Wenceslao Vargas Márquez
El 9 de marzo de 2006, Otto Granados Roldán, firmando como analista político y con un correo electrónico del ITESM, revisaba en un diario nacional las montañas de dinero que recibía el SNTE en esas fechas y se preguntaba por el origen, monto y destino de las cuotas sindicales del principal sindicato magisterial del país.
Escribía Granados: “El diario capitalino Reforma obtuvo, a través del IFAI, las cantidades que, en paralelo al pliego petitorio que presenta el sindicato magisterial a la autoridad educativa, entrega el gobierno, las cuales, en 2005, sumaron casi 900 millones de pesos a través de siete programas, algunos de ellos manejados discrecionalmente por la organización laboral”. Añadió enseguida: “el cuarto asunto, el más crítico y más sospechoso, es el de las cuotas sindicales: ¿Cuánto recibe el SNTE de la SEP y los estados? ¿Cuánto regresa a las secciones sindicales? ¿Cómo y en qué gasta el resto? ¿A quién le rinde cuentas?”. Granados se respondía, citando diversas fuentes, (entre otras una fuente veracruzana; ¿quién?), que las cuotas recogidas por el CEN serían en promedio de mil 563 millones de pesos, de los que las secciones reciben unos 450 millones y la dirigencia nacional unos mil 100 millones.
En septiembre de 2011 la agrupación Mexicanos Primero afirmaba que tras revisar vía IFAI las bases de datos del Registro Nacional de Maestros, el SNTE recibe 545 millones 682 mil 154 pesos cada trimestre, por concepto del uno por ciento del sueldo de los maestros federalizados. Debemos multiplicar por cuatro para saber el monto anual y obtenemos 2 mil 200 millones de pesos anuales de cuotas sindicales. Doce años después del 2006, en nuestro actual 2018, el balance es hacia la administración encabezada por el propio Granados y sus dos antecesores. Hace un año, en abril de 2017, ante una solicitud de información de un diario nacional (bit.ly/2owBFqi) la SEP informó que le ha dado al SNTE, a través de la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros y la partida 15401 un total de 550 millones de pesos para que promueva y apoye la reforma educativa. El diario se quejaba de que la información solicitada incluía el plazo 2013-2016 y solo se le entregó la de esos dos años, sin la de los intermedios 2014 y 2015.
Al mes siguiente, mayo de 2017, otro diario perfeccionó la solicitud y obtuvo cifras superiores. La SEP informó entonces (Reforma, citada, bit.ly/2uuhBpO) que entregó al SNTE mil 730 millones de pesos, tras las negociaciones salariales entre 2013 y 2016. “El sindicato informó que recibió el dinero para tres programas: 650 millones de pesos para las Acciones de Difusión sobre los Beneficios y Compromisos de la reforma educativa y la Ley General del Servicio Profesional Docente; 580 millones para las acciones de Previsión Social, Fomento Cultural y al Ahorro, Capacitación y Actualización del Magisterio; en 2016 recibió 500 millones de pesos para el Fortalecimiento del Programa Nacional de Apoyo a la Reforma Educativa”.
Todo esto explica la dificultad de las actuales cúpulas del SNTE y sus secciones para deslindarse de la reforma educativa ahora que ésta ha sufrido el revés en las urnas. Estas cifras millonarias y su opaco destino explican la dificultad que tienen para defender a los agraviados por la reforma educativa y en particular por la Ley General del Servicio Profesional Docente. Se le paga al sindicato por defender la reforma educativa y la ley docente, y por no defender trabajadores. (Así, todo apunta a que mi caso de represalia laboral seguirá congelado después de 17 meses sin sueldo a la espera de que el nuevo gobierno cumpla con la justicia que ofreció). El del SNTE es actualmente un problema ontológico, existencial, teleológico. ¿Qué defender con tanto dinero disponible en cajas y chequeras si –coactivamente- no hay manera de defender trabajadores? Pues a defender las playas, a los popotes y a la vaquita marina; a dar clases vía Sinadep con apoyo del ente privado Aliat Universidades cuya prenda académica (explican) es haber sido mencionada en 2015 en una guía universitaria de Selecciones del Reader’s Digest.
El sindicato petrolero tiene un perfil similar de cifras multimillonarias y opacidad. El portal Sin Embargo publicó hace unas horas (bit.ly/2Nk5UsZ) que el líder Romero Deschamps recibió $1,400 millones de Pemex, de 2006 a la fecha; “podrían ser muchos más”, dice el editor. Del sindicato ferrocarrilero se publicó hace una semana (bit.ly/2LdVNsc) que Víctor Flores Morales recibe al mes más de 1.4 millones de pesos de cuotas sindicales de ex trabajadores que ya no tienen relación con ese gremio. Jubilados “acusaron que les continúan descontando 53 pesos mensuales desde 2011 cuando -sin su consentimiento- fueron incluidos en el padrón del sindicato”. Por el estilo todo el sindicalismo cercano al PRI.
¿Qué sigue para el nuevo gobierno? El presidente electo López Obrador enfrentará a estos dirigentes, más los de la CTM, FSTSE y un largo etcétera a través de la Secretaria de Trabajo María Luisa Alcalde, de 31 años de edad (CdMX, 1987). Para ella y el presidente electo una propuesta: modificar la ley para que las cuotas sindicales recibidas por los sindicatos mexicanos sean objeto de publicación obligatoriamente escrita en algún sitio concreto de la red de redes. No habrá Cuarta Transformación sin esta necesaria transformación. Si el nuevo gobierno no la impulsa pasaría a la historia (en esta materia) como pasó a la historia aquél otro que se presentó como el de la transición, como pasó a la historia el de Vicente Fox.
