Mis años de estudiante de bachillerato y los primeros de aprendizaje en las lides del trabajo social y la educación los pasé en la colonia Santa Margarita, en Zapopan, Jalisco. Cuando recuerdo esos años maravillosos pienso que yo también habría votado por Pedro Kumamoto, si hoy viviera en ese distrito electoral, y le propondría, al igual que a Enrique Alfaro, y los otros 124 presidentes municipales electos, impulsar una agenda de infancia y adolescencia con participación ciudadana y visión metropolitana.
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco (LDNNAJ) presentan la oportunidad de realizar cambios de fondo en las políticas públicas relativas a la población de 0 a 17 años y se requiere de un gran esfuerzo ciudadano y legislativo para lograrlo. No basta la ley, hay que actuar.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2010), la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) está conformada por los municipios de Guadalajara, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan. Aquí reside el 58.53% de la población infantil y adolescente del estado de Jalisco (49% mujeres y 51% hombres). Este grupo de edad constituye el 33.89% de la población total de esta zona metropolitana; en localidades rurales reside apenas de 2.71% de la población de 0 a 17 años, por lo que la infancia y adolescencia metropolitana es eminentemente urbana.
Jalisco, de acuerdo con el Semáforo Municipal de los Derechos de la Infancia, ocupa el lugar 12 entre los estados del país en garantía de derechos de la población de 0 a 17 años, lo que no corresponde con la cuarta economía del país. Guadalajara es el 30 y Zapopan el 43 entre los 2,457 municipios de México. Hasta ahí, digámoslo así, vamos bien, el problema es que los promedios esconden grandes desigualdades, en particular en la ZMG, una de las más vibrantes de la república, lo que explica los lugares relativamente bajos de esos municipios en algunos indicadores clave.
Para dar una idea hay que decir, por ejemplo, que la pobreza extrema es relativamente menor y que Guadalajara y Zapopan ocupan los lugares 55 y 65 del país, respectivamente, en el indicador. Sin embargo, ambos municipios concentran 59,500 personas en esta condición, el 42.83% de la ZMG. Un mundo de gente, si consideramos que estamos hablando de la parte “pavimentada” del estado.
También hay que señalar que la población de 0 a 17 años sin derechohabiencia alcanza 531,392 casos en la ZMG. Aquí se concentra el 61.98% de esta carencia respecto al total estatal. No contamos a la población con seguro popular, que recibe un pésimo servicio. En Guadalajara y Zapopan se ubican 296,250 niñas, niños y adolescentes con esta grave carencia, seis de cada diez de los que habitan en la ZMG (61.98%). Estos municipios ocupan los lugares 1,443 y 1,255, respectivamente, a nivel nacional.
La población económicamente activa de 12 a 17 en la ZMG comprende 71,944 adolescentes que tienen que colaborar con sus familias para salir adelante, es decir, poco más de la mitad de la PEA estatal para este grupo de edad (51.51%). En Guadalajara y Zapopan se concentran 40,314 adolescentes trabajadores, el 56.03% del total de la zona metropolitana. Estos municipios se ubican, respectivamente, en los lugares 1,234 y 1,319 de la república.
Pobreza, carencia de acceso a los servicios de salud, trabajo infantil, una suma amplia de derechos sin cabal cumplimiento, marcan el desempeño y la exclusión educativa en el estado que, de acuerdo con el Censo 2010, alcanzó ese año 413, 176 niñas, niños y adolescentes fuera de la escuela.
La ZMG concentra 227, 356 niñas, niños y adolescentes excluidos de las aulas, más de la mitad del total estatal (55.02%). En Guadalajara y Zapopan forman parte de ese conjunto 114,994 (50.57%).
52, 276 niños y niñas de 3 a 5 años (49.30% de la ZMG).
8,092 en el grupo de 6 a 11 años, aunque se presume cobertura total (48.54% de la ZMG).
10,163 adolescentes de 12 a 14 años (48.54% de la ZMG).
En el grupo de 15 a 17 años 44,463 adolescentes no están en la escuela, el 53.12% de la ZMG. De ese total, no tienen educación básica terminada, por lo que se encuentra en rezago educativo, el 49.46%.
El reporte de la Prueba PISA 2012 señala que en Jalisco la población de 15 años que no tiene educación primaria o está fuera de la escuela alcanza el 45.1%, razón por la que se ubica el estado en el lugar 32 o último del país en el indicador. Ojo que Chiapas, Guerrero y Oaxaca ocupan los lugares 19, 17 y 11, respectivamente.
Qué bueno que en la prueba PISA Jalisco ocupan los lugares 2, 3 y 10 del país en Matemáticas, Ciencias y Lectura, respectivamente. El problema es que aunque asistan a la escuela, la proporción de estudiantes de 15 años que no alcanzan la competencia mínima para desempeñarse en la sociedad del conocimiento sigue siendo muy amplia: 43%, 37% y 10%, respectivamente.
178, 769 becarios de Prospera tendrían que recibir apoyo pedagógico inmediato, y los niños, niñas y adolescentes del padrón de familias de ese programa que permanecen fuera de la escuela tendrían que ser atendidos ya. Parece obvio, pero por lo visto no lo es.
Todo lo anterior, de por sí preocupante, palidece frente a la violencia. La tasa de muerte violenta (accidentes, homicidios y suicidios), por 10,000 habitantes en el grupo de 15 a 17 años, es de 4.54. La tasa en Guadalajara es de 3.27 y en Zapopan de 5.83. No es gratuito que estos municipios se ubiquen en los lugares 1,649 y 1,883 del país.
En síntesis, en estos dos municipios se concentra la mitad de las violaciones de derechos que ocurren en la ZMG. Por eso, pensando en aquella famosa frase “es la economía, estúpido”, aquí propongo, para subrayar un aspecto esencial para el cambio, otra que dice: “son los sistemas municipales de protección a la infancia, estimados legisladores y autoridades”.
Kumamoto y Alfaro asumirán sus respectivas responsabilidades al momento en que se estrenen la LGNNA y LDNNAJ y comience a correr la instalación del sistema estatal y de los 125 sistemas municipales de protección en Jalisco. Ellos tienen la oportunidad de ponernos en el camino de impulsar políticas públicas, con los recursos necesarios, para garantizar efectividad en el ejercicio de los derechos niñas, niños y adolescentes, en particular el derecho a la educación.
Tenemos que demostrar, en todos los municipios con capacidad de inventiva y compromiso con los derechos humanos, que podemos cambiar la política de infancia para cambiar a México. No basta la ley, hay que actuar, porque sólo la participación ciudadana mata políticas inerciales y hace contrapeso la intención inveterada de convertir buenas leyes en leyes de papel.
Twitter: @LuisBarquera
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