Se equivocaron quienes pensaban que con el regreso del PRI a Los Pinos retornaría el régimen de la Revolución Mexicana. Los gobernantes de hoy parecen presa de caza de una opinión pública ávida de transparencia, de periodistas insaciables de novedades, y una miríada de organizaciones civiles que vigilan el hacer de las instituciones públicas y de quienes las regentean. A veces esa inspección tiene consecuencias y algo se avanza, en otras las instituciones se encierran en sí mismas y siguen tan opacas como en el pasado. Pero pagan los costos en legitimidad.
La semana pasada tuvimos una tormenta que puso a la Secretaría de Educación Pública bajo una crítica severa. El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) publicó un estudio que elaboró con base en la información del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial. Los datos estaban en la página web de la SEP y el Imco encontró cosas que, cuando leí las noticias, me pararon los pelos de punta. Los diarios, la radio, la televisión y la difusión por las redes pusieron de cabeza a los altos funcionarios de la SEP y a varios gobernadores; me imagino que éstos también se enojaron, pues les llegaban flechas envenenadas por todos lados.
Los periódicos destacaron los datos más escandalosos del informe del Imco el 15 de mayo, el mero Día del Maestro. Nuestro Excélsior, por ejemplo, subrayó, que hay más de 91 mil profesores de educación básica con salarios por arriba de los 44 mil 335 pesos mensuales; que los coloca como parte de 10% de los hogares más ricos de México. De ellos más de siete mil ganan arriba de 100 mil pesos al mes y 70 docentes cobran más que el Presidente.
Luego vinieron los casos concretos. Un maestro de Oaxaca, dijo el Imco, cobró cada mes más de 600 mil pesos; en Hidalgo, según el mismo informe, las Lupitas y los Lupitos(más de 400 docentes que el Imco supuso nacieron el 12 de diciembre de 1912) costaron más de 31 millones de pesos en el último trimestre del año pasado; una maestra de Guerrero que el Imco conjeturó que gana más de 576 mil pesos por mes; y un jardín de niños donde trabajan seis maestros y hay un solo alumno.
El informe molestó a los dueños del sindicato, a los disidentes y a los gobiernos aludidos que consideran que la intervención de organismos civiles es inaceptable. Dicen que son ataques del neoliberalismo contra la escuela pública. Juan Díaz de la Torre lo dijo con claridad, “hoy se nos debería honrar, no demeritar” (sic).
Cierto, el informe del Imco —como después lo señaló el subsecretario de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de la SEP y colega articulista en este periódico, Enrique del Val— contiene errores. El funcionario desmontó los argumentos en los casos arriba mencionados y se cubrió las espaldas al señalar que la información provenía de los estados. Lo de las Lupitas y Lupitos es una clave y la maestra de Guerrero ganó un juicio laboral. El Imco también haría bien en corroborar sus datos. Pero el subsecretario no dijo nada de los otros asuntos. Le dejó la palestra al Imco. Entonces, se puede suponer, lo demás es verdad.
Lo relevante de este y otros casos es que las autoridades se ven forzadas a informar, aunque lo hagan de mal humor. Fue el caso del gobernador Gabino Cué, de Oaxaca, cuando respondió que el pago de más de 600 mil pesos al maestro Adolfo Ramírez Zenteno (que según Reforma no aparece por ningún lado) fue un error administrativo; pues se había retrasado su salario por más de nueve meses. Si eso es cierto, ese maestro no parece de Oaxaca. Ningún miembro de la Sección 22 deja pasar una quincena sin recibir sueldo.
Claro, ni el Imco ni otras organizaciones, como Mexicanos Primero, son angelitos, tienen intereses, algunos explícitos y tal vez otros bajo la manga. Pero me opongo a que se les niegue la voz por estar ligados a grupos empresariales. Si se está en desacuerdo con ellos hay que debatir, argumentar y refutar con datos las observaciones que nos parezcan erróneas. Lo de ataques neoliberales a la escuela pública no me convence; hay alegatos que, pienso, derivan en ideología barata.
No todo es asunto de la SEP, al menos no todavía, pero no estaría mal que la alta burocracia se acostumbre a vivir bajo sitio y a ganar legitimidad con el debate.
*Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana
Publicado en Excelsior
