De acuerdo con porciones de la literatura internacional sobre reformas educativas, todos los intentos de cambio expresan propósitos preclaros —elevar la calidad de la educación es el dominante en estos años— aunque a veces sus acciones se encaminan a lo contrario. Hay reformas “placebo”, como las califican Mark Ginsburg y Susan Cooper: ofrecen remedios a males detectados, pero son inocuos. Otras son “idílicas” porque hacen propuestas inalcanzables que, sin embargo, generan expectativas en amplios grupos que, al ver frustrados sus anhelos, caen en la desesperanza o en la protesta política. Éstas, según Hans Weiler, provocan legitimidad “compensatoria”, pero de corta duración.
No obstante, en los intentos serios de reforma, los propósitos de cambio se alinean a la identificación clara de fallas, rutinas o prácticas que los reformadores consideran perniciosas para el aprendizaje de los alumnos y diseñan instrumentos —políticos y legales— para afrontar las deficiencias.
Casi siempre, estos tres tipos de reforma siguen un derrotero descendente: de la cúspide del poder político o económico hacia las estructuras del sistema. En aquellas en que los reformadores se aplican tratan de que sus apuestas lleguen a la base del sistema —el salón de clases— y de convencer a los maestros de que modifiquen —al menos en parte— ciertas prácticas.
Ninguna reforma educativa, por muy elevados que sean sus fines y que haya detallado las deficiencias que quiere subsanar, tiene un éxito absoluto —ni aún en plazo largo—, pero tampoco fracasa por completo, siempre deja un sedimento que otros reformistas tomarán en el futuro.
La mayor parte de las reformas educativas que han emprendido los gobiernos de México han sido de superficie. Explico, no llegan a la base del sistema, no alcanzan profundidad. Desde mi perspectiva, sólo tres tocaron a escuelas y maestros y dejaron solera que aún gobierna parte del sistema educativo mexicano. La que lideró José Vasconcelos, el joven, la de los años de la educación socialista, de plazo breve, y la de la unidad nacional cuyo ideólogo e impulsor fue Jaime Torres Bodet.
Dado el diseño y las consecuencias, no implica una reflexión sesuda postular que la Alianza por la calidad de la educación, que firmó el gobierno de Felipe Calderón con Elba Esther Gordillo, fue una reforma placebo. La única derivación fue el crecimiento del poder de ella, su grupo y los líderes de todas las facciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pero con efectos graves en la institución de la Secretaría de Educación Pública y sin resultados positivos ni en la organización escolar, ni en la preparación de los docentes ni en el aprendizaje de los alumnos.
Desde su campaña y ahora con la consulta, el futuro presidente, Andrés Manuel López Obrador, y el próximo secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, han generado expectativas inmensas: no habrá rechazados en la educación superior, becas para todo mundo, 100 nuevas universidades y crecimiento exponencial de la matrícula. Pero hay dudas de que puedan cumplirse; no es asunto de voluntad política, sino de recursos, diseño y seguimiento correctos. Seis años es un plazo breve.
Lo que sí podrá cumplir, dada la legitimidad del voto y la mayoría de Morena en las cámaras, es repeler ciertas tramas de la reforma del gobierno de Peña Nieto. Sin embargo, corre el riesgo de quedar prisionero de los viejos intereses corporativos y en lugar de una nueva transformación educativa tengamos un retorno al pasado.
EMB anunció la semana pasada en Durango que regresarán a las aulas “los maestros que fueron dados de baja por no asistir a las evaluaciones magisteriales”. Parece que hay voluntad de cumplirle a la CNTE, pero —tal vez— a costa de perjudicar a la niñez.
