El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el campo estratégico en modelos y políticas educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticas del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales con relación a la agenda educativa vigente.
En un estudio realizado por UNICEF (2011) sobre la violencia escolar en América Latina y el Caribe, se plantea que aún existen escuelas donde se vulneran los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño. Se reportan casos de castigos corporales, maltrato emocional, abuso sexual, así como una tendencia creciente del acoso entre pares e inclusive de agresiones de estudiantes y, en algunos casos, de padres contra maestros y autoridades educativas. Los datos arrojados por UNICEF dan cuenta principalmente de estas situaciones y lógicas de la violencia que emergen al interior de las escuelas, reproduciendo maltratos emocionales y físicos que los niños y adolescentes experimentan en su cotidianeidad. El caso del maltrato emocional sistemático entre pares, esto es, entre los mismos compañeros y compañeras de escuela, es motivo de atención en los últimos años, tanto por las políticas públicas, los medios de comunicación y el mismo campo de la investigación educativa. Esto en parte se debe al alto porcentaje de estudiantes que han sido víctimas, o que tienen conocimiento de hechos de maltrato, acoso u hostigamiento escolar, el cual se sitúa entre el 50% y el 70% de la población estudiantil en América Latina (UNICEF, 2011).
La violencia entre pares, más conocida como bullying, es objeto de discusión permanente y es identificada como una de las principales evidencias de la violencia escolar. Aunque se trata de una problemática escolar clave en la configuración de las identidades de los estudiantes y que atenta contra el desenvolvimiento social y cultural de los sujetos, la prioridad que se ha puesto en el análisis y visibilización de este tipo de violencia escolar, ha llevado a ocultar otros procesos significativos vinculados con la violencia que ocurre en las escuelas latinoamericanas.
No resulta llamativo que sean los propios gobiernos latinoamericanos, quienes aducen la importancia de erradicar el bullying escolar, asumiéndolo como la principal problemática sociocultural y comunicativa de las escuelas, mediada por la violencia física y emocional entre los mismos estudiantes. Sin embargo, esta no es la única evidencia de violencia escolar. El foco puesto en los niños y adolescentes como protagonistas de los actos de violencia, pese a que retrata una situación crítica y bisagra de las escuelas latinoamericanas, contribuye al mismo tiempo a la gestación de dinámicas de estigmatización y criminalización de los niños y jóvenes que asisten a la escuela. La identificación de alumnos problemáticos, por lo general, pertenecientes a sectores extremadamente vulnerables, construye una perspectiva estigmatizante de los jóvenes, a quienes se les segrega y atribuye la condición de mal comportamiento. Esta atención puesta en la culpabilidad de los niños y jóvenes en la ejecución de los actos de violencia, silencia e invisibiliza otras caras de la violencia escolar, que tienen como principal responsable a los gobiernos latinoamericanos y a su complicidad con actividades ilícitas. Tal es el caso de la inserción de los aparatos represivos estatales en los propios espacios escolares y la expansión de las redes de narcotráfico y guerrilla que atenta directamente al derecho a la educación de miles de niños y jóvenes latinoamericanos e incumple, por lo tanto, otros derechos básicos y libertades fundamentales.
La destrucción de instituciones educativas por explosiones detonadas, morteros y cohetes, bombardeos aéreos, incendios y saqueos; la ocupación de escuelas por las fuerzas militares, de seguridad, la policía armada o los grupos del crimen organizado, así como el secuestro de niños para ser reclutados forzosamente a las filas de esos grupos criminales, son algunas de las problemáticas a las que se enfrentan cotidianamente las escuelas más vulnerables de Latinoamérica y el Caribe.
Estos incidentes violentos implican el uso de la fuerza en formas que interrumpen y disuaden la provisión educativa, poniendo a educadores y estudiantes en riesgo en ambientes que deberían ser seguros y fuentes de protección. Aún más si se tiene en cuenta que la escuela ha sido identificada históricamente por su papel decisivo en la transformación de los patrones de violencia y para promover el desarrollo de habilidades pacíficas. Esta función se encuentra en crisis, sobre todo a causa de las políticas estatales que, coadyuvadas al mercado privado internacional, la corrupción y la complicidad con el narcotráfico, han hecho de la escuela latinoamericana un escenario sumido en la violencia, la devastación y la privación de derechos fundamentales.
En el caso de Haití, los abusos sexuales contra escolares y mujeres continúa siendo una táctica común en algunos conflictos, los cuales se producen como resultantes de secuestros y ataques a los centros educativos. Estos secuestros son llevados a cabo por bandas criminales armadas y se producen cuando los niños están en camino hacia o desde la escuela. Las niñas representan casi la mitad de las víctimas menores de edad (UNESCO, 2010).
En Brasil, en 2007, ocho escuelas municipales y guarderías de Río de Janeiro, fueron ocupadas sin previo aviso por la policía armada. “Estas instalaciones se utilizaron como base para un ataque de tipo militar contra las bandas de narcotraficantes armados, convirtiéndolas en blanco de ataques mientras los estudiantes seguían asistiendo a clases” (UNESCO, 2010: p.179).
