Lilia M. Partida Flores.
Los mandatos del Consenso de Washington avanzan en el mundo, la privatización de la educación se muestra en varias facetas, desde las abiertamente reconocidas privatizadoras como es el caso de Chile, hasta las encubiertas como en nuestro país, donde se impuso la reforma educativa con brutalidad, pero bajo el discurso del rescate de la rectoría del Estado y el derecho de los niños a la educación de calidad, se mantuvo un tratamiento sutil, encubierto, imperceptible y paulatino; y ante cuestionamientos por parte del magisterio, los gobernantes por supuesto negaron la privatización, y abordaron temas sobre mejorar la educación y la necesidad de renovar el currículo para la ciudadanía del siglo XXI.
En la administración del Pacto por México las tendencias a la privatización se manifestaron con la implementación de programas como el mediáticamente conocido “Escuelas al CIEN”, nombre que pretendió sembrar en el imaginario colectivo la idea de escuelas que tienen todo, pero que son Certificados de Infraestructura Educativa Nacional, con inversionistas como Merrill Lynch. Otra vertiente privatizadora la observamos con los programas de autonomía de gestión con sus consejos correlativos para la regresiva evasión de la responsabilidad del financiamiento público y su traslado a las familias, u otros interesados de la “sociedad civil” como Mexicanos Primero que coordinados con otras organizaciones empresariales fijaron la agenda educativa y abrieron el abanico de negocios con la mercantilización de las “evaluaciones” como las pruebas, los diversos materiales o las capacitaciones pagadas por los maestros en universidades como el Tecnológico de Monterrey.
Una de las tantas formas en que modelo neoliberal revela su miseria multidimensional se manifiesta al crear para si las condiciones en “la formación de una clase que reorienta su poder a sí mismo” (Harvey), las conocidas puertas giratorias o la colocación en puestos gubernamentales clave (Ziegler). Algunos ejemplos para México han sido la adscripción de funcionarios públicos a organismos financieros como Ernesto Zedillo, promotor del Fondo para la Protección del Ahorro Bancario, quien de presidente de México transitó a consejero ejecutivo de empresas estadounidenses (como la Union Pacific, antes concesionaria de Ferrocarriles Nacionales de México) privatizados durante su sexenio, o el enroque del actual preso en casa, Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex quien antes fuera miembro del consejo de administración de la constructora española OHL México, mismo que durante su gestión en PEMEX obtuvo corruptos contratos con la trasnacional Odebrecht, o el expresidente Calderón, como miembro del consejo de administración de Avangrid filial de Iberdrola.
En el sector educativo se impuso a la Mtra. Sylvia Schmelkes, presidenta del Consejo Asesor OCDE sobre Gestión Escolar y Política Docente en México durante el gobierno de Felipe Calderón; asesora de Mexicanos Primero en 2012, y ex presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación órgano de control para la férrea imposición de la decretada reforma educativa en el gobierno de Peña Nieto.
Esta clase capitalista continúa en la 4T, ejemplos ilustrativos son el secretario de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), el Ing. Víctor Manuel Villalobos Arámbula, director del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura de 2010 a 2018, “promotor de la primera versión de la Ley de Bioseguridad (conocida como Ley Monsanto) que buscaba facilitar que las empresas biotecnológicas obtuvieran los permisos de siembra de maíz transgénico, impulsó la iniciativa de Ley de Recursos Fitogenéticos, encaminada a facilitar la biopiratería de semillas, y defensor a ultranza la Ley de Agrocombustibles” y el maestro en Economía Esteban B. Moctezuma Barragán, Director Ejecutivo de la Fundación Azteca de 2010 a 2018, cercano a Ricardo Salinas Pliego segundo hombre más rico del país, propietario del Grupo Azteca, diversificado en TV Azteca, Grupo Elektra, Banco Azteca (concentrador de bolsa de programas sociales de la 4T), Seguros Azteca, Afore Azteca, Punto Casa de Bolsa, Totalplay, diversos outsourcings, y principal impulsor del Consejo Asesor Empresarial dirigido por el ingeniero agroindustrial que entre otras actividades (señaló Ozren Agnic) fue asesor financiero de Pinochet, Alfonso Romo Garza, Jefe de la Oficina Presidencial.
