He sido testigo y actor toda la (corta) vida del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación: inicié mi trabajo en esta institución como miembro de su primer Consejo Técnico, y luego como presidenta de dicho Consejo. Ello me permite identificar su origen como organismo gubernamental y sus vínculos en ese momento con el gobierno federal y otros actores. Operó desde 2002 a mayo de 2012 como órgano descentralizado sectorizado; de allí hasta 2013, como descentralizado no sectorizado de la SEP. Hoy, producto de la reforma constitucional, es un organismo público autónomo (Art. Tercero Constitucional). Cabe señalar que no es, ni nunca lo fue, un centro académico de investigación.
El INEE “viejo”, como algunos lo refieren, tuvo sin duda, una importante contribución para cimentar los pilares de la evaluación educativa en México. Con todo, estoy convencida de que a ese primer INEE le faltó tender puentes entre los análisis “técnicos” y la realidad; entre la evaluación y la toma de decisiones; entre los resultados de las evaluaciones y la mejora educativa. La atención a las minucias técnicas, su baja comunicabilidad y el retraso en su difusión, impidieron ver el bosque; la evaluación producida a pesar de su lema “evaluar para mejorar” sirvió muy poco para retroalimentar las decisiones en materia de política educativa (salvo muy honrosas excepciones, como el Panorama Educativo).
Las nuevas atribuciones que la Reforma Educativa le confiere al Instituto pueden y deben sentar las bases de una nueva relación entre la evaluación y la posibilidad de contribuir a los procesos de mejora educativa. La evaluación debe informar, pero también formar a un público vasto: es decir, debe servir para desencadenar acciones desde todos los sectores para mejorar la educación.
Para ello se requieren dos ingredientes nuevos. Primero, producir la información pensando y trabajando, desde su construcción, en los destinatarios y actores del sistema educativo que usarán los resultados ofrecidos; además, de estar orientada a la consecución de los fines de las acciones públicas en educación. Información que no informa y que no forma, es gasto improductivo.
Segundo, es necesaria una nueva relación o entendimiento de y con la política, que dirima el falso dilema entre lo técnico versus lo político, o la confrontación entre lo viejo versus lo nuevo. Hoy, en el marco de la reforma educativa, el INEE tiene que realizar tareas en el ámbito técnico, pero también tiene que actuar como un órgano del Estado mexicano y, por lo tanto, como una institución pública y política: por definición, tendiente a la consecución de un bien público.
¿A qué me refiero con esto? Baste un ejemplo: para elaborar directrices de política educativa que orienten la toma de decisiones en el sector (Art. Tercero Constitucional) es necesario evaluar las políticas públicas. Es decir, de poco servirán directrices puramente “técnicas” que ignoren los alcances, déficits y retos de la acción pública, en cualquiera de las dimensiones o espacios en los que se busque incidir. Esta evaluación debe valorar los contextos y procesos, además de mapear a los diversos actores implicados en el complejo juego de fuerzas políticas y educativas. Estoy cierta de que para poder transformar la educación necesitamos entender los diferentes escenarios en que ésta ocurre así como la viabilidad del cambio: la de su implementación. Necesitamos, además, saber quiénes son los actores (políticos/educativos) involucrados y construir vínculos estratégicos que den como resultado un juego de suma positiva, en donde todos ganen en esa búsqueda de la mejora de nuestro sistema educativo.
En el INEE autónomo, que sin duda ejerce su autonomía, estamos construyendo nuevas formas de evaluación, rompiendo incluso con nuestros propios paradigmas. Estamos haciendo “política”, al actuar sobre un campo que es del interés común, y la hacemos “pública” en tanto que lo hacemos responsablemente con recursos públicos y, sobre todo, apostamos por procesos participativos, que convocan a expertos (con toda la solidez técnica), así como a otros actores educativos y sociales quienes, sin duda, tienen mucho que decir. Prueba de ello son, entre otras acciones, los Diálogos para la Construcción de la Política Nacional de Evaluación Educativa, que nos han permitido escuchar las voces de las autoridades locales y federal, o la Consulta Libre e Informada a Pueblos y Comunidades Indígenas, que preguntó a las comunidades acerca de la educación que quieren y cómo evaluarla.
Desde este nuevo entendimiento de la política y su estrecha relación con lo técnico es que debemos fortalecer al INEE autónomo como autoridad en su materia. No por mandato, sino por necesidad. Tomemos lo mejor del pasado, fortalezcamos técnicamente lo que debemos fortalecer y demos al mismo tiempo cabida al análisis político riguroso, a la valoración de la política, donde las personas cuenten como actores públicos (con sus responsabilidades) y como sujetos de derechos (el de tener una educación de calidad), y no sólo como números o puntos en gráficas aisladas. Si queremos contribuir a garantizar el derecho a una educación de calidad para todos, debemos reunir todas las visiones.
No vale la nostalgia, porque no se sostiene que “todo tiempo pasado fue mejor”; estoy segura que no es así. Valoremos lo logrado en su justa medida con análisis certeros, para no producir fantasmas que en nada ayudan.
Necesitamos concentrarnos en la construcción de hoy para el mañana que deseamos. Difícil sí; pero no imposible.
Consejera de la Junta de Gobierno del INEE
