El presidente Andrés Manuel López Obrador, en la mañana del 12 de diciembre, signó la iniciativa de enmiendas a la Constitución para derogar la Reforma Educativa del gobierno de Enrique Peña Nieto. Más allá del texto legal, las reformas en la educación por lo regular admiten cuatro elementos que les permiten configurarse: 1) propósitos, que pueden ser explícitos o tácitos; 2) identificación de lo que desea reformarse; 3) instrumentos políticos e institucionales; y 4) se realizan dentro de un contexto social heredado; los reformadores pueden influir en ese tejido, pero no lo gobiernan por completo.
La exposición de motivos que se utiliza para justificar la relevancia de la iniciativa es el espacio privilegiado para expresar los propósitos, aunque también perfila el asunto que el gobierno espera trocar y envía mensajes políticos, no nada más esboza cambios en las instituciones.
El lenguaje guarda mucho de la disputa electoral, es vindicativo. Aunque se pretende que esté dirigido a la ciudadanía en general, los maestros son los destinatarios precisos. El fin manifiesto se enmarca en la Cuarta Transformación (4T) y contiene los elementos de las tres primeras, según la narrativa del gobierno: libertad, legalidad e igualdad. La 4T las engloba en la equidad: “ninguna puede florecer en un ambiente carente de educación”. Otro propósito expreso es dotar a los maestros de una educación de excelencia para transformar su hacer.
En la exposición de motivos no se menciona al pacto federal ni a los gobernadores y pocas veces se nombra a otros actores ajenos al magisterio. No es difícil deducir que el objetivo implícito es centralizar aún más el gobierno del sistema educativo. Incluso, quizá retomar lo que se transfirió a los estados en 1992.
Este capítulo identifica al adversario: la reforma de 2013. Lo fundamenta en la impugnación de los maestros (que, dicho sea de paso, no fueron todos, muchos se beneficiaron de las reglas que les quitaba la dependencia de los líderes sindicales). Además, lo hace en un tono de disculpa “Desafortunadamente, en la aplicación de la Reforma Educativa han existido expresiones fuertes de rechazo por dicho sector”. Es decir, si la reforma de EPN no hubiera sufrido infortunio, no estaría mal. Pero queda claro que la evaluación docente es la que hay que alterar, mas no erradicar. Empero, no se vislumbra un andamiaje institucional futuro.
La comunicación política se nutre de palabras de cambio, aunque tal vez sea sólo en la superficie y la esencia de la reforma de EPN se mantenga: “Es preciso establecer las bases de un auténtico sistema de mejora continua de la educación a través del Servicio de Carrera del Magisterio que asegure a los docentes un desarrollo profesional que incida simultáneamente en la elevación de sus ingresos y prestaciones en términos reales”; casi igual que en el Modelo educativo repudiado. La iniciativa no expresa qué va a sustituir al sistema de ingreso, promoción y recompensas del magisterio que instituyó la fracción III, que se elimina. A pregunta expresa de los reporteros, el secretario Moctezuma fue vago. Expresó que se establecerá en la reglamentación secundaria. “No habrá corrupción; instalaremos un call center, 0 en Conducta”, para recibir denuncias. Pero si no se instituyen faltas, tampoco podrá haber sanciones para quienes caigan en actos de corrupción.
A pesar de la nebulosidad del lenguaje, parece que, en lugar de privilegiar la institucionalización y el gobierno por medio de normas, un pasaje abre paso a la discrecionalidad: “La visión del Poder Ejecutivo a mi cargo es que se debe priorizar el diálogo ante cualquier otro mecanismo de imposición de estructuras normativas que no obtengan el impacto deseado ante la ciudadanía”.
El contexto político es favorable al Presidente y a su partido. Sin embargo, cambiar la Constitución demanda de dos terceras partes de los votos en el Congreso. Hay dudas acerca de que los pueda conseguir. Si no lo hace, habremos de observar verdaderas polémicas en el Congreso a partir de febrero próximo.
RETAZOS
El texto de la iniciativa presenta faltas mecanográficas, abusa de las iniciales mayúsculas, contiene oraciones de más de 80 palabras con cinco o seis sujetos. Lo firmó el Presidente y al parecer ni en la Dirección Jurídica de la Presidencia ni en la Secretaría de Gobernación ni en la SEP revisaron el borrador. No estaría mal que, para estos fines, contrataran correctores de estilo profesionales.