Debido a la emergencia de salud generada por la pandemia de COVID-19, no existen condiciones para el retorno a las aulas de todos los estudiantes del país, de ahí la necesidad gubernamental de plantear estrategias para el ciclo escolar 2020-2021, en particular para la enseñanza que depende directamente de la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, en esta especial coyuntura las autoridades no tomaron en cuenta las múltiples experiencias educativas que los docentes implementaron en medio del inesperado confinamiento o los diversos proyectos alternativos y optaron por la televisión, que proporcionará educación bancaria, donde se emiten datos, mismos que el receptor repite, e implementaron la cuestionable inclusión dando el mismo trato al educando urbano o rural, al del norte o al del sur, o a quienes colaboran al sustento familiar, tienen alguna necesidad especial, etc.
Para instruir aproximadamente a 30 millones de estudiantes, el gobierno federal signó un “acuerdo histórico” con el sector privado, quedando manifiesta la privatización exógena (Ball y Youdell) que dirige “la apertura de los servicios de educación pública a la participación del sector privado, a través de modalidades basadas en el beneficio económico, y la utilización de este sector en cuanto a la concepción, la gestión o la provisión de diferentes aspectos de la educación pública”. La privatización es una herramienta política –señalan los autores- que además de implicar la renuncia del Estado a sus responsabilidades sociales, integra “innovaciones, cambios organizacionales, nuevas relaciones que en conjunto desempeñan un importante cometido en la reconfiguración del propio Estado. La reconfiguración de la educación otorga legitimidad a la educación como objeto de lucro, disponible mediante contrato y como transacción de venta.
Así el 3 de agosto del presente potentados empresarios y el gobierno federal consumaron la alianza. Las televisoras de Emilio Azcarra Jean (presidente del Grupo Televisa), Benjamín Salinas Sada, director general TV Azteca, Francisco González Albuerme Vicepresidente de Grupo Multimedia, Olegario Vázquez Aldir (Presidente de Grupo Imagen), transmitirán a través de canales multiplex 5.2, 7.3, 6.2, y 3.2 diversos contenidos para el ciclo escolar 2020-2021, para ello se convino el pago de 450 millones de pesos, transacción que redundó al alza en el mercado accionario.
A su vez la Secretaría de Educación Pública autorizó un contrato por 36 millones de pesos a outsourcing que trabaja para Grupo Elektra, la productora Sinergia Consultoría de Negocios y Prime Show Productora para el servicio de producción, programación y transmisión de material audiovisual y multimedia
El sistema educativo público y privado de escuela básica a superior se compone de 36,604,251 alumnos; 2,064,775 docentes y 257,425 escuelas y la educación pública básica se integra por 23,172, 402 estudiantes; 1,049,073 maestros y 196,960 planteles, es un gran mercado con clientes cautivos y potenciales, constituye una veta inagotable para la inversión, utilidades, y enriquecimiento.
La privatización además de modificar la estructura educativa, influye en maestros, alumnos, familias y sociedad sobre la concepción de educación como derecho público que se traslada al ámbito privado donde se convierte en mercancía. Se vigorizan las propuestas de Hayek y Friedman sobre concebir a la niñez y juventud como clientes-consumidores de servicios y la privatización como leitmotiv del neoliberalismo, encontró otra afluente “en el mar de mercado libre”.
La mercantilización y privatización de la educación pública avanzará en la medida en que se niegue la educación como un derecho social, se prosiga cumpliendo con los mandatos de los organismos supranacionales y persista la intromisión del sector privado en la educación pública, laica y gratuita.
