Eva Astorga Tapia
La evaluación docente se ha convertido en una cuestión de preferencias políticas, y el énfasis que se le ha dado dice poco o nada sobre sus resultados, concluyó un grupo de académicos durante el XV Congreso Nacional de Investigación Educativa, realizado entre el 18 y 22 de noviembre de 2019, en Acapulco, Guerrero.
“La evaluación docente no produce mejoras automáticas, apuntó la Doctora Arcelia Martínez Bordón, miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Es necesario establecer un plan de acción remedial. Ante todo, dicha valoración debe convertirse en una oportunidad para crecer y no para castigar, ya que las sanciones crean un ambiente de escepticismo y recelo entre los docentes. Sin embargo, “el presupuesto es alto para la evaluación y corto para la capacitación”, acotó el Doctor Carlos Rafael Rodríguez Solera, del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (INIDE), de la Universidad Iberoamericana.
Con respecto a la aplicación de pruebas estandarizadas, cuyo objetivo es proporcionar resultados comparables entre distintos grupos de estudiantes, y que han sido acusadas de ser desventajosas para los menores de contextos marginados, Rodríguez no las considera justas ni injustas; en realidad, lo injusto son las situaciones de desigualdad que impiden el desarrollo homogéneo de los estudiantes, y es obligación del Estado trabajar en la erradicación de dichas circunstancias.
Igualmente, eliminar el examen de admisión para las instituciones de educación superior, “sí es injusto, porque nos quita a oportunidad de mejorar”, indicó Georgina Hermida Montoya, miembro del Programa de Investigación “Alternativas Pedagógicas y Prospectiva Educativa en América Latina”, de la UNAM. Descartar la prueba de admisión es un grave desacierto, ya que solo enmascara los problemas de aprendizaje y enseñanza.
En conclusión, los resultados de evaluación a docentes y estudiantes deben traducirse en políticas públicas que permitan implementar medidas correctivas. Ante la falta de órganos facultados para ello, los observatorios educativos deben participar en el debate nacional sobre educación.
A pesar de su diversidad, los observatorios educativos tienen como base común la búsqueda de participación social, transparencia y exigencia ciudadana; y sus líneas de acción abarcan periodismo de investigación, la revisión de políticas públicas y la emisión de recomendaciones.
