¿Cómo mantener la histórica posibilidad de los universitarios para entrar y salir de sus espacios sin impedimento alguno? ¿Cómo mantener el libre acceso a personas y familias enteras que se acercan al campus central los fines de semana para disfrutar de un concierto, ver un partido de futbol o simplemente pasear por sus zonas verdes? ¿Cómo seguir generando las condiciones básicas de seguridad para los miles de universitarios y visitantes que diariamente acuden a las aulas, seminarios, laboratorios y actividades de extensión de la UNAM?
Para nadie es un secreto que, desde hace varias décadas, numerosos miembros de la comunidad han enfrentado situaciones de vulnerabilidad en las propias instalaciones universitarias: amenazas, despojo de bienes personales y, en el extremo, asesinatos. Es en este escenario que se inscribe el mercadeo de la droga el cual, amparado en su condición subterránea e indefectiblemente violenta, opera de acuerdo con las reglas y modos que marcan las redes que promueven su producción y tráfico.
Esto quiere decir, en breve, que el trasiego y venta de drogas no puede ser minimizado como un ejercicio meramente local o inofensivo que ocurre ocasionalmente en la zona de los frontones. Estamos en presencia de un inédito acoso de grupos delincuenciales hacia la comunidad universitaria. Y ello nos lleva a reconocer que el flagelo del narco que azota a nuestro país desde hace varias décadas, ha penetrado amplios espacios sociales, incluido el universitario. La UNAM, ya se ha visto, no está dentro de una burbuja, sino que forma parte de un entramado nacional seriamente lastimado por la violencia y por una serie de decisiones gubernamentales claramente fallidas.
Y debemos recordar que a este país el narco y el delito le han hecho mucho daño y han generado una cifra insólita de muertes: más de 25 mil homicidios dolosos sólo en 2017, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Así, sin negar otros graves problemas –como la desigualdad social, el déficit democrático, la corrupción y la injusticia– hoy resulta indispensable reconocer que a la Uinversidad no le hace nada bien lo que está pasando. La pregunta está abierta: ¿qué hacer pues con el problema del narco y la violencia en la UNAM? ¿Qué nos toca hacer de manera individual y, sobre todo, qué podemos hacer como comunidad?
El 2018 nos plantea diversos retos y escenarios cargados de tensiones: en el plazo inmediato ha de superarse el riesgo de la impunidad, reclamando el cumplimiento de la justicia en el tema de los asesinatos; en el mediano plazo debe alejarse el riesgo de que, en el marco del proceso electoral nacional, fuerzas externas intenten aprovecharse de la problemática universitaria; y en la dimensión estructural y de largo plazo resulta crucial trascender el riesgo del inmovilismo, abriendo una profunda discusión e impulsando políticas nacionales relativas al consumo de drogas recreativas.
El terreno es por ahora altamente propicio para el lanzamiento de soluciones milagro o, como dijo un hombre que llegó a ser presidente, para resolver el asunto en 15 minutos. Y nada más equivocado. En asuntos serios es preciso que los universitarios podamos llevar a cabo análisis profundos y consistentes; que podamos establecer mecanismos de reflexión para trascender las posiciones más radicales –como la entrada de la policía o la dotación de armas a los trabajadores de vigilancia– y que podamos identificar con claridad los riesgos de 2018 para pensar en la construcción de la universidad del futuro.
El gobierno universitario tiene como condición básica el mantenimiento de un delicado equilibrio entre sus diversas partes y ha de estar fundado en la razón y la reflexión académicas. Y en la UNAM la historia nos demuestra que no es con manotazos ni con amenazas como se resuelven los problemas universitarios y que sólo mediante la sensatez es posible contender con ellos.
La disyuntiva que hoy enfrentamos estudiantes, académicos y directivos de las instituciones de educación superior de México –porque se sabe que la venta de drogas está presente en escuelas públicas y privadas del país– está muy clara: o mostramos inteligencia y voluntad para hacer frente a este tema o, tal como ha sucedido en todo el país, el problema del narco y la violencia terminará por imponerse también en el campus. El futuro, en muchos sentidos, está en nuestras manos.
