Roberto Rodríguez Gómez
UNAM. Programa Universitario de Estudios sobre Educación Superior
¿Cuentan las escuelas públicas y privadas, de los distintos niveles educativos, con condiciones de infraestructura adecuadas para que el retorno de estudiantes a los planteles satisfaga los protocolos de sanidad que recomienda la SEP y las autoridades sanitarias?
En la presentación de un “decálogo para el regreso a clases presenciales” (12 de agosto 2021), la secretaria de Educación Pública afirmó que “vamos a actuar de manera muy responsable y va a haber protección, y vamos a actuar rápido en el caso de contagios (…) Es fundamental el regreso a clases presenciales. No hay nada que sustituya la escuela, nada. La escuela es el segundo hogar” (Capital 21, nota de Claudia Sáenz Guzmán). La intención sin duda es loable, pero ¿hasta qué punto los centros escolares pueden garantizar la referida protección y responsabilidad que asume la autoridad educativa federal?
Sobre las condiciones de infraestructura escolar hay diversas fuentes de datos, entre ellas cabe citar las que provienen del estudio “Evaluación de condiciones básicas para la enseñanza y el aprendizaje (ECEA)”, producido por el extinto Instituto para la Evaluación de la Educación” (INEE). El estudio reporta resultados estadísticamente significativos, a nivel nacional, de muestras de escuelas de preescolar (2017) y primaria (2014).
De los preescolares se afirma que “hay importantes carencias de infraestructura en las escuelas de todo tipo, desde falta de servicios básicos (como agua y sanitarios), hasta espacios como aulas o área de juegos, así como problemas de mantenimiento a los inmuebles. Estas carencias son más agudas en las escuelas públicas que en las privadas, y dentro de las públicas, las que acumulan mayores rezagos son las indígenas y las comunitarias”. (INEE, ECEA Preescolar, 2019). Otro tanto ocurre en las primarias, en que se documenta que solo el 45% de ellas cuenta con servicios completos de agua, luz y drenaje, en el 42% se proporciona agua purificada para beber a los estudiantes, que solo el 52.6% de todas la primarias se consideran seguras por el tipo de materiales de construcción (INEE, ECEA Primaria, 2017).
En el reporte “La educación obligatoria en México, informe 2019”, el INEE confirma este panorama al señalar, con base en las cédulas de registro de centros escolares sistematizadas por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), hoy en proceso de liquidación por decisión de la presidencia de la República, que “el estado de la infraestructura es crítico en escuelas ubicadas en municipios con alto rezago social y localidades rurales. Las desventajas son mayores en materia de acceso a agua putable para estas últimas, ya que 33% de esas escuelas no tiene red de agua potable, mientras que en el ámbito urbano esto ocurre sólo con 6% (…) No existe acceso a agua potable en 29% de las telesecundarias, ni en 54% de las comunitarias.” En conclusión, se afirma en el reporte, “las carencias de infraestructura impactan negativamente a una gran cantidad de escuelas, estudiantes y docentes de la educación básica.”
Veamos, por último, los datos más recientes, aquellos contenidos en el documento “Indicadores nacionales de la mejora continua de la educación en México 2020”, elaborado por la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu, 2020). Antes, cabe aclarar que la información corresponde al ciclo escolar 2018-2019, que fue sistematizada a partir de la base de datos “Estadísticas Continuas del Formato 911” producida por la SEP a partir de la información proporcionada por cada escuela y plantel y que está disponible información por cada entidad federativa y una síntesis nacional.
La tabla 6.4.2 del reporte nacional, con el título “Escuelas y planteles por nivel educativo, tipo de servicio y sostenimiento según disponibilidad de servicios básicos”, permite apreciar las principales carencias de infraestructura que persisten a nivel nacional y en los estados. En suma: de las 154,505 escuelas o planteles de México (primaria, secundaria y media superior), de carácter público o privado, 14.7% no cuenta con electricidad; 44.4% carece de computadoras para propósitos pedagógicos; 61.5% no tiene conexión Internet; 28.2% no cuenta con agua potable; 32.5% adolece de servicio de lavado de manos y 11.7% no cuenta con sanitarios, ni para docentes ni para alumnos.
Estas carencias son más agudas en el sector público que en el privado y, dentro del segmento público, en las escuelas de los contextos rural, indígena y semiurbano. Además, en los estados con los más elevados índices de pobreza y rezago social se presentan condiciones realmente críticas en la materia. En el indicador de “servicio para lavado de manos” los datos de carencia más altos son para: Chiapas (66.0%); Guerrero (55.9%); Michoacán (48.0%) y Oaxaca (43.8%). Únicamente en Baja California, Colima y la Ciudad de México la disponibilidad de este servicio es superior al 90% de los centros escolares.
La reciente publicación de Mejoredu abunda en datos específicos sobre la problemática y se recomienda su consulta. Lo que en la coyuntura importa, sin embargo, es conocer cómo se prevé abordar desde el esquema del “retorno seguro” proclamado por la autoridad educativa. Sin dejar de reconocer la importancia de reanudar los servicios educativos presenciales, es preciso insistir en la urgencia de una intervención del Estado, con recursos suficientes, enfocada a garantizar las condiciones adecuadas de sanidad y seguridad en los planteles. El presidente López Obrador declaró el pasado 13 de agosto: “tenemos que tomar riesgos”. Ese no es un mensaje de confianza, es lo contrario.
