Se ha dicho hasta el cansancio, pero hay que repetirlo tanto como sea necesario: la primera e indeclinable obligación de las autoridades políticas y del Estado en su conjunto de cualquier país es garantizarles seguridad a los ciudadanos y habitantes del territorio que gobiernan.
Esta obligación es fundante, dado que constituye la justificación fundacional para la existencia misma del Estado.
Lamentablemente y, en particular, de algunos años a la fecha, el Estado mexicano ha fallado y sigue fallando, visible y aparatosamente, en cumplir con esta obligación centralísima. Para los pocos que tienen la suerte de vivir en lugares más o menos seguros y/o que tienen la posibilidad de pagarse su propia seguridad, el tema es más bien teórico.
Para el grueso de la población del país, sin embargo, la falta de capacidad y/o voluntad de las autoridades para asegurar la vida, la libertad y la propiedad tiene efectos catastróficos.
Un ejemplo reciente tiene que ver con el secuestro de cinco maestros de la Secundaria Técnica 114, de la comunidad de Santana del Águila, municipio de Ajuchitlán en el estado de Guerrero el lunes 11 de enero de este año. De acuerdo a la información periodística disponible, estos docentes –entre ellos el director del plantel– fueron secuestrados por un grupo de hombres armados, quienes irrumpieron en el plantel, a plena luz del día, aquel lunes.
En un inicio, según reporta la prensa, los secuestradores exigieron un rescate de 3 millones de pesos por cada docente. Al parecer, más tarde redujeron la cifra a 300 mil pesos para liberar a cada uno de ellos. El viernes de esa misma semana, 4 de los maestros secuestrados fueron liberados, pero también se supo que el director del plantel, Joaquín Real Toledo, había muerto en el proceso –no queda claro si por complicaciones de salud o porque lo asesinaron sus secuestradores.
El gobierno del estado de Guerrero anunció con bombo y platillo el haber encontrado a los secuestrados y atribuyó su liberación a las labores conjuntas del gobierno estatal y federal. Sin embargo, los familiares de los docentes secuestrados han insistido (según reporta, en particular, el diario El Sur, Periódico de Guerrero) en afirmar que la liberación de estos fue producto del pago que sus familias, con ayuda de muchos, le hicieron a los secuestradores.
El asunto interesa por muchas razones. Destacan, entre ellas, el que, desafortunadamente, estos secuestros no sean los únicos de maestros que se hayan dado en Guerrero y en otras entidades federativas en fechas recientes. El asunto importa, en especial, pues uno esperaría que la recuperación de la rectoría del Estado mexicano en materia educativa no sólo incluyese retomar el control de la administración de las plazas docentes, sino también y muy fundamentalmente, el que el gobierno federal y los gobiernos estatales se comprometiesen, de forma vocal y explícita, a garantizar la seguridad de los docentes y a actuar en consecuencia.
Resulta positivo el que, de unos meses para acá, las autoridades educativas a nivel federal hayan insistido en la importancia central de los docentes para la educación nacional y, al mismo tiempo, hayan instrumentado, con consistencia y firmeza, la evaluación de los maestros mandatada por la Ley del Servicio Profesional Docente. Contrasta mucho con el discurso exaltador de los docentes y con la determinación en relación a hacer efectiva su evaluación para acceder o permanecer el cargo, sin embargo, la muy baja prioridad que el gobierno federal le ha concedido (al menos, en los pronunciamientos públicos y no sabemos bien a bien qué tanto en la práctica) al gravísimo asunto de los secuestros del personal docente, en particular, así como y más generalmente, a su obligación de velar por seguridad de los maestros del país.
Garantizar la seguridad de los docentes no es, evidentemente, responsabilidad directa de la SEP, pues ello excede su mandato y capacidades. Resultaría vital, con todo, el que dicha dependencia fijase una posición explícita y firme en relación a este tema y generase protocolos para activar sistemática y oportunamente tanto la intervención de las dependencias federales y estatales directamente responsables de la integridad física y la libertad de los maestros mexicanos, así como el propio apoyo y/o asesoría de la SEP, cuando ello hiciera falta.
Algo así serviría, no sólo para recordarnos que el gobierno sí sabe que es su responsabilidad garantizar nuestra seguridad, sino también daría contenido material concreto a su discurso a favor de los docentes.
Twitter:@BlancaHerediaR
