En su conferencia de prensa del lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador se manifestó en contra de los poderes paralelos a su gobierno. Claro, se refirió a los órganos autónomos y a las organizaciones de la sociedad civil. Me puse a pensar si el Presidente también consideraba a las entidades corporativas como entes que han usurpado amplias funciones del gobierno y hasta del Estado.
La semana que mañana comienza será crucial en el tránsito de la Reforma Educativa. Hay dos proyectos de reformas al 3º constitucional y otras 15 iniciativas que tocan puntos menores, aunque importantes. Ya se hizo costumbre que en los debates parlamentarios se infiltren actores prestos a defender sus intereses.
Las facciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación son cicateras, quieren regresar al pasado donde no formaban un gobierno paralelo, ellas gobernaban en la educación básica. Tenían el control de quién ingresaba a la carrera docente, quién se promovía a puestos directivos, administraban la cadena de cambios y eran dueños de plazas y hasta del destino personal de muchos maestros. La reforma de 2013 les arrebató porciones de ese control; no todo, la resistencia y la negociación de la ley, les permitió mantener márgenes de provecho. Más en las secciones donde la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación regía.
Las prácticas corporativas, basadas en vínculos patrimonialistas tutelaban las relaciones laborales. No tanto con el Servicio Profesional Docente ni con la labor del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, sino mediante la centralización del pago de la nómina, del Sistema nacional de información y gestión educativa, sistema de auditoria, del retiro de comisionados al SNTE y de las burocracias locales, fue como el gobierno de Enrique Peña Nieto les ganó terreno.
Como se sabe, el arresto de Elba Esther Gordillo disciplinó a la facción mayoritaria, pero el gobierno se derrotó a sí mismo al negociar prebendas con la CNTE, en especial con la sección 22, de Oaxaca. El entonces subsecretario de la Segob, Luis Enrique Miranda, minó la reforma y la legitimidad del Presidente.
La CNTE revindica su estrategia de movilización-presión-negociación-movilización. Hasta el miércoles 27 aplicaba las dos primeras fases. Con militantes de la sección 22 de Oaxaca a la cabeza, cuadrillas de la CNTE se manifestaban en el Palacio Legislativo y frente al Palacio Nacional. El líder de Morena de la Cámara de diputados, Mario Delgado, les dio la bienvenida y expresó: “se va a cumplir con el compromiso de campaña de abrogar completamente la (reforma) que se avaló en 2013” (El Universal, 25/02/2019). Pero la CNTE quiere más, incluso, rechaza el proyecto del presidente López Obrador por ser “neoliberal”.
En su edición del jueves 27, Excélsior dio a conocer que el Poder Judicial de la Federación declaró ilegales los acuerdos pactados entre el gobierno federal, el gobierno de Oaxaca y la sección 22 de 1992 a 2015. Tras años de litigio, Mexicanos Primero obtuvo el fallo definitivo a los amparos que promovió para finiquitar pactos que dotaron a la S-22 de un banco de plazas para que dispusiera de ellas a completa discreción y de otro acervo de sinecuras.
Cierto, Mexicanos Primero es una organización que molesta mucho al gobierno, al SNTE y a la CNTE, mas la Corte falló en favor del derecho a la educación del alumnado. Pero la CNTE es persistente, tiene vocación de lucha y una estrategia probada.
Aunque se refirió a la pugna por las estancias infantiles, el Presidente aseveró: “Vamos a cumplir con lo que nos pidan las autoridades judiciales”. Con la reforma al 3º constitucional tiene otro dilema. Él y el Congreso pueden optar por hacer caso a la Corte o ceder ante la protesta callejera.
