La educación, como varios asuntos públicos de primera importancia para la sociedad, se encuentra viviendo el final del sexenio, no en el sentido temporal, sino en el político. El presidente Enrique Peña tiene bajos niveles de apoyo que contrastan de manera dramática con las enormes responsabilidades que tiene como depositario del Poder Ejecutivo Federal.
En el conjunto de la vida nacional, el momento presente difiere de forma significativa con el escenario que planteó el Pacto por México y el buen ánimo que generó en una parte importante de la sociedad por sus ejes rectores: El Fortalecimiento del Estado Mexicano, La democratización de la economía y la política, así como la ampliación y aplicación eficaz de los derechos sociales, y La participación de los ciudadanos como actores fundamentales en el diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas.
La educación, una de las cuestiones integrantes de los Acuerdos para una Sociedad de Derechos y Libertades, se encuentra en el inicio del quinto año de la administración todavía buscando definir y ganar apoyo para elementos fundamentales de su reforma. Al parecer, la consulta nacional emprendida por el primer secretario de Educación no dio los frutos esperados y necesarios. La segunda consulta es objeto de intensa promoción. Mucho tiempo se ha ido y el que queda está bajo presiones diversas.
Parecía, a finales del 2012, que el Pacto por México mostraba que las necesidades sociales estaban claras y que los partidos y el gobierno federal abrían una ruta trascendente y establecían un compromiso con sus deberes: el bienestar de los mexicanos. Hoy, el tiempo político vive una aceleración muy dañina. México, por causa de sus dirigentes, tiene problemas no sólo con su presente, sino con su futuro inmediato. El 2018 desarregla el presente. Vivimos una paradoja al tener problemas causados por el futuro o, mejor dicho, por la disputa de hoy sobre el acceso y la disposición del poder en el 2018.
Por tal paradoja y disputa, la educación no recibe toda la atención gubernamental que requiere pues en esa disputa no es una prioridad. La CNTE, o una parte de ella, en el reclamo que va recreando de forma coyuntural, ya ajustó su demanda a que la reforma se suspenda hasta finales de 2018. ¿Y mientras tanto qué debería ocurrir? Al menos se ha precisado otro indicador de que la disputa no es por la reforma educativa.
La debilidad del Ejecutivo Federal crea abundante incertidumbre porque tiene muchas responsabilidades y facultades en materia de educación. El hecho de que el proceso legal haya acumulado tantas facultades en el Ejecutivo Federal muestra ahora, de nueva cuenta, la inconveniencia de ese centralismo. Mientras su tiempo político declina, contrasta con el hecho de la variedad de circunstancias que viven los poderes públicos en los estados. Existen gobernadores que este año terminan su mandato y con ellos las legislaturas de sus entidades. En otras entidades los gobernadores están en los inicios o a mediados de sus administraciones y, finalmente, en otros más, durante el 2017 y el 2018 habrá elecciones. Con una dependencia tan fuerte del ciclo de administración y las finanzas federales, ¿cómo pueden orientarse las administraciones estatales de manera soberana, estratégica y eficaz para garantizar el derecho a la educación?
En realidad este es un problema de largo antecedente en nuestra historia debido a las contradicciones entre la estructura federal formal y el centralismo programático y fiscal-financiero real, que malgasta muchos recursos en el aparato burocrático y de control.
Más allá del horizonte que hizo imaginar el Pacto por México, las reformas que realmente se emprendieron tienen una carencia sustantiva: faltó y sigue faltando una reforma del poder que lo delimite, encuadre y someta a los principios constitucionales.
Sin esa reforma, la educación, en su concreción personal de ser un derecho al desarrollo de todos los mexicanos que debe ser garantizado día a día con la calidad que se deriva de los principios del Artículo 3o. constitucional y de la Ley General de Educación, seguirá siendo afectada de manera negativa por los usos y costumbres del sistema político.
Entre los elementos que deben asegurarse para poder garantizar la educación está el financiamiento. Si bien ya el presupuesto entregado por el Ejecutivo Federal tiene un nuevo recorte al gasto en educación, importa mucho ver ahora si el Poder Legislativo cumple con su responsabilidad y asegura el dinero para la educación no sólo revirtiendo el recorte proyectado, que es lo mínimo que debe hacer, sino haciendo una valoración de orden superior al proyecto de presupuesto, basada en un juicio diferente sobre las necesidades de financiamiento con una visión de futuro que no deje duda alguna de su compromiso con el derecho a la educación de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. A fin de cuentas, los legisladores son los representantes de sus estados, de los ciudadanos que ahí viven y esperan el ejercicio democrático del poder público.
