La reforma educativa se gestó en un proceso electoral y ha entrado en otro cuyas características iniciales han creado un contexto difícil y delinean, además, un futuro inmediato con serias incertidumbres. Los tres partidos mayoritarios acordaron la reforma haciéndose cargo de una demanda social amplia y de un conjunto variado de informaciones que señalaban el estado crítico de la actividad fundamental de la sociedad: la formación de las nuevas generaciones de mexicanos. Ahora, esos tres partidos y todos los demás, deben mostrarle a la sociedad que en verdad actúan como entidades de interés público, que actúan con el tipo de ética propio de la democracia: una ética de la responsabilidad.
Si bien ha sido un acierto de la administración del presidente Enrique Peña llegar a su término con un ciclo escolar de singular valor, el de 2018-2019, en el que se implementará de manera amplia el nuevo modelo educativo, ese futuro tiempo escolar está condicionado por lo que ocurra en tres entidades paralelas: el proceso electoral, los partidos y el gobierno. Son distintas las entidades, pero están unidas por variados vínculos, indisolubles.
El proceso electoral, ya en marcha, debe ser ocasión para que la sociedad participe o, mejor, para que sea escuchada, para que sea vista con perspectiva de futuro de modo que al renovar 3,416 cargos de elección popular, según los datos del INE, todos ellos signifiquen la llegada de personas orientadas a resolver las necesidades de la sociedad, entre la que se encuentra la reforma de la educación, para que alcance las características y fines que la Constitución y la legislación establecen.
Hasta ahora es muy obvio que la efervescencia política está dominada por la elección presidencial, pero ningún cargo es menor para la sociedad, tanto en sí mismo -cada cargo es una responsabilidad en el marco originario de la soberanía y de la forma republicana de gobierno-, como por las conexiones que cada uno de ellos tiene en el sistema político en el sentido descendente y el ascendente de la estructura del gobierno.
Los partidos políticos, en los cuales recae mucha de la responsabilidad del sentido de la elección, de su proceso y de sus resultados, lo que han mostrado hasta ahora en sus rutinas y disputas es cierto desvarío: en lo que sale a la luz pública como información, no puede encontrarse una certeza de que su eje de trabajo y prospección sea la Constitución federal. Muchas señales de su actividad apuntan directo al poder, pero sin un sentido programático que recoja las acumuladas necesidades sociales, tanto las que son objeto de rezago como las propias de la coyuntura. Los partidos están obligados a mostrarle a la sociedad su compromiso constitucional y, anclado en ella, su compromiso de transformar el sistema político existente, pues ya es muy obvio que no sirve como está. Si se ve la Constitución como una organización de responsabilidades y al sistema político como la trama en la que aquéllas interactúan para alcanzar los fines de corto, mediano y largo plazos que son buenos para la vida social, queda claro que el dicho sistema, del cual los partidos son componentes muy importantes, no está siendo eficaz. Una elección con sentido constitucional es para los partidos su prueba de fuego y empieza con la preparación y selección de candidatos y candidatas idóneos para cada puesto. En específico, las dirigencias de los partidos deben actuar para que el proceso electoral culmine dándole soporte al desarrollo de la educación.
El gobierno, la tercera entidad paralela a la reforma educativa, tiene como responsabilidad inmediata continuar estableciendo y fortaleciendo los medios para que la reforma educativa continúe su desenvolvimiento. Este proceso debe de ser de tal naturaleza que la siguiente administración encuentre una reforma perfectamente institucionalizada en todos sus componentes, de forma tal que le sea difícil afectarla negativamente y le sea fácil hacer los ajustes que sean requeridos, que idealmente deben ser mínimos y no sustantivos. El tiempo del proceso electoral es uno valiosísimo para la política educativa.
Hay una obligación del gobierno con el proceso electoral que puede parecer paradójica, pero no lo es: está obligado a no intervenir; ese es su mayor servicio a la sociedad. Así como la educación, cada ramo de la administración, en el nivel federal y en el de los estados, necesita la paz y la energía social que da la democracia, la que es fuente de instituciones que son respetadas.
Las acciones que ocurran en las tres entidades paralelas no son extrañas a la educación; a fin de cuentas, forman parte del proceso en el que los ciudadanos de toda edad aprendemos el sentido y los valores constitucionales de la vida pública. La escuela, en todos sus tipos y niveles, necesita acompañamiento, soporte y respeto de la sociedad y del sistema político. Así, el proceso electoral, los partidos y el gobierno, si tienen una vida institucional conforme a los principios constitucionales, serán fundamentales en la formación ciudadana.
