Rogelio Javier Alonso Ruiz*
Las letras chiquitas cambian por completo el sentido de una oferta comercial, de la prestación de un servicio, de las características de un producto y de la naturaleza de un contrato laboral. Su omisión puede generar falsas expectativas. Parece que en la conferencia matutina del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el pasado 12 de septiembre, en la que refirió haber propuesto el otorgamiento de plazas automáticas a los egresados normalistas, sin evaluación de por medio, faltó hacer mención de las letras chiquitas. Apenas una semana después, tras la aprobación de las leyes educativas secundarias en la Cámara de Diputados el 19 de septiembre, es posible advertir que lo dicho por el presidente no estaba totalmente apegado siquiera a los proyectos de decreto que se discutieron ese día: los exámenes de ingreso al servicio continúan y no existe tal pase automático, simplemente se trata de priorizar a los normalistas sobre los de otras instituciones de educación superior al momento de seleccionar a quienes ocuparán las plazas disponibles. Faltaron pues muchas precisiones en el mensaje presidencial.
El artículo 35 de la recién aprobada Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros señala que “una vez definida la demanda futura por región, se asignarán las plazas a los egresados de las escuelas normales públicas, de la Universidad Pedagógica Nacional y de los Centros de Actualización del Magisterio”, lo que da a entender el otorgamiento automático para los originarios de estas instituciones. Sin embargo, el artículo 40 de la misma ley clarifica sobre los egresados de las entidades mencionadas: “tendrán prioridad para la admisión al servicio público educativo”. ¿Cómo conciliar entonces las redacciones de los artículos 35 y 40? ¿Asignación y prioridad simultáneamente? Una posible explicación sería que se les otorgará plaza, siempre y cuando aprueben la evaluación de ingreso (aunque no lo dice, es de suponerse, si no sería en vano la existencia de ésta), teniendo preferencia sobre los egresados de otras instituciones al momento de elegir las plazas docentes. Un supuesto muy lejano al discurso del presidente López Obrador.
La contradicción entre los artículos 35 y 40 seguramente no es producto de una imprecisión involuntaria. A reserva de una mayor claridad en los lineamientos respectivos para los procesos de admisión, parece que con los artículos se intenta dar cabida a dos posturas aparentemente irreconciliables: la preservación de los concursos abiertos para el ingreso al servicio y la limitación de éstos exclusivamente a quienes tienen formación pedagógica especializada. Se habría optado por una postura salomónica: se sigue permitiendo que todos los interesados participen en busca de una plaza docente, sin embargo, al momento de elegir plazas, los egresados de instituciones formadoras de maestros tendrán preferencia sobre los otros. Una jugada estratégica de los actores políticos que moldearon los concursos abiertos y la participación de profesionistas especializados para hacerlos compatibles.
Por otra parte, tanto en los discursos como en las leyes mismas se ha dicho que la preferencia a egresados de instituciones como las Escuelas Normales, la Universidad Pedagógica Nacional y los Centros de Actualización del Magisterio es una medida para el fortalecimiento de éstas. Si bien tal acción abona a la reivindicación de su función social, al reconocer implícitamente que son la mejor opción de formación de los profesionales que ocuparán las plazas docentes, en su funcionamiento tal medida no representa mucho. El fortalecimiento de estas instituciones queda en entredicho sobre todo a la luz de la posible asignación presupuestal del siguiente año para las Escuelas Normales, situación que ha motivado la inconformidad de los Delegados del Congreso Nacional para el Fortalecimiento y Transformación de las Escuelas Normales Públicas, quienes advierten la reducción a casi una cuarta parte del monto que se tenía asignado en 2016. Asimismo, los grandes problemas del normalismo y las instituciones formadoras de docentes han sido prácticamente olvidados en los debates públicos en la elaboración de las leyes correspondientes.
Así pues, en el discurso del presidente hizo falta hacer mención de las “letras chiquitas” referentes a la asignación automática de plazas a normalistas. A la espera del surgimiento de los lineamientos correspondientes, da la impresión que cuando se habló de otorgamiento de plazas automáticas faltó aclarar que se trataba de una prioridad al momento elegir la plaza, una vez realizada la evaluación para el ingreso al servicio docente. Asimismo, al hablar sobre el reconocimiento de la función de las normales y la promesa de fortalecimiento, faltó incluir con letras chiquitas que se pretende lograr lo anterior con un presupuesto considerablemente inferior al de años pasados. No hay pues, como tal, según las leyes aprobadas, plazas automáticas a normalistas; parece que tampoco habrá, como se ha prometido, el fortalecimiento de las escuelas formadoras de maestros. Ojalá los lineamientos específicos permitan observar con lupa esas letras chiquitas que, en la actualidad, incluso pudieran ser producto de la suposición.
*Rogelio Javier Alonso Ruiz. Docente colimense de Educación Primaria (Esc. Prim. Adolfo López Mateos T.M.) y de Educación Superior (Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima). Licenciado en Educación Primaria y Maestro en Pedagogía.
Twitter: @proferoger85
