Sin recato alguno y en franca violación al artículo 3º constitucional, que establece que corresponde al Estado la rectoría de la educación, la Sección 18 de la CNTE anunció que distribuirá sus propios libros de texto –alternativos a los oficiales– en seis mil escuelas de Michoacán, que es el estado en donde tiene su base magisterial. A partir de lo que la CNTE concibe como su particular programa educativo, ha elaborado y distribuirá 48 libros de educación básica (28 de primaria y 20 de secundaria), contraviniendo la facultad que la Constitución otorga a la SEP de diseñar y actualizar los libros de texto gratuitos para cumplir con los principios rectores que debe fijar el Ejecutivo federal.
Tal parece que no es la primera vez que la CNTE reclama poder trabajar con los materiales de apoyo a la educación básica que ella misma elabora, pero ahora lo hace con todo descaro, aprovechando el campo permisivo que le ha dado la alianza abierta que tiene con el gobierno del presidente López Obrador. Por supuesto que la Constitución establece que las y los maestros son “agentes del proceso educativo y se les reconoce su contribución a la transformación social… (párrafo 5º, del artículo tercero)”, por lo que deben ser tomados en cuenta al elaborar los programas de estudio y los libros de texto. Pero que una corriente sindical le dispute al Estado la orientación y los contenidos de los mismos para servir a su propósito gremial y político; es decir, a un interés privado, es trastocar los ejes rectores de la educación, sobre todo en lo relativo a su carácter universal y público.
Permitir, por acción o por omisión, que los libros de texto respondan a los intereses de un grupo específico, como lo es una sección sindical, es abrir la puerta para que en el futuro cualquier asociación privada, religiosa, empresarial o de cualquier otro tipo, se apropie de la formación de los mexicanos en la etapa básica de su educación. Podrá argumentarse que los integrantes de la CNTE son maestros que están al frente de los salones de clase –cuando no están en marchas y manifestaciones–; sin embargo, su calidad de agrupación sindical hace que sus intereses sean de carácter privado, lo cual está reñido con los principios que deben guiar a la educación.
La SEP ya respondió en un comunicado, dirigido a las autoridades educativas locales y federales, a los maestros, padres de familia y a los alumnos, que es ilegal que se pretenda sustituir a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), porque es ella la que tiene la facultad exclusiva de elaborar y editar dichos libros para garantizar que imperen los principios que deben regir a la educación. Pero hay un doble problema: primero, que las autoridades están respondiendo de forma reactiva ante una acción que la CNTE venía preparando desde hace tiempo; y segundo, que la SEP tiene un retraso en la distribución de los libros de texto para el ciclo escolar que empieza a fines de este mes; es decir, hay un espacio abierto que alguien ajeno quiere ocupar.
La SEP debe frenar esta acción de la Sección 18, que abiertamente le disputa al Estado la rectoría de la educación, pero no es remoto que ello genere un conflicto con la CNTE, que no renuncia fácilmente a sus pretensiones, sobre todo cuando ha venido recibiendo del gobierno un trato preferencial de cara a la reforma educativa que está en marcha.
Uno de los empeños centrales del gobierno, en relación a dicha reforma, ha sido ampliar la mirada sobre la responsabilidad de los maestros respecto de las deficiencias de nuestro sistema educativo y buena parte de los especialistas consideran que es un enfoque pertinente. Pero permitir que, en un acto de arrogancia, una fracción sindical intervenga en la orientación de la enseñanza en uno de los estados en donde tiene el respaldo mayoritario de los maestros agremiados, es una muestra más de que la CNTE está dispuesta a desafiar a la autoridad del Estado, como suele hacerlo. La respuesta del gobierno debe ser contundente.
