Alberto Salvador Ortiz Sánchez*
Para nadie en el sector educativo mexicano son extraños los conceptos de liderazgo y gestión educativa como una parte central de la organización escolar y la autonomía de trabajo que indica la directriz normativa de la Secretaria de Educación Pública aplicable a las escuelas públicas básicas de nuestro país.
Entrar a este asunto es por demás complejo y delicado, más aún en los tiempos políticos actuales donde está por renovarse la presidencia de la República y donde las voces que no están de acuerdo con una u otra posición política suelen ser acalladas, tachadas o tildadas de “populistas” o “vendidas al sistema”.
Más allá de las dudas razonables expuestas tanto por una parte importante del magisterio nacional disidente como de especialistas educativos y teóricos de reconocido prestigio sobre la actual política educativa que se dicta en México, cabe hacer espacio para una reflexión propositiva que se enfoque esencialmente en el logro de los aprendizajes de nuestros alumnos puesto que es la realidad a la que el sistema educativo se enfrenta desde tiempos inmemoriales y que de no tomarse en serio desde luego seguirá siendo el talón de Aquiles de una nación en pleno desarrollo como es la nuestra, donde no solo la escuela debe formar para alcanzar un grado de preparación formal, sino también dar herramientas y conocimientos para insertarse en la vida diaria con todo lo que ello implica.
El denominado Nuevo Modelo Educativo, próximo a entrar en vigor en un par de meses, múltiplemente vapuleado y puesto en duda tanto en su planteamiento como en sus efectos concretos, ofrece desde luego para quien lo desee, una oportunidad de poner en práctica una concepción diferente de ver a la escuela, los alumnos y en general a todos aquellos involucrados en la jornada diaria de cualquier institución. En ese sentido, es una manera inmediata de romper los estados de comodidad adquiridos por tantas y tantas figuras y autoridades educativas.
La primera autoridad en una institución educativa es el director o directora. De su mano, visión, trabajo y compromiso, dependerá en buena medida parte del éxito o fracaso de él mismo y su equipo docente para que los alumnos logren el máximo logro de los aprendizajes. Pero no solo es el directivo y los docentes bajo su cargo, sino también el apoyo y compromiso de los padres de familia y la comunidad.
De acuerdo con el Acuerdo 02/05/16 donde se establecen los lineamientos para la constitución, organización y funcionamiento de los Consejos de Participación Social en la Educación, para llevar con orden la administración y gestión de un centro educativo, haciendo ejercicio de los conceptos de gestión y participación social, se requiere un perfil directivo que reúna al menos algunas de las siguientes características o atributos (habilidades, destrezas, actitudes e intenciones y conocimientos), para efecto de ser un instrumento efectivo de la gestión de la participación social en cualquier centro educativo, no solamente en ciertos ámbitos o regiones.
Habilidades: capacidad de diálogo, escucha activa, observación en varios planos, negociación.
Destrezas: cortar, pegar, dibujar, almacenar, jardinería, plomería, conocimiento de materiales y técnicas para construcción, uso y dominio de papelería de oficina y herramientas del medio donde esté la escuela.
Actitudes e intenciones: progreso, movilización, logro de los aprendizajes, mejora material y social de la comunidad.
Conocimientos: normativos, técnico pedagógicos, técnico legales, en materia de protección civil, derechos humanos, contabilidad y rendición de cuentas.
Esto, porque se requiere que un directivo sea de tal modo activo, dinámico y líder social, que por ese ejemplo de trabajo sea motivo de transformación de una realidad que ahí está y que no podrá cambiar a menos que todos los involucrados en ella participen. Si bien la participación social es un motor muy fuerte para la reforma educativa, este no tendrá efectos suficientes y fuertes en una comunidad escolar que no esté comprometida con la transformación y el cambio real y trascendental.
Hay que partir de varias consideraciones para atender el concepto de autonomía, desde la concepción teórica hasta su modalidad práctica. Desde la visión de investigadores como Joaquín Garín y Lucia Rivera, se considera a la autonomía como el margen mínimo que debe empatar organización con normatividad. Jurídicamente, el derecho humano a la educación tiene un margen y finalidad suprema constitucional que es el máximo logro de los aprendizajes; a su vez, la autonomía de gestión es la capacidad de los centros educativos para tomar decisiones propias que vayan en beneficio de la comunidad educativa.
Luego entonces, una escuela, que se considere auténticamente autónoma (dentro de la normativa educativa vigente) debe tener la capacidad de tomar esas decisiones siempre y cuando tenga un mínimo de orden y organización tal, donde no solo se multipliquen indicaciones de manera vertical, sino donde todos los integrantes puedan opinar, organizar, delegar, retomar, ejecutar, evaluar y reconsiderar aquellas acciones que como colectivo de profesionales toman para beneficio de sus centros de trabajo.
En este marco mínimo de orientación y organización, el equipo SATE de cada zona escolar (concebido a partir de la implementación de la reforma educativa de 2013) se erige como una herramienta de apoyo y seguimiento a la autonomía de las instituciones educativas a su cargo a través de la atención de dos esferas fundamentales del trabajo de los colectivos docentes: una, la del estado que guardan aquellas condiciones que permitan a los docentes tomar decisiones colegiadamente (en el caso de nuestro país, las condiciones mínimas para tomar decisiones colegiadamente se erigen desde los rasgos de la normalidad mínima) y dos, apoyar, verificar, orientar, retomar, rescatar, retroalimentar (en el marco constitucional del servicio educativo vigente) que aquellas decisiones tomadas sean cumplidas, honradas o seguidas por quienes las promovieron y se comprometieron a llevarlas a cabo.
*Lic. En Educación Primaria; docente frente a grupo y asesor técnico pedagógico por reconocimiento. Premio Tlaxcala Transparente al trabajo periodístico (Instituto de Acceso a la Información Pública de Tlaxcala-Unión de Periodistas de Tlaxcala).
