El 9 de febrero de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma de los artículos tercero y trigésimo primero constitucionales para dar lugar a la obligatoriedad de la educación media superior en México. La iniciativa, formulada por el PRI, fue presentada, deliberada y dictaminada favorablemente en la Cámara de Diputados (7 de diciembre de 2010); remitida al Senado y aprobada por la cámara alta, con modificaciones, el 21 de septiembre de 2011, y aprobada en definitiva por los diputados federales el 13 de octubre del mismo año. Posteriormente fue ratificada por veintidós legislaturas estatales. El proceso que derivó en el consenso legislativo no fue sencillo, ni mucho menos: ocupó prácticamente todo el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.
En 2006 se integró la LX legislatura del Congreso. Para articular su programa trianual de trabajo, las comisiones de Ciencia y Tecnología, y de Educación Pública y Servicios Educativos, resolvieron convocar al “Primer foro parlamentario de consulta sobre educación media superior, superior, ciencia y tecnología e innovación de México”. El punto de acuerdo respectivo data del 30 de octubre de 2006. La reunión fue convocada por el Grupo de Trabajo Pluripartidista encargado de la tarea, en colaboración con Anuies y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (Colima, noviembre de 2006). Al final del foro se emitió la “Declaración de Colima 2006”, uno de cuyos “puntos de consenso” fue precisamente el de “generar las condiciones necesarias para que en el mediano plazo se establezca la obligatoriedad de la educación media superior a fin de universalizar su cobertura.” El punto citado fue promovido por los representantes de la Universidad de Guadalajara, con apoyo de los legisladores del PRD presentes en el encuentro.
Con ese instrumento, la comisión educativa de la Cámara de Diputados, encabezada por Tonatiuh Bravo Padilla (PRD), previamente vicerrector de la UdeG, logró incorporar el tema de la obligatoriedad del bachillerato en el programa de la Comisión. En la “Agenda legislativa para el segundo año de ejercicio” (septiembre de 2007 a febrero de 2008), se propuso “elevar a rango constitucional la obligatoriedad de la educación media superior.” La Comisión trabajó en esa dirección; no obstante, la iniciativa de obligatoriedad transitó a una pista diferente: la que se gestó en el marco de la emergente Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos (CENCA), establecida en abril de 2007 y encabezada por Porfirio Muñoz Ledo (PRD), para legislar sobre una Ley para la Reforma del Estado.
En junio de 2008, durante el periodo extraordinario de ambas cámaras, se deliberó en torno a la factibilidad de las reformas planteadas por la CENCA, entre ellas la obligatoriedad del bachillerato. Parecía, en consecuencia, que había un clima favorable para adelantar el proceso de la reforma al tercero constitucional. Pero no fue así: el 20 de junio se informó que las comisiones promotoras de la reforma se desistían de la presentación de la iniciativa al pleno con el siguiente argumento: “Solicitamos que el dictamen se difiera a otro período de sesiones, en virtud de tratarse de una Reforma Constitucional que reclama consensos puntuales y el mayor acuerdo de los legisladores” (Sesión extraordinaria del 20 de junio de 2008, Crónica Parlamentaria).
Todavía en el periodo de la LX Legislatura, en diciembre de 2008, la Cámara de Diputados aprobó un nuevo dictamen, en el cual se incluía un artículo transitorio que a la letra señalaba: “la obligatoriedad del Estado de garantizar el acceso a la educación media superior a todos los estudiantes en edad de cursarla, se realizará de manera gradual y creciente, en diversas modalidades, con calidad y con la concurrencia presupuestal de la Federación y entidades federativas y en los términos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Educación vigentes”.
Esa redacción respondía a las objeciones que el Ejecutivo Federal, por conducto de la SEP, había presentado ante la inminencia de la reforma; con un solo argumento: factibilidad financiera. La renovación del Congreso de los Diputados (2009), abrió nuevas perspectivas. El 7 de diciembre de 2010 se dictaminó favorablemente la iniciativa presentada por el diputado Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa (PRI) que planteaba la reforma a los artículos tercero y treinta y uno de la Constitución haciendo obligatoria la educación media superior. Tras la confirmación en el pleno de la cámara baja, la propuesta fue turnada al Senado y entregada a las comisiones competentes para su dictamen.
En tanto el Senado deliberaba en torno a la iniciativa, la SEP promovió, a través del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu) una consulta para entregar observaciones al Senado respecto a la viabilidad y oportunidad de la reforma. La consulta quedó plasmada en el documento “Opinión de las Autoridades Educativas Federal y Estatales sobre la Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman los Artículos 3º y 31 constitucionales.” La Conaedu proponía, en resumen: contemplar un esquema de financiamiento adecuado; evitar atribuciones exclusivas a la SEP para determinar el contenido de planes y programas; y evitar el tema laboral.
El Senado atendió esas propuestas e incluyó en el dictamen disposiciones transitorias para cumplir con la obligatoriedad: a) gradualidad a partir del ciclo escolar 2012-2013 y hasta lograr la cobertura total a más tardar en el ciclo escolar 2021-2022; b) concurrencia presupuestal de la Federación y de las entidades federativas, y c) mecanismos para impulsar la implementación de presupuestos plurianuales.
A 22 años de la reforma, no se ha conseguido, ni mucho menos la cobertura universal pretendida; la concurrencia presupuestal para impulsar ese nivel de estudios deja mucho que desear, y no se han implementado presupuestos plurianuales que fortalezcan a la educación media superior del país. La próxima semana revisaremos el estado de la cuestión y las propuestas de las candidaturas al respecto.
