Esto apenas inicia. Ubicada como una de las leyes secundarias de la mal llamada Reforma Educativa 2013, la Ley General del Servicio Profesional Docente se promulgó con la finalidad de “establecer los criterios, los términos y condiciones para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio”, sus objetivos están orientados a la regulación de la docencia como profesión en la educación básica y media superior de México, así como para establecer y regular derechos, pero también obligaciones y contar con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas a los aspectos asociados al Sistema Educativo Nacional (SEN).
Esto establece la Ley, ahora, hablemos de la realidad: uno de los puntos sustantivos se orienta a la permanencia dentro del SEN, señala como obligatoria la evaluación docente, con la finalidad de validar la función y categoría que se desempeña, cuestiones que han generado profundos debates entre investigadores, directivos y docentes en servicio, se ha hecho más hincapié en lo que sucederá si no se “aprueban” las evaluaciones, dejando de lado temas relevantes como los beneficios de tal evaluación en el quehacer profesional, su impacto en la calidad del servicio educativo que se ofrece, en las posibilidades de mejora y crecimiento profesional de los directivos y docente. Por ello, desde finales del 2013 muchas han sido las voces que han exigido informar, permanentemente, al personal directivo y docente para acabar con las suspicacias, así como con la profunda incertidumbre que existe en el magisterio nacional respecto a los procesos de evaluación.
Lo que ha sucedido en Oaxaca y Guerrero es un claro ejemplo de lo antes señalado, invitándonos a reflexionar, nuevamente, si el fin justifica los medios para imponer políticas y directrices a costa de quienes al final las harán operativas, cuestión que, históricamente, ha quedado demostrada no termina muy bien que digamos.
Lo que sucede en Guerrero es sui generis, particularmente, si consideramos la situación social existente desde enero del 2014, en la cual se mantiene una lucha de poderes entre un sindicato oficial (SNTE) y una disidencia del mismo (Ceteg), las cuales han asumido posturas diametralmente distantes respecto a su accionar ante estos procesos, sin perder de vista sus propios intereses dejando de lado a quienes uno supondría por obligación tendrían que defender.
Recientemente, dentro un marco investigativo inicial, pregunté a 50 directivos y docentes en servicio de este estado ¿qué aspectos conocían sobre la Ley General del Servicio Docente? 90% dijo conocer las implicaciones de la evaluación directiva y docente, a través de lo publicado en los medios de comunicación, lo que han escuchado en reuniones diversas o en charlas informales con otros compañeros. Sin embargo, el 10% apenas conoce los artículos y preceptos del Servicio Docente, lo que nos da una perspectiva sobre lo que sucede, no sólo con el magisterio guerrerense, sino lo que uno supondría pasa con el nacional.
Si bien, el marco estadístico presentado es sólo referencial, de ello emana una hipótesis respecto a lo que directivos y docentes conocen de dicha ley, por lo que resulta preocupante que ninguna autoridad nacional, estatal o el mismo INEE se haya dado a la tarea, aún, de difundir las implicaciones de esta Ley que es fundamental dentro de marco administrativo que pretende establecerse para recuperar la rectoría de la educación, por lo que en la práctica, aún son perceptibles las falencias de esta reforma educativa.
Al respecto, hay que hacer ver a las autoridades correspondientes que las reformas educativas, como cita el Profesor Thomas S. Popkewitz en su obra Sociología política de las reformas educativas, son
“actos de compromiso y reafirmación social, que deben incluir a todos y cada uno de los actores inmersos en el quehacer educativo”,
por lo que cabría, nuevamente, la reflexión respecto a si estos procesos están teniendo la consideración y difusión adecuada entre los actores que al final harán operativas las políticas y directrices que se están tratando de implementar.
La evidencia que se tiene, a casi dos años de la promulgación de esta Ley, nos conduce a creer que muchas cosas están siendo atendidas desde la improvisación y cada vez son más las voces que hacen evidente el dejo de inconformidad al respecto, particularmente, aquellas que no se sienten representadas o consideradas en un contexto en el cual su participación es trascendental, por eso hay quienes piensan que tanto la educación, como México están hoy…atrapados.
Veremos en el futuro qué deparan los procesos de evaluación de directivos y docentes, quedan muchos meses aún del 2015 para conocer sus resultados, sin embargo en estas condiciones y dentro de los enconos sociales, políticos y económicos actuales pareciera que una vez más la educación ha sido dejada en un segundo plano, eso no es un mito, es simple y llanamente… una realidad.
Profesor de primaria y Asesor Técnico Pedagógico de Guerrero.
