En alguno de sus libros acerca de La costumbre del poder, don Daniel Cosío Villegas anotó que los presidentes de México eran monarcas sexenales. Esa obra inspiró a Enrique Krauze para denominar al sistema político mexicano como una república imperial. El rasgo principal de dicho sistema era la concentración del poder político en la institución presidencial. Poder que se vino abajo con el arribo de la democracia electoral, la alternancia en la titularidad de la Presidencia de la República y la creación de nuevas instituciones.
Pienso que el proyecto de plazo largo de Enrique Peña Nieto es la restauración (en condiciones distintas, por supuesto) del poder presidencial. El primer paso es la reconcentración de las funciones políticas trascendentes en las instituciones del centro con el apoyo de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática. El Pacto por México diseña el proyecto y, con todo y algunos refunfuños, el Congreso federal lo acoge con entusiasmo.
La reforma a los artículos 3 y 73 de la Constitución fueron el primer paso; el segundo, la promulgación de las reformas a la Ley General de Educación, y de las leyes del INEE y de la General del Servicio Profesional Docente. Ésta proporciona “dientes” a la SEP para centralizar el diseño y ejecución de las políticas de educación; y que, en conjunto con la ley de contabilidad gubernamental, desmantela ciertos rasgos “feudales” que habían construido los gobernadores. Es lo que Pascal Beltrán del Río identifica como “la revancha del centro” (Excélsior, 20 de octubre), cuya estocada letal sería la creación del Instituto Nacional de Electores.
El Congreso comparte ese afán centralizador. Con 423 votos a favor, 48 en contra y nueve abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la semana pasada una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal que arranca a los estados el control de la nómina de los maestros. Con ésta el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica se transmuta en el Fondo de Aportaciones de Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone).
Algunos colegas aplauden esta medida. Piensan que algo de racionalidad burocrática impulsada desde el centro mejorará la administración de la educación básica y el gobierno central podrá controlar que el gasto se ejerza mejor (la SEP dejaría de ser un archipiélago, para usar las palabras del secretario Chuayffet). Cierto, los “caninos” de esas reformas son patentes. Si hay voluntad política, la SEP podrá instrumentar en unos cuatro años la limpieza de la nómina y acabar (o limitar) la existencia de aviadores, racionalizar las tareas de los asesores técnico pedagógicos, expulsar al personal indeseable de las supervisiones de zona y otras medidas. La más importante: tendrá el poder para retener los salarios a los maestros que hagan paros y huelgas. Ningún gobernador tiene ese poder; autoridad sí, pero el SNTE le impide ejercerla.
Empero, me surgen dudas: ¿quién y cómo eliminará los derechos laborales creados por la doble negociación en los estados, en particular en Oaxaca? ¿Quién impedirá que las bases de datos de las nóminas actuales, que se alimentan en los sistemas electrónicos locales, se usen para que los gobernadores paguen las prestaciones negociadas entre ellos y el SNTE, y así conservar alianzas locales y el intercambio de favores? ¿Quién y cómo va a controlar las nóminas de los maestros estatales, que no entraron en la descentralización?
Una colega me comentó, con preocupación, que con la recentralización del pago también se concentra el conflicto; el Fone implica que los maestros negociarán con la SEP y tendremos manifestaciones cada año como las que los capitalinos sufren hoy. No hay nada que garantice que los burócratas del centro sean mejores que los de los estados, dijo.
Un amigo, que fue secretario de Educación en un estado, me escribió y concluyó con una sentencia categórica: “Las broncas subsisten casi igual que antes para los estados. No veo mucha diferencia, salvo que habrá menos queso para roer en la periferia del poder”.
Con las reformas en marcha se desahucia de manera formal al federalismo que nunca existió. La república imperial vuelve por sus fueros. ¿Quién fuera a pensar que el PRD y —sobretodo— el PAN, contribuyeran a ese finiquito. Los vaivenes de la política.
*Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana
