Las escuelas resisten con vigor las influencias externas, excepto aquellas que tienen que ver con sus tareas habituales, como cambios en planes y programas, libros de texto y materiales de apoyo.
Una demanda recurrente —por necesidad real— que enarbola el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación desde los años 50 es la de tener espacios dignos y adecuados para la labor escolar.
En eso sí, los padres lo secundan sin presión ni chantajes. Escuelas mal construidas y con mantenimiento defectuoso o nulo ha sido la regla, a pesar de esfuerzos que redituaron frutos por años. Pero el mantenimiento no forma parte de la cultura escolar mexicana.
Además, desde los años del desarrollo estabilizador, el Estado comenzó a dejar esa responsabilidad en los padres de familia, liderados por los directores de las escuelas; recuérdense las cuotas voluntarias.
En el gobierno de Adolfo López Mateos, el secretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet, lanzó la idea de instituir el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, que tuvo su época de gloria en la construcción de aquellas aulas prefabricadas para dar cabida a la demanda creciente por educación.
También en la edificación de espacios para universidades públicas, aunque no dependieran del gobierno federal.
Pero al igual que toda institución pública se convirtió en presa de políticos y empresarios corruptos. Hubo intentos de limpia, que no sucedió con el cambio de nombre a Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa. Y hoy nos encontramos con las mismas faltas de servicios básicos y de mantenimiento.
El presidente López Obrador decidió dar una vuelta de tuerca. Como ya se sabe, el Congreso aprobó su propuesta y enterró al Inifed. No hay una institución que lo sustituya, utilizará un programa de transferencia directa de fondos.
La escuela es nuestra es la consigna clave del proyecto presidencial; tiene como meta principal rehabilitar casi 734 mil escuelas primarias. Y, como todo, tiene al menos dos caras.
El Presidente dio el banderazo de salida al programa en Puebla. Explicó que en una primera etapa se intervendrán 103 mil 268 escuelas y en otra 69 mil 474.
Dejó en claro que la inversión de 20 mil millones de pesos será compartida —a mitad y mitad— entre su gobierno y los de los estados. Aclaró que los recursos se entregarán de manera directa a las escuelas que tendrán que conformar un Comité Escolar de Administración Participativa.
La expectativa del gobierno es que de esa manera se evitará la corrupción, que los maestros y padres de familia saben qué es lo que su escuela requiere; que son buenos constructores y que la infraestructura de sus planteles será meritoria.
El secretario de Educación Pública criticó a quienes critican el programa, pero afirmó que ellos —el gobierno— sí confían en los ciudadanos.
Es obvia la suspicacia del Presidente al conocimiento experto, pero —dice mi amigo El Maestro— lo que está detrás es un programa clientelar diseñado para capturar votos.
Además, especula, con la entrega de recursos se lucirá el Presidente, los gobernadores recibirán poco crédito, unos ni eso siquiera.
Los problemas de infraestructura escolar en ciertas regiones son acuciantes, en otras no hay inconvenientes severos.
Es deseable que el programa La escuela es nuestra ofrezca resultados y pronto, que las comunidades agarren confianza, que haya participación entusiasta de padres de familia, pero es muy arduo romper una costumbre donde el gobierno hacía todo y esperaba aplausos.
No hay una tradición de autogestión —sí en el trabajo pedagógico de muchas escuelas multigrado— ni es seguro que construir aulas sea una tarea fácil.
No hay garantía de que con ese programa se acabe la corrupción ni el burocratismo. Los CEAP tendrán que llenar muchos papeles que revisará la burocracia central. Pero si funciona con cierta eficacia, le hará bien al país. Si no, otra expectativa frustrada.
