Jorge Fernández Menéndez
Comenzó el año lectivo y con él se reanuda una de las grandes batallas políticas que veremos en los próximos meses: la de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en contra de la aplicación de la Reforma Educativa, sobre todo en los estados de Guerrero y Oaxaca.
Si en las semanas pasadas el monopolio de la violencia se había concentrado en la CETEG y en Guerrero, con el inicio de las clases la tristemente célebre sección 22, que literalmente se había tomado vacaciones, regresó con tomas de aeropuertos, carreteras, casetas, gasolineras y tiendas departamentales.
Lo hicieron con renovado ímpetu, ocupando incluso el aeropuerto de la ciudad de Oaxaca no sólo en sus áreas de embarque, sino tomando y pintando consignas en las propias pistas de aterrizaje, poniendo en peligro la infraestructura aeroportuaria y la de seguridad aérea. Se debe destacar que en Huatulco, donde también tomaron el aeropuerto local, ante la permisividad de las autoridades (una norma ante todas las acciones emprendidas por estos grupos) fue la gente, los vendedores y pequeños operadores turísticos, los que los terminaron corriendo a palazos de ese lugar.
La inacción de las autoridades es un punto central porque lo que vimos este fin de semana es sólo una pequeña parte de lo que viene. Las ocupaciones y bloqueos esta vez respondieron al “enojo” sindical porque sus sueldos los pagará ahora la Federación en lugar del estado. Eso no impidió que todos cobraran rigurosamente su salario y la segunda parte de su aguinaldo, mucho más alto por cierto, porcentualmente, por la cantidad de días que reciben por ese concepto, que el de cualquier otro trabajador al servicio del estado.
El tema de quien hace el pago, en realidad, no es trascendente. Lo importante en todo caso es que se apliquen las sanciones establecidas por la ley para quien no cumpla con su trabajo, comenzando, sobre todo, por las faltas injustificadas o las plazas que se cobran pero no se ejercen. En el tema de las plazas, probablemente estamos ya ante una batalla perdida porque el gobierno federal, con el beneplácito de los locales, ha aceptado ya en los estados de Oaxaca y Guerrero otorgarles cientos de plazas (desde el año pasado) al sindicato local, plazas que no se requieren ni se justifican. Tampoco han dado los exámenes respectivos, en esos estados, los aspirantes a ocuparlas: esos mismos exámenes que en el resto de la República reprobaron seis de cada diez maestros que querían ocupar una plaza docente.
El tema del pago salarial se dijo que sería el principal instrumento para tratar de recuperar el control sobre estos movimientos: quien no cumpliera con las condiciones de su trabajo no cobraría y podría perder su plaza. Pero resulta que mediante otros acuerdos, se ha establecido que la Federación sólo impondrá esas u otras sanciones si los propios gobiernos estatales lo solicitan, y no parecen ser muchos los decididos a hacerlo: en Oaxaca porque creen que no están en condiciones de enfrentar a la sección 22 y en Guerrero porque el gobierno estatal simplemente está decidido a no hacerlo, ni en ése ni en ningún otro caso.
El tema central en los próximos meses será la implementación de las reformas aprobadas en los pasados dos años, y dentro de ellas la educativa debería ser una de las de más rápida implementación. Casi todas las demás tendrán que vivir todavía un tiempo de maduración. Pero todo parece indicar que la educativa se implementará sólo en algunos lugares del país, no en todos. Y si bien el discurso de los dos México ha estado más presente que nunca en los últimos días, también es verdad que si se permite que la Reforma Educativa no se aplique precisamente en esos estados que son los más pobres y desiguales del país, de poco servirán los proyectos especiales, como las zonas económicas anunciadas por el propio presidente Peña: aunque haya beneficios fiscales y de otro tipo, con un tratamiento diferenciado ¿quién querrá invertir con carreteras y aeropuertos tomados y en sociedades con el peor nivel educativo del país?
Ya ha habido importantes inversiones frustradas en esos estados. No se ampliarán si las condiciones no cambian. Y en ese sentido, la baza que medirá la gobernabilidad y la capacidad de transformación por lo menos en ese México, el más pobre de los dos Méxicos, será la implementación de la Reforma Educativa y recuperar el control sobre estos grupos sindicales con una agenda que nada tiene que ver con los intereses de sus trabajadores y mucho menos de la educación.
Publicado en Excélsior
