El discurso escolar, en su aspecto sociológico general y en el cívico en particular, es inseparable del tiempo, tanto del cronológico como del social. Una de las formas en que se expresa esto es en la referencia siempre actualizada de que las generaciones que están en la escuela son los ciudadanos del futuro. Así, cada presente generacional es proyectado hacia delante con romanticismo, a veces con cierto misticismo nacionalista.
Al observar nuestro presente, el que vivimos y que en varios aspectos padecemos con su conjunto de problemas sociales y políticos, y al observar también a los responsables del gobierno –todas aquellas y aquellos ciudadanos que al ser investidos de la autoridad pública que tienen prometieron cumplir y hacer cumplir la Constitución federal y las particulares de los Estados y las leyes de ambas derivadas-, es inevitable pensar que estos fueron hace años –siendo niños y niñas en la educación básica, o adolescentes y jóvenes en los siguientes tipos educativos-, los hombres y las mujeres de un futuro de México. La evidencia nos muestra que la proyección escolar, en muchos casos, no resultó acertada.
El nuevo modelo educativo y el documento de los planes y programas de estudio que la SEP ha presentado recientemente, no olvidan hacer esa referencia a la relación presente-futuro, aunque ahora domina más el símbolo del siglo XXI como tiempo cambiante y desafiante. El secretario de Educación afirma, en la presentación de los nuevos planes de estudio, lo siguiente: “… tenemos la responsabilidad de preparar a nuestros hijos e hijas para que puedan afrontar el difícil momento histórico que están viviendo y logren realizarse plenamente. Estoy convencido de que el presente y el futuro de México están en los niños y jóvenes. Si logramos darles las herramientas que necesitan para triunfar, nuestro país será más próspero, justo y libre”; y agrega: “Para lograr este objetivo necesitamos una auténtica revolución de la educación. A lo largo del siglo XX, el sistema educativo hizo realidad su utopía fundacional, que era llevar un maestro y una escuela hasta el último rincón del país. Hoy tenemos que ser más ambiciosos y, además de garantizar el acceso a la educación, asegurar que esta sea de calidad y se convierta en una plataforma para que los niños, niñas y jóvenes de México triunfen en el siglo XXI. Debemos educar para la libertad y la creatividad” (p. 7).
Sin duda es relevante el logro de las autoridades en el avance de la tríada formada por la reforma educativa-modelo educativo-planes y programas de estudio, pero la presentación de estos últimos ocurre en un momento de incertidumbre no del siglo XXI sino de nuestro tiempo social. El proyecto de formación es optimista, como debe serlo toda la educación, pero varios problemas conducen a la pregunta de si la educación es un campo aparte, o cómo logrará sus propósitos en un contexto problemático por cuestiones agravadas como la inseguridad que vivimos los ciudadanos, por la corrupción gubernamental, por el grave asunto del espionaje a líderes y comunicadores, por el crecimiento de la deuda pública y el de la pobreza, por las elecciones caracterizadas por la intervención indebida del gobierno, por un sistema político incapaz de culminar el proceso de integración del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otras cuestiones que comprometen la legitimidad y la responsabilidad de los gobernantes.
¿Recibirá la escuela la atención y los recursos de toda naturaleza que requiere en un contexto así? La escuela actúa en el presente, pero su potencial de que la formación que ofrece trascienda positivamente hacia el futuro no se logra aislándola de ese contexto, sino cambiándolo con buen gobierno y ayudándole a realizar de modo eficaz su currículo.
Uno de los elementos que van a exigir mucho esfuerzo y congruencia gubernamental es el de la autonomía curricular. Para ello son fundamentales algunas acciones:
- Que cada escuela –comprendida como comunidad educativa situada en una comunidad política-, sea un lugar en el que nadie impida comprender y vivir que el Estado y nuestra Constitución son un patrimonio social y que todos los derechos de todos los ciudadanos son la prioridad fundamental fuera y dentro de la escuela. Para cada estudiante, el artículo primero de la Constitución es el más básico aprendizaje; el más básico elemento de su socialización y de su identidad.
- Cada miembro de la comunidad educativa ha de comprender y vivir que la Ley es nuestro mayor bien social y que ningún gobierno –como institución- o gobernante –como individuo- tiene legitimidad ni calidad moral si no se identifica con ella y ordena toda su acción a cumplirla y hacerla cumplir.
- Por los dos elementos anteriores, es imprescindible que en cada escuela la formación social y cívica esté alimentada día a día con el conocimiento y valoración de lo que hace o deja de hacer el gobierno, de cómo usa los recursos públicos, de cómo administra la justicia, de cómo resuelve las necesidades cotidianas de la población y las de largo plazo. En otras palabras, que se use la información para juzgar si el gobernante está cumpliendo la Constitución. El gobierno debe transformarse; no da señales de querer hacerlo. La escuela debe formar para que los estudiantes exijan esa transformación desde ahora. Se trata de lograr una formación jurídico-política aplicada.
- La autonomía curricular exige, a su vez, que la política educativa abra realmente las puertas a la participación social por medio de los cuatro niveles que la ley ordena al respecto.
- Finalmente, la autonomía curricular demanda maestros y directivos libres de toda forma de control gubernamental o sindical. Si el objetivo es un país “más justo y libre”, unos de los indicadores básicos de ello es la libertad de los docentes y directivos. En otros términos: podremos creer que la escuela no es un campo aparte en la medida en que la sociedad vea que el Estado da a los docentes y directivos sustento pleno en su formación y trabajo.
En otras palabras, la escuela no sólo no es un campo aparte, sino que su institucionalidad y su tarea pone a prueba a toda la estructura del gobierno. La escuela no es deudora del gobierno; al revés, el gobierno se debe a ella.
