ¿Hay razones para protestar?
