Cuando se juntan la soberbia y la ignorancia nos acercamos a una zona peligrosa, sobre todo cuando estos dos grandes defectos se concentran en el gobierno, especialmente, en el federal. Esto es lo que parece que está pasando en el ámbito de la educación en México.
Pasamos de una reforma educativa, cuyo propósito era que el Estado retomara las riendas de la educación y que los docentes trazaran sus propios trayectos laborales a través de mecanismos donde se privilegiaba el mérito, la capacidad y el esfuerzo del docente y de los directivo, para asegurar que los escolares de la educación obligatoria tuvieran una buena educación, a una nueva reforma (o deforma) educativa (más bien, laboral) donde el Estado le regresa a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) –que es una agrupación privada, cuyo n último es defender los derechos laborales de sus agremiados– el privilegio de intervenir en las contrataciones de los futuros docentes, en la designación de directores y supervisores, y en el otorgamiento de permisos y movimientos laborales que solicite el personal adscrito a una escuela. Esta “reforma educativa” prevé también el pase automático al servicio público de educación de quienes egresan de las normales, de la Universidad Pedagógica Nacional y de los Centros de Capacitación Docente, independientemente, de sus capacidades y sin ningún filtro ni evaluación que garantice que estos nuevos docentes sean aptos para asegurar que sus estudiantes logren los aprendizajes esperados que se señalan en los planes y programas de estudio nacionales. Se olvidan que los demás egresados de escuelas normales privadas y de universidades públicas tienen el mismo derecho de obtener una plaza docente.
¿Por qué el Estado fomenta la discriminación? La reforma educativa de la 4T hace retroceder el reloj de la historia de México; regresa el tiempo cerca de medio siglo, al revivir y legalizar las prácticas nefastas de opacidad y discrecionalidad en el otorgamiento de plazas docentes, donde los sindicatos de maestros –especialmente la CNTE– tuvo un protagonismo preponderante; por supuesto, con el beneplácito de las autoridades federal y locales. Esta condición ocasionó que dos terceras partes de los secretarios de educación pertenecieran o fueran impuestos por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), condición que corrompió a la administración de educación pública por varias décadas.
Con la decisión de los diputados y senadores de MORENA de aprobar las leyes secundarias de educación, la 4T se pinta de cuerpo entero como un movimiento de gran pobreza moral y desvergüenza social, qué no le importa la opinión pública, ni el reclamo de los ciudadanos; que vela por sus intereses políticos para conservar el poder, antes que beneficiar a los ciudadanos que gobierna. México ha recibido un golpe letal en materia educativa; un golpe del cual será muy difícil recuperarse y cuyas consecuencias nefastas veremos en los años venideros. En resumen, la nueva reforma educativa privilegia los intereses políticos de MORENA y las demandas laborales de la CNTE y, al mismo tiempo, se desprecia el derecho de los niños y jóvenes a recibir una educación de calidad o de excelencia para alcanzar la preparación suficiente y poder competir en un mundo globalizado.
Igualmente, se desprecia la evidencia mundial sobre las mejores prácticas educativas que enfatiza el mérito y el esfuerzo de docentes y estudiantes como el hilo motivador de una buena educación y el logro de aprendizajes. Se privilegian las ocurrencias y premisas insostenibles, como la del pase automático o la del aprendizaje por solo asistir a la escuela. Esta reforma educativa se ha convertido en un mal chiste y en una pesadilla social qué empeña el futuro de los niños y jóvenes mexicanos, la que le cobrará factura a todo el país por varios lustros.
Finalmente, debo subrayar que la buena educación es el único camino para que un país subdesarrollado, como es el caso de México, pueda superar los grandes males que lo aquejan, como es la pobreza, la corrupción y la injusticia social y, también, el instrumento más eficiente para lograr su crecimiento económico, así como su desarrollar social y democrático. Sin una ciudadanía bien educada no hay forma en que podamos lograr las metas que tanto deseamos. Por ello, hoy más que nunca, debemos de recordar que la educación no es propiedad del gobierno, ni del sindicato, ni de los docentes, ni de los directores; es un bien público, propiedad de la nación y de los ciudadanos, que todos debemos de cuidar.
