Esta colaboración para Educación Futura forma parte del proyecto La reforma
educativa en el marco del derecho a la educación y el cosmopolitismo,
de: Mercedes Ruiz, Leonardo Oliver y Marco Contreras
Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ),
Universidad Iberoamericana, Ciudad de México
La suspensión indefinida del calendario de evaluaciones previstas por la SEP, el INEE y la Coordinación del Servicio Profesional Docente, que iniciaría con la evaluación de habilidades docentes, ha puesto en vilo a la reforma educativa. La decisión unilateral e imprevista de la SEP de suspenderlo causó el descontento del INEE, como un claro atropello a sus atribuciones y pone en duda la autonomía del Instituto, la cual suponía la transversalidad de sus directrices sin la intervención de actores políticos ajenos.
La invasión a sus atribuciones ha provocado que el Consejo Social Consultivo de Evaluación de la Educación (CONSCEE), órgano auxiliar del INEE e integrado por Organizaciones de la Sociedad Civil, emplazara a Peña Nieto a un ultimátum irrisorio: reanudar el calendario después de las elecciones. Mexicanos Primero y la Unión Nacional de Padres de Familia también han exigido dicha reanudación, apelando al bien superior de la niñez y en pos del desarrollo de una política docente meritocrática. Detrás de la justificación de la cancelación que ofreció la SEP: la aparición de nuevos elementos a considerar que ameritan suspender el calendario de evaluación, hay incredulidad. Lo más grave es que, en palabras de Manuel Gil, todo estaba listo para la evaluación.
Esta situación, evidencia la correlación entre la amenaza de la CNTE de boicotear las elecciones del 7 de Junio en 11 estados y la medida disuasoria de cancelar la evaluación. En ese sentido, emergió la crítica al gobierno de ceder ante la oposición por su presión política y por lo tanto, abortar la decisión de llevar la reforma hasta sus últimas consecuencias. Pero al mismo tiempo, con esta decisión forzó a la CNTE a replantearse su estrategia de oposición, que ya tenía prevista una mesa con SEGOB con el fin de exigir precisamente eso, la cancelación de la evaluación. En ese nuevo escenario, la CNTE decidió proseguir de acuerdo a lo planeado y no dar marcha atrás a su boicot electoral y negociar con SEGOB, encuentro que resultó infructuoso.
La política por encima de lo educativo
Con estas acciones se observa lo que ya señaló Manuel Gil: las razones políticas se imponen a la lógica educativa. Pero lo anterior no significa que la educación pública no sea un ámbito sujeto a directrices políticas. Es cierto que se subordinaron los objetivos de la reforma, que para algunos como Mexicanos Primero son eminentemente formativos para la niñez y para otros como Gil, son meramente laborales. Pero la SEP tiene en todo momento la autoridad para reanudar o cancelar ese calendario, ese es el mensaje que busca transmitir a sus contrapartes, SEGOB e INEE. Se trata de un alto costo político que añade tensión a los roces que estos actores han tenido en la conducción de la reforma. Este amago interinstitucional revela que ni aun creando un órgano autónomo dedicado exclusivamente a la evaluación e independiente de los vaivenes políticos la agenda educativa se mantiene a salvo. Esto llama a considerar la importancia de poner esa agenda en manos de los directamente interesados e inmersos en la experiencia docente.
Sin duda, la suspensión de la evaluación crispó a diversos actores políticos que se disputan la direccionalidad de la política de evaluación. Pero en un contexto más amplio, es explicable la suspensión de la evaluación, porque las elecciones y la hegemonía del partido en el gobierno están en juego. Vale la pena aprovechar este espacio para replantear una política de evaluación de abajo hacia arriba, que permita construir una cultura de la evaluación con la participación de los docentes, supervisores y directivos. Si ese fuera el caso, otro sería el escenario político. ¡Será posible!