Esta operación involucró a 1.300 policías militares y civiles, además de soldados de la Fuerza Nacional. Los edificios escolares sufrieron grandes daños, y en una ocasión las granadas habían explotado en el patio de la misma escuela.
Por su parte, en Colombia, en 2006, la UNESCO (2010) documentó que las guerrillas de las FARC habían incendiado una escuela en Puerto Jordania, utilizada anteriormente como centro de votación para las elecciones. La denotación de granadas y el incendio de establecimientos educativos es una práctica cotidiana de estos grupos armados, así como el reclutamiento de niños para integrarse a las fuerzas paramilitares.
En México, maestros de seis escuelas de Ciudad Juárez fueron amenazados por miembros de un cártel. “En una serie de advertencias escritas colocadas en las paredes de la escuela a partir del 12 de noviembre de 2008, las bandas de narcotraficantes armados amenazaron con secuestrar a estudiantes si los maestros no pagaban bonos de navidad a los traficantes” (UNESCO, 2010: p. 209)
El 17 de marzo de 2009, en la región de Triqui, San Migel Copola, en el estado de Guerrero, se encontraron más de 20 cartuchos de alto calibre en el campus de un instituto de bachillerato de Oaxaca tras una incursión de bandas armadas en la comunidad. Esto obligó a las escuelas secundarias y primarias de la región a suspender las clases por cierto periodo.
Pese a los diferentes instrumentos legales, así como a la existencia de las Directrices para Prevenir el Uso Militar de Escuelas y Universidades en Conflictos Armados, la violación de los derechos de los niños y jóvenes más vulnerables sigue en aumento. Incluso, estas directrices, aunque constituyen disposiciones vigentes del derecho internacional, no tienen carácter vinculante en sí mismas, por lo que los estados latinoamericanos no están obligados a ejecutarlas.
En este contexto, los casos de militarización de las escuelas, abusos sexuales y el secuestro y desaparición forzada para reclutamiento no solo violenta y censura la garantía del derecho a la educación, sino principalmente el derecho internacional humanitario, destinado a limitar y evitar el sufrimiento humano en tiempo de conflicto armado.
El arrebato de las condiciones dignas de infraestructura y seguridad edilicia son algunos de los rasgos más visibles de esta problemática. El uso militar de las escuelas, tanto como base militar y objetivo de conflicto, termina acechando la propia infancia: familias quebradas por el reclutamiento forzoso de sus niños e identidades forjadas por el miedo y la inseguridad permanente. El temor de trasladarse a la escuela por el uso militar que se hace de ellas, así como de todas las situaciones violentas que se desencadenan de este factor, es una constante en miles de niños. Casualmente este es un aspecto estructural que no se encuentra lo suficientemente investigado, a diferencia, por ejemplo, del estudio de la fobia escolar que responde más a aspectos psicosociales que a las condiciones materiales de existencia, como el conflicto armado y la guerra.
La omisión de todos estos casos a los ojos de los gobiernos latinoamericanos, ejemplos de la violencia que se ejerce hacia las escuelas, no es casual. Sólo se alude a la relación entre el narcotráfico, la militarización y las escuelas, cuando se pretende estigmatizar y criminalizar a determinadas comunidades. Tal es el caso de la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Desde el gobierno mexicano, se intentó aducir, como causa de su desaparición, que los estudiantes se encontraban involucrados con una red de crimen organizado. La insistencia del gobierno por instalar en el imaginario esta perspectiva criminalizante de los jóvenes de Ayotzinapa, ha sido una constante. De esta manera se advierte que la única alusión que se hace desde la política pública a la relación entre el narcotráfico y la violencia escolar, se ejecuta bajo un manto de estigmatización y criminalización de los jóvenes utilizada, en este caso, como una estrategia más de ocultamiento de la responsabilidad y complicidad estatal.
La importancia de la visibilización de las otras caras de la violencia escolar, esto es, de la militarización de las escuelas latinoamericanas, convertidas en escenarios de guerra, es fundamental para la garantía del derecho a la educación, clave e inalienable. En las poblaciones más pobres y vulnerables de Latinoamérica, este derecho se encuentra negado, al estar instaladas en territorios permanentes de conflicto armado.
A sabiendas que los estados latinoamericanos están imbricados en esta problemática y que las reformas educativas actuales desatienden estos factores, ¿qué papel tiene la investigación educativa en este contexto? ¿cómo transformar los análisis lineales y unilaterales que se realizan sobre violencia escolar, de manera que se incluya la mirada de las comunidades y escuelas violentadas por la guerra y el conflicto? ¿qué papel tienen los organismos internacionales en este proceso, aún más si se tiene en cuenta que estos poseen información precisa sobre esas otras caras de la violencia escolar? ¿cómo hacer exigible el derecho a una educación libre de violencia y abusos?
Referencias
UNICEF (2011). Violencia escolar en América Latina y el Caribe: Superficie y fondo. Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
UNESCO (2010). Education Under Attack. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
