Para en el sexenio que está por agotarse se propuso una meta de cobertura de educación superior de cuarenta por ciento del grupo de edad entre 18 y 22 años. A la fecha (ciclo 2017-2018) se alcanzó el treinta y tres por ciento de cobertura escolarizada y treinta y ocho por ciento de cobertura total, en que se incluye la matrícula escolarizada y no escolarizada. En esta última se incluye a la población escolar en programas de educación a distancia.
En materia de cobertura, según las cifras consolidadas del ciclo 2016-2017, las brechas entre entidades federativas persisten y son muy significativas. En algunas se han alcanzado niveles superiores a la meta sexenal, como es el caso de Sonora (40.9%), Puebla (41.1%), Colima (41.4%), Aguascalientes (42.5%), Nuevo León (46.9%) y Sinaloa (52.2%). Del otro lado del espectro están varios estados que no han conseguido llegar al treinta por ciento: Tlaxcala (28.0%), Guanajuato (27.2%), Quintana Roo (26.8%), Guerrero (20.9%) y Chiapas (20.7%).
La Ciudad de México, como entidad de la federación, se cuece aparte. Ha alcanzado un nivel de cobertura bruta escolarizada de setenta por ciento, y de prácticamente cien por ciento en el indicador de cobertura bruta total de educación superior. La última cifra se explica porque en la capital de la República está instalada la mayor parte de la infraestructura que compone la educación a distancia pública y privada.
Hasta aquí los datos de cobertura. Si el gobierno entrante toma la decisión de sustentar el desarrollo de la próxima política de educación superior en la mejora del nivel de cobertura para alcanzar, por ejemplo, una meta de cincuenta por ciento tendría que incrementar el número de plazas estudiantiles a un ritmo superior a ciento sesenta mil lugares por año. En otras palabras, conseguir que el volumen de matrícula de educación superior sobrepase la cifra de 5.3 millones de estudiantes.
Ahora bien, si se pretende reducir las brechas de cobertura entre las entidades federativas, entonces se requiere la implementación de una renovada política de asignación de subsidios en el ramo, que estimule simultáneamente el crecimiento del nivel medio superior y del nivel superior para acelerar las tendencias del indicador en aquellos estados que han quedado rezagados en el rubro.
Los datos que dan cuenta de la capacidad del sistema de educación superior para atender a la demanda de egresados del nivel medio superior permiten una aproximación a otro ángulo de la problemática. ¿Qué proporción del volumen anual de egreso puede ser atendido por las instituciones que forman parte de la educación superior del país? A nivel nacional el indicador correspondiente es de setenta y tres por ciento en el segmento escolarizado, y más de ochenta por ciento si se agrega la modalidad no escolarizada. Este dato es el resultado de dividir la cantidad de egresados de media superior entre el volumen de primer ingreso a superior.
Al igual que en el renglón de cobertura las variaciones entre estados son altamente significativas, y van desde más de cien por ciento en la ciudad de México, Aguascalientes y Sonora, hasta cincuenta por ciento o menos en Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Las tasas de absorción elevadas no significan que el estado correspondiente pueda dar acomodo a la totalidad de los egresados del bachillerato. En algunos casos, típicamente la ciudad de México, el volumen de solicitantes combina a egresados de media superior de dicha entidad, con egresados de los estados vecinos; también conjunta a egresados del año inmediato anterior con los de otras generaciones que no pudieron acceder a la institución de su preferencia.
Los datos expresivos de la cobertura de la educación superior, así como los relativos al grado de absorción de la demanda, aunque ofrecen una aproximación gruesa sobre la magnitud del reto a enfrentar en los próximos años, son insuficientes para diagnosticar y discutir la problemática de la inclusión social al sistema de educación superior en México. Desde luego la expansión cuantitativa de nivel nacional, estatal y en las principales localidades del territorio es un objetivo que cumplir con toda prioridad. Si el sistema no crece lo suficiente es imposible mejorar las condiciones de inclusión. Pero ello no basta, se requiere un nuevo repertorio de políticas que atienda a los retos de permanencia, trayectoria regular y conclusión satisfactoria de los estudios en este tramo escolar. Hasta el momento el tema se ha atendido con dos instrumentos: becas y tutorías. Esperemos que el gobierno entrante sugiera nuevas y mejores alternativas.
