El presidente López Obrador presentó una iniciativa de reforma educativa el 12 de diciembre de 2018. En ella, expresa su convencimiento de que todos compartimos “el propósito de elevar la calidad educativa y de asegurar que la educación se imparta con equidad”. En este marco invitó al conjunto de las fuerzas políticas del país a mejorar su iniciativa: “seguramente aportarán en el proceso de análisis de esta propuesta de reforma, ideas y criterios que la robustezcan y la orienten con precisión a los objetivos buscados”.
Existen 17 iniciativas de reforma del Artículo 3º. Sin embargo, la mayoría de las iniciativas no comprenden la revisión del contenido de todo el texto constitucional. Otra de las iniciativas integrales es la que presentó el 6 de febrero un grupo de especialistas y ciudadanos independientes, integrados en la Red Educación y Derechos (RED), que asumieron como propia cuatro partidos políticos: PAN, PRI, PRD y MC. Esta propuesta es impulsada por la iniciativa #MMI: Mantiene, Mejora e Innova, con el objetivo de construir una buena reforma educativa.
Encuentro dos coincidencias principales entre ambas iniciativas. En primer lugar, el papel central de la equidad. La lista de prioridades de López Obrador comienza con “primero los pobres”, y en la iniciativa de reforma reconoce que la educación es “la llave de la transformación que requiere el país”. Destaco los siguientes aspectos: la educación es un derecho de toda persona para alcanzar su bienestar. Ahora, además de ser universal, laica, gratuita, obligatoria, democrática, integral y de excelencia, la educación deberá ser equitativa: “El acceso al bienestar social requiere de equidad”; “la excelencia en el aprendizaje del mayor número de personas debe ser el objeto primordial de una sociedad democrática”, y “la libertad, la legalidad, la igualdad y la equidad no pueden existir en un ambiente carente de educación.”
Por su parte, la iniciativa de la RED considera que la equidad, junto con la inclusión, la interculturalidad y el desarrollo sostenible, “deben ser propósito y eje de la educación impartida por el Estado”. La dimensión de la equidad en la educación implica que el Estado tome medidas “tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de todas las personas, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en los servicios educativos.” Dichas medidas, señala la iniciativa de la RED, “deberán estar dirigidas, de manera preferente, a quienes pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan situaciones de injusticia y desigualdad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales.”
En mi opinión, a reserva de que en la nueva legislación educativa la equidad tenga —otra vez— un sentido básicamente enunciativo, se requiere establecer en la iniciativa de reforma la obligación por parte de la SEP y, en su caso, de la SHCP de:
1. Reconocer las necesidades educativas específicas de los grupos con mayores desventajas desde el punto de vista de acceso, permanencia y logro de aprendizajes. Entre ellos, las niñas, los niños y adolescentes indígenas, los trabajadores, los hijos de jornaleros agrícolas, los niños y niñas con discapacidad, y los habitantes de zonas urbano marginales. A su vez, rediseñar los programas actualmente existentes de acuerdo con la diversidad cultural y lingüística del país.
2. Diseñar programas orientados a ofrecer una educación intercultural y lingüísticamente pertinente para las niñas y niños indígenas de México, lo que implica la formación inicial y continua de docentes y materiales educativos suficientes y de calidad.
3. Establecer metas de equidad en la programación y planeación educativa, con el correspondiente traslado de recursos técnicos, humanos y financieros, que permita monitorear el proceso de cierre de brechas entre los diferentes grupos de población de niñas, niños y adolescentes.
4. Invertir recursos progresivamente suficientes en los grupos con mayores desventajas y hacerlo de tal manera que su distribución contribuya a disminuir progresivamente las desigualdades, tanto en términos de formación docente como de infraestructura y equipamiento educativo.
5. Orientar recursos para garantizar la inclusión educativa de niñas, niños y adolescentes fuera de la escuela y con rezago educativo.
6. Impulsar el esfuerzo del Estado por asegurar políticas públicas que alienten la coordinación interinstitucional, en función de indicadores de equidad y calidad. La equidad y la calidad en la educación pasa por garantizar integral y efectivamente los derechos de niñas, niños y adolescentes, en un entorno protector de sus derechos a cargo de las instituciones del gobierno federal.
