Desde los primeros días de octubre, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, ha aprovechado distintos foros para dar a conocer las “siete prioridades de política” en que habrá de concentrar su gestión: 1. Fortalecimiento de la escuela; 2. Infraestructura, equipamiento y materiales educativos; 3. Desarrollo profesional docente; 4. Revisión de los planes y programas de estudio; 5. Equidad e inclusión; 6. Vinculación entre educación y mercado laboral; y 7. Reforma administrativa. Cada uno de estos rubros incluye una serie de acciones generales y específicas que se contempla iniciar, mantener o consolidar.
Este mes la agenda de prioridades ha sido transmitida y explicada en sus implicaciones programáticas y presupuestales a los gobernadores a través del flamante “Mecanismo de Coordinación Regional SEP” que, se recordará, fue creado para facilitar la interlocución entre la autoridad educativa federal y los gobiernos estatales. Al efecto se configuraron cinco regiones educativas: Sur-Sureste, Centro, Occidente, Noreste y Noroeste, cada una con representación de los gobiernos estatales de la zona correspondiente.
A la fecha han ocurrido un par de sesiones de instalación del Mecanismo: la regional Sur-Sureste, celebrada en Campeche el 4 de noviembre, y la correspondiente a la zona Centro, en Puebla el 9 de noviembre. Ambas fueron convocadas y presididas por el secretario Nuño, y en ellas se contó con participación de los gobernadores de la zona respectiva. Además de un amplio intercambio de ideas y de la expresión de las problemáticas locales, cada reunión concluyó con la firma de una declaración, que lleva el nombre de la ciudad sede, y comunica el acuerdo general suscrito. Las dos declaraciones, la de Campeche y la de Puebla, son idénticas. Es de esperarse que en las reuniones restantes, que tendrán lugar el resto del mes, se siga igual procedimiento.
Incluyen las declaraciones un pronunciamiento general del apoyo de los gobiernos locales a la reforma educativa del régimen: “Los Gobernadores reiteramos nuestro pleno apoyo a la Reforma Educativa y a su implementación integral, en el marco de nuestro compromiso con el Estado de Derecho. Acordamos hacer cumplir, en cada una de nuestras entidades, la Constitución y las leyes que regulan la política educativa, en el ámbito de nuestras atribuciones. Nos comprometemos a impulsar los cambios y acciones necesarios para cumplir con nuestra obligación de garantizar una educación de calidad, con equidad, para nuestros niños y jóvenes.”
Aunque no es gran cosa que los gobiernos estales se comprometan a cumplir y hacer cumplir la Constitución y la normativa secundaria, que es lo que literalmente se consigna en el acuerdo, sin duda tiene significado político la estrategia de Nuño Mayer de respaldar la agenda de la reforma en un acto de compromiso formal de los gobernadores. Es de hacerse notar, en este sentido, el tránsito del mecanismo generador de la reforma, esto es el Pacto por México suscrito por el PRI, el PAN, el PRD y la presidencia de la República el 2 de diciembre del 2012, al ámbito del Pacto Federal propiamente dicho. Sin duda para el titular de la SEP lograr esta suerte de consenso con los poderes locales habrá de representar un éxito político, aunque está por verse si también educativo.
Definir como prioridades un conjunto acotado de programas y tareas puede interpretarse en términos de una selección y por lo tanto una posible reducción. Del universo de objetivos, estrategias, programas, acciones y metas enumerados, por un lado en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y por otro en el Programa Sectorial Educativo (PSE), se da relevancia a aquellas que se juzgan estratégicas para hacer avanzar la reforma educativa propuesta. ¿Pasan a segundo plano las acciones educativas planteadas en esos instrumentos que no se recogen en el nuevo sistema de prioridades? Sería preocupante si este fuera el caso, porque el tanto el PND y el PSE incluyen propuestas de mayor amplitud en materia de cobertura, calidad, equidad social, vinculación, perspectiva de género, entre otros aspectos, que no figuran con claridad en el elenco de prioridades.
Por otra parte hay pocas novedades en la definición de política educativa contenida en la reciente definición de la SEP. Citemos las más llamativas: que las evaluaciones y la revisión curricular serán “contextualizadas”. Aunque el propósito es loable, el problema es que, hasta el momento, han fallado los intentos de contextualizar estas prácticas y, bien a bien, nadie sabe cómo llevarlas a cabo con éxito en la escala nacional. También se anuncia como novedad el “desarrollo de habilidades socio-emocionales”, tema de moda en la escena educativa internacional, así como el Programa Nacional de Inglés.
En materia administrativa se establecen tres acciones prioritarias: el Sistema de Información y Gestión Educativa, la eficiencia y transparencia de FONE, y el descuento de faltas injustificadas. Cabe agregar a ellas el tema de la distribución de recursos a través de los recientemente creados Certificados de Infraestructura Educativa para alimentar el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) para construcción y equipamiento. Definir como acción educativa relevante el descuento salarial por faltas injustificadas parece desorbitado, aunque pueda endulzar los oídos de quienes opinan que el rigor laboral es la verdadera solución para los problemas educativos del país.
Si se comparan las “siete prioridades” con, por ejemplo, los diez mandamientos de la Alianza por la Calidad de la Educación de 2008 es fácil advertir que, en el plano de las intenciones, no hay nada nuevo. Son las mismas políticas, los mismos medios. Así ¿se pueden alcanzar mejores resultados?
