En el ámbito de la educación mexicana seguimos discutiendo asuntos que nunca existieron más allá de la Constitución. El artículo 40 establece: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental”.
A lo largo de la historia, el cuarto adjetivo, federal, ha sido una ficción; en realidad, la unión, no fue con base en principios —aunque la Constitución es centralista en sí misma— sino en la institución de un Ejecutivo federal fuerte y —casi— omnipotente. Pero nos empeñamos en vivir en la fábula y continuamos hablando de federalismo; y, además, con apellido: real, auténtico, nuevo, como integración horizontal y simétrica y, el que está de moda, colaborativo.
El número 6 de la Gaceta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, conjunta —de manera creativa, lo reconozco— nociones de federalismo con la evaluación; el vehículo: las capacidades locales. Aunque en la mayoría de las piezas predomina cierto tono prescriptivo, contiene elaboraciones de valía conceptual.
En las entrevistas a dos integrantes de la Junta de Gobierno del INEE, Teresa Bracho y Margarita Zorrilla, y en la pieza de Francisco Miranda, alto funcionario del Instituto y director de la gaceta, se nota más ese enlace entre federalismo —que cada uno entiende de manera distinta— con evaluación, donde sí tienen coincidencias en su noción.
El propósito de los autores de los artículos, que incluye a investigadores de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, entre ellos al exsubsecretario de Educación Básica, Lorenzo Gómez Morín, es anunciar que algo novedoso se construye bajo el manto de la reforma de 2013: la política nacional de evaluación educativa. Ellos concuerdan en que la base de ese federalismo —nuevo o colaborativo— se encuentra en el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. El propósito: fortalecer las capacidades locales para que cada estado cuente con un programa propio, a imagen y semejanza del nacional, digo yo.
No pongo en tela de juicio las intenciones de los escritores. No parten de visiones ingenuas. Francisco Miranda sintetiza la crítica a lo existente en diez puntos, todos pertinentes para la estructura de su argumento. Entresaco el asunto 6: “la división perversa del trabajo entre la capacidad local de resolver conflictos y la (in)capacidad federal de darle racionalidad técnica e institucional al sistema educativo” (p.29).
Los autores de los ensayos no lo dicen en forma abierta, pero dan a entender que, si siguen sus recomendaciones respecto de la creación de programas estatales de política educativa y se instituyen relaciones intergubernamentales eficaces, será posible avanzar en la mejora de la educación.
No obstante, salvo Teresa Bracho, que hace referencia a la oposición que acomodó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación a la descentralización de 1992, parece que los ensayistas no toman en cuenta a este “poder fáctico” que impera en la educación básica de los estados. El SNTE hizo de la descentralización un “feudoralismo”, mientras el gobierno federal instauró el centralismo burocrático.
La Reforma Educativa de 2013 se propuso romper con esa lógica: “retomar la rectoría de la educación”, pero el Presidente ya no es todopoderoso. Además, la tecnología del poder que edificó el gobierno de Peña Nieto, en lugar de aumentar las capacidades del Estado, las disminuyó.
Si es cierto que México desde tiempos inmemoriales ha tenido una vocación centralista (Octavio Paz dixit), pienso que valdría la pena discutir con seriedad las ventajas de un régimen unitario.
