En periodo de elecciones es fácil empantanarse en la discusión sobre la “reforma educativa”, especialmente porque es una etiqueta que se le puede pegar a todo lo que a un variopinto grupo no le gusta, para entonces denostarlo: desde arraigadas e indignantes injusticias históricas, hasta caprichos sazonados por la ignorancia, pasando por los recientes ajustes sobre selección, desempeño o promoción de docentes, que pusieron fin a décadas de dominio extralegal y de captura de voluntades, votos o dinero que una parte de ellos, políticos avezados y líderes gremiales depredadores, no se resignan a perder.
Tras el cambio profundo al Artículo Tercero Constitucional, en 2013, se ha hecho un uso ambiguo de la expresión. La verdadera reforma educativa es permanente, no de tal o cual sexenio, y no puede circunscribirse solamente a los cambios y adiciones al marco normativo o administrativo.
No aceptamos el discurso autoelogioso de la administración federal de los años 2012-2018, que pretende presentar los cambios recientes como “la” reforma. Al hacerla aparecer como la única o definitiva, al no reconocer el trabajo previo, al no acreditar su origen en las exigencias de sociedad civil y presentarla como pacto de partidos y consultoría de externos, al no acreditar el trabajo de los estados y atribuirse los logros a sí mismos y los errores y desajustes a los gobernadores o secretarios estatales, se dispararon en el pie del prestigio y hacen peligrar, con su tono altanero, la continuidad de los cambios positivos.
Si alguien sabe de las limitaciones de los cambios aprobados son los profesores, los funcionarios intermedios y los activistas que hacemos solicitudes de información, verificación en campo y emplazamientos de rendición de cuentas. Por eso, tampoco aceptamos, y cuestionamos, la descalificación superficial de los detractores oportunistas que afirman que es “mal llamada”, o “laboral”, o “punitiva”.
“Punitivo” es que los niños tengan un sistema que no asegura la preparación de sus maestros. “Mal llamada reforma” es pensar que una consulta (¿A quiénes? ¿Con qué formato? ¿Cuántas preguntas? ¿Por cuánto tiempo?) puede pasar encima de los derechos constitucionales y, además, sancionados por la Suprema Corte. “Laboral”, en su más vulgar sentido, es pretender que, arengando a maestros confundidos, se les va a resolver la injusticia que padecen por los topes de nombramientos, la barrera de las 19 horas, las tutorías que no les llegan, o los pagos atrasados o incompletos que recibieron pese a que hicieron evaluaciones para promoción.
El papel de la sociedad civil en la transformación educativa es crucial, porque una política de Estado tan importante como el derecho a aprender requiere su contribución para que cruce los sexenios y no naufrague en las veleidades de nombre y culto a la personalidad, ni de los que se están yendo, que todo se atribuyen, ni de los que van a llegar, que quieren modificar lo que nunca les ha importado de verdad y que a duras penas están empezando a familiarizarse con los términos.
Nos corresponde exigir cuentas a los funcionarios que terminan, y el mandato por conceder en las elecciones de 2018 debe evitar que se “reinvente”, por una desdeñosa clase política, lo que sí funciona, y debe combatir que se mantenga por simple inercia lo que no da resultado: es imperativo saber que siempre hay que “reformar la reforma”.
Para dar un vistazo a lo que se logró y a lo que sigue, se puede consultar y descargar sin costo “La escuela que queremos”, en www.mexicanosprimero.org. Ahí se detallan los avances y bloqueos a 16 políticas públicas clave que tuvieron modificación en su marco legal y que se hallan en distintos momentos de implementación.
Insistiremos: la transformación educativa va más allá de una administración, y no merece quedar atada a su desprestigio o su desubicada estrategia publicitaria. La reforma educativa en México comenzó antes y continuará después de este periodo de gobierno federal. Y esta transformación sólo tiene sentido en la medida en que la hacemos realidad para cada niña, niño y joven, en cada aula de cada escuela de México.
