El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) instruyó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a entregar información sobre las plazas de educación básica aprobadas para pago luego de la reforma educativa y a declarar, formalmente, inexistentes los casos pendientes de registrar en el mismo.
Dicha información está disponible en el Sistema de Conciliación del Analítico de Plazas (SICAP). La SEP y las autoridades educativas estatales debieron conciliar las plazas antes del primer bimestre de 2015. Sin embargo, a enero de este año, aún hay casos pendientes de registrar en el SICAP.
De esos casos, 16 mil 455 casos registrados en los estados de Oaxaca, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León, Veracruz y Zacatecas no recibieron pago, lo cual ocasionó marchas y protestas por parte de los docentes afectados. Los casos que no se registren en el SICAP serán responsabilidad de las autoridades estatales.
Un particular solicitó los datos contenidos en el SICAP, desglosados por entidad federativa. La SEP argumentó que la información se encuentra clasificada como reservada por un año, aludiendo a un proceso deliberativo; también explicó que difundirla podría afectar las negociaciones de financiamiento educativo realizadas con las entidades federativas que aún no han concluido.
Sin embargo, el análisis del caso, por parte del IFAI, arrojó que la información del SICAP no forma parte de un proceso deliberativo, sino es el resultado de éste y, dado que ya hay casos registrados en él, la SEP debió proporcionar información sobre ellos. En cuanto a los casos pendientes de registrar, debió declararlos inexistentes; estos fueron los motivos por lo que el instituto revocó la respuesta del sujeto obligado.
Como ponente del proyecto de resolución, el Comisionado Joel Salas Suárez señaló que pese a la gran inversión en educación básica, los resultados de los alumnos mexicanos en pruebas de competencias internacionales son bajos. Para solucionar esta contradicción, afirmó, se debe contar con información pública sobre la gestión y resultados de los recursos asignados.
Agregó que la Auditoría Superior de la Federación y organizaciones de la sociedad civil como el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), han advertido sobre la opacidad en la información de educación básica publicada por las entidades federativas, la falta de confiabilidad en los registros de nómina estatales y los pagos indebidos a maestros, entre otros problemas.
Salas Suárez hizo un llamado al gobierno federal para que genere información oportuna, homologada y comprensible que permita rendir cuentas y fomente la participación activa de los involucrados en el proceso educativo.
“¿Por qué los alumnos mexicanos obtienen resultados tan bajos en las pruebas de
competencias básicas internacionales? Según la OCDE, México gasta 6.2% del PIB en educación… Si se contara con información pública sobre la gestión y resultados de los recursos asignados a la educación básica, sería posible analizar y responder a este cuestionamiento, así como tomar decisiones de mejora”, comentó el Comisionado Salas.
