Hace dos años, desde Mexicanos Primero desarrollamos el Índice de Cumplimiento de la Responsabilidad Educativa (ICRE) para visibilizar y medir el progreso en la garantía del derecho a aprender de niños y jóvenes en México.
El 17 de mayo presentamos los resultados de 2018 (www.mexicanosprimero.org). Tener dos ediciones del Índice nos permite ver movimientos en cada estado para entender no sólo cómo estamos, sino de dónde venimos y hacia dónde vamos.
El ICRE cuenta una historia en dos partes: hace referencia a los resultados educativos logrados, al mismo tiempo que reconoce la importancia de generar condiciones educativas adecuadas en cada escuela.
Dentro de esta segunda categoría, junto con otros tres componentes, el ICRE pretende evaluar las condiciones materiales: servicios básicos dignos, así como condiciones para la inclusión y el aprendizaje incluyente.
Para este fin, desde noviembre solicitamos al Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED) la información requerida para medir el progreso en estos aspectos en los estados, con respecto a lo registrado en el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Media Superior (CEMABE) de 2013.
En un primer momento, el Instituto nos respondió que no existía una base de datos informática actualizada; ni el INIFED ni las empresas contratadas para levantar el diagnóstico en las escuelas desde 2015 habían sistematizado la información para convertirla en un formato digital, utilizable.
Fuera del proceso de nuestra solicitud, el 21 de marzo, el Instituto nos proporcionó una base de datos con información sobre 152,469 inmuebles escolares. Después de analizar dicha base, concluimos que no se podía utilizar por estar incompleta.
Por un lado, no contenía un registro de todos los planteles en todos los estados; por citar algunos ejemplos, la base del INIFED no incluía a uno de cada cinco inmuebles de Hidalgo, uno de cada cuatro de Querétaro y uno de cada dos de Tamaulipas.
Por el otro, tampoco reportaba información para todos los planteles incluidos en la base; en Guerrero y Oaxaca faltaba información sobre áreas recreativas para más de 10% de los planteles, y en el caso de Tamaulipas, no proporcionaba esta información para 53%. Por estas razones, los tres indicadores de infraestructura no pudieron ser actualizados en el ICRE 2018 y como consecuencia, no podemos ver si estamos o no progresando.
La evaluación y el ajuste son imprescindibles de cualquier proceso de transformación educativa, pero hay riesgo en hacer esos ajustes sin evidencia. Hoy en día no existe un Sistema Nacional de Infraestructura Educativa transparente y actualizado como está contemplado en la ley. La opacidad que ha caracterizado el sistema educativo sigue vigente y entorpece nuestros esfuerzos para hacerlo cada vez y cada vez mejor
JENNIFER L. O’DONOGHUE
DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, MEXICANOS PRIMERO
@JENNODJOD
