A partir del 1º de julio se ha empezado a hacer viral todo lo que diga AMLO y su equipo. Éste es el caso del tema educativo, que fue un eje vertebral en la campaña de quien será el próximo presidente de México. El mensaje más viralizado ha sido la abrogación o cancelación de la “mala llamada reforma educativa (RE)”. Sin que se haya especificado qué de la reforma educativa se va a cancelar, todo indica que un componente a erradicar es la vinculación de la evaluación de los profesores con su condición para permanecer en el servicio docente. Esto implica que habrá que cambiar la Constitución y las tres leyes secundarias, que dan el soporte normativo a todos los programas y acciones de la RE: Ley General de Educación, Ley General del Servicio Profesional Docente y Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).
Se ha dicho que, para definir lo que AMLO llama una “verdadera transformación educativa”, se consultará a “todos” los docentes del país, a los sindicatos, a los padres de familia, a los académicos y a las agrupaciones de la sociedad civil organizada. Es interesante hacer notar que ni AMLO ni Esteban Moctezuma Barragán (EMB) (próximo secretario de educación) han aludido al papel que tendrá el INEE en la definición de la transformación educativa en la que están pensando.
El INEE es un organismo de carácter técnico desde que nació en 2002 con el fin de evaluar la calidad de los servicios educativos que se ofrecen en el país, hacer públicos sus resultados, contribuir a la toma de decisiones documentadas y a rendir cuentas a la sociedad. Por su importancia, en 2013 (como parte de la RE) se le otorgó su autonomía constitucional y se le ampliaron significativamente sus atribuciones, en los siguientes renglones: 1) fungir como autoridad en materia de evaluación educativa, publicando lineamientos que las autoridades educativas deben de acatar, 2) emitir directrices para la mejora educativa, basadas en los resultados de sus evaluaciones, que las autoridades deben de considerar en la planeación de sus programas de acción y 3) coordinar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, en la que intervienen autoridades de los órdenes federal y estatal (y en este contexto, diseñar la Política Nacional de Evaluación de la Educación).
En el ejercicio se sus funciones, primero, como organismo descentralizado y desconcentrado y, después, como organismo autónomo, el INEE ha generado una cantidad importante de información sobre diversos componentes del Sistema Educativo Nacional (SEN), además de haber publicado lineamientos y directrices para la mejora educativa. Igualmente, ha coordinado diversos estudios internacionales, como son los casos de PISA, TALIS, CIVIS y TERCE. Entre los productos más emblemáticos e importantes se encuentran los siguientes: 1) Informe sobre la educación obligatoria, 2) Panorama Educativo de México, 3) resultados de aprendizaje de la educación obligatoria, 4) evaluación de la oferta educativa de los centros escolares, 5) directrices para mejorar la política de: la educación inicial de los docentes, la educación de poblaciones indígenas, la educación de hijos de jornaleros migrantes; la permanencia escolar en la educación media superior, y la formación y desarrollo profesional de docentes.
Por la riqueza de la información que ha generado el INEE, el prestigio académico de sus integrantes y la calidad de la información que genera es extraño y suspicaz que ni AMLO ni EMB lo hayan mencionado, al menos, como una fuente confiable de información y como la máxima autoridad en materia de evaluación de la educación.
Cambiar la RE sin consultar al INEE sería un grave error, ya que se estaría mandando un mensaje de desconfianza hacia este organismo, su junta de gobierno, su personal técnico y sus informes técnicos. Ante todo, se estaría despreciando su capacidad y experiencia para evaluar las fortalezas y debilidades del Sistema Educativo Nacional. No consultar al INEE en materia de educación sería tanto como querer cambiar la política monetaria del país y no consultar al Banco de México, el sistema de elecciones sin la opinión del INE y del TRIFE, y los aspectos básicos de los derechos humanos y no considerar la opinión de la CNDH.
Los organismos constitucionales autónomos (OCA) se deben de ver como un activo muy valioso de la democracia mexicana y no como un elemento extraño del Estado, que estorba a los gobiernos en turno. Ojalá que AMLO y EMB compartan este principio y lo fortalezcan. Escuchar a los OCA es una primera forma de hacerlo.