Una segunda coincidencia entre ambas iniciativas es el papel del magisterio como actor principal en la transformación educativa. La iniciativa del presidente dice: “resulta necesario colocar en primer plano el reconocimiento de la función magisterial y establecer procedimientos de estímulos y valoración positiva del esfuerzo que realizan los docentes en las aulas y en todos los demás campos del sistema educativo”. Por su parte, la iniciativa de la RED propone “redignificar el papel de las y los maestros, reconociéndoles como agentes primordiales en la transformación de la educación.”
Al igual que en el anterior apartado se propone incluir en la iniciativa de reforma la obligación por parte de la SEP y de la SHCP de:
1. Garantizar docentes bien capacitados y recursos financieros suficientes a las escuelas multigrado.
2. Invertir recursos progresivamente suficientes a las escuelas normales y a la capacitación docente, priorizando a quienes atienden las escuelas indígenas, rurales, multigrado y de localidades urbanas marginadas.
3. Impulsar la mejora continua de la formación, condiciones de vida y el reconocimiento social de los maestros.
4. Orientar recursos especiales a las escuelas con mayor proporción de resultados desfavorables en la prueba Planea.
Son varios los temas en los que difieren ambas propuestas; me limitaré a señalar tres. López Obrador propone la creación del Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación, que tendría autonomía técnica y estaría dirigido por siete miembros designados por la autoridad educativa y un Consejo Consultivo conformado por ciudadanos distinguidos. En concreto, propone eliminar al INEE. La RED propone un Centro Nacional para la Mejora Continua de la Educación, que tendría autonomía constitucional y daría “preponderancia a lo técnico por encima de lo político.” Se gobernaría por un Consejo Directivo compuesto por cinco integrantes designados por el Senado de la República. Propone aprender del INEE.
Esta es una diferencia fundamental entre los dos proyectos de ley. La autonomía de dicho Centro es lo único que puede generar certeza y confianza; suena problemático tener que regresar al maquillaje o el ocultamiento de los datos reales del sistema educativo. Es un hecho que el contexto político al que se expone este Centro dificulta el cumplimiento de su autonomía técnica.
En segundo término, el presidente anuncia la creación de un Servicio de Carrera del Magisterio que asegure su desarrollo profesional, eleve sus ingresos y prestaciones, así como la elevación de la calidad de la enseñanza. La iniciativa dice que “la congruencia en la regulación de este servicio y la garantía de aplicación equitativa en todo el país, hacen necesaria la atribución al Congreso de la Unión para legislar en modo exclusivo en esta materia”. La RED sí es clara respecto a este tema: “El ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y la media superior que imparta el Estado se llevarán a cabo mediante concursos de selección que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan”. El presidente evade una respuesta directa, lo que hace pensar en un regreso al pacto corporativo para tomar decisiones que afecten al magisterio.
Frente a las anteriores diferencias la RED está por la plena rectoría del Estado en la educación y por no regresar a soluciones que empoderaron a caciques. Hay que aprender de la experiencia y el presidente sabe de historia.
Finalmente, destaca el tema de la educación inicial, la cual contra la evidencia que ofrece la investigación, no aparece en la iniciativa presidencial. La RED asume la importancia de la educación inicial y la obligación del Estado de impulsarla y reconocerla como un nivel educativo tan importante como el preescolar, la primaria la secundaria, así como la educación media superior y superior.
En principio, las coincidencias relativas a la equidad pueden significar una oportunidad para los sectores excluidos de la educación. Existe una enorme deuda histórica, que requiere orientaciones e indicadores precisos para saldarse. Primero las niñas, niños y adolescentes indígenas, trabajadores, hijos de jornaleros y con discapacidad, que siguen esperando una respuesta adecuada por parte del Estado mexicano. Sin embargo, falta acuerdo por lo menos en tres elementos cruciales para garantizar equidad. Y naturalmente que la política educativa, una vez redefinida, se plasme en la programación y planeación educativa y en el PEF 2020. Eso sería lo congruente.
*Texto publicado originalmente en el Blog de Educación de Nexos
Luis Alberto Barquera
Presidente del Consejo Directivo de ODISEA, A. C.
