La condición de crisis sistémica que se vive en Venezuela, simultáneamente económica y política, pero también social e institucional, ha suscitado un nivel de conflicto pocas veces visto en la región latinoamericana. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (www.observatoriodeconflictos.org.ve), en los últimos cuatro meses del año han ocurrido 6,729 manifestaciones de protesta, desde luego de distinto alcance y cobertura territorial. Las entidades con el mayor número de protestas son el Distrito Capital, Miranda, Lara, Táchira y Mérida, lo que significa que el conflicto está presente tanto en zonas urbanas como rurales, y combina las áreas de mayor pobreza con aquellas en que predominan los sectores de ingresos medios y altos.
El reporte del OVCS hace notar que en este periodo “se registraron acciones violentas de grupos paramilitares en al menos 523 protestas”, que el número de víctimas mortales supera los 150 casos, y que la gran mayoría de las manifestaciones y actos de protesta han sido reprimidos con el uso de la fuerza pública. Según la BBC, el notable incremento de la fórmula represiva guarda relación directa con la aplicación, a partir de abril de este año, del denominado Plan Zamora, mediante el cual el gobierno de Maduro posibilitó una actuación conjunta de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), las Milicias Bolivarianas y los Colectivos Paramilitares. El Plan Zamora fue anunciado la víspera de la mega-marcha del 19 de abril de 2017, aquella convocada por la oposición como “la madre de todas las marchas”.
En no pocas de las movilizaciones anti Maduro la presencia de contingentes universitarios ha sido significativa, aunque no necesariamente protagónica. El denominado Movimiento Estudiantil Venezuela (MEV), reorganizado en la coyuntura, ha buscado coordinar y conjuntar las agendas y las formas de lucha de las distintas representaciones universitarias que coinciden en sumarse a la protesta. Aunque el MEV enfatiza la importancia estratégica de las manifestaciones pacíficas, lo cierto es que la presencia de contingentes estudiantiles y docentes no ha evitado la acción represiva del Estado.
Tanto el MEV como las principales organizaciones estudiantiles universitarias, particularmente las representativas de las universidades públicas autónomas y de las privadas, se han manifestado apartidistas. No obstante, la presencia estudiantil en marchas organizadas por el bloque opositor, y su afinidad con puntos clave de la agenda política de las fracciones y grupos que luchan contra el régimen, ha sido leída, desde el gobierno, como parte de la revuelta que debe ser combatida.
Otro tanto ocurre con las autoridades institucionales de las principales universidades. Su participación en el conflicto no ha sido pasiva, sobre todo considerando el mínimo margen de actuación política disponible. Un buen ejemplo lo brinda el papel que jugaron en la consulta popular convocada por la Mesa de la Unidad Democrática el pasado 16 de julio. Como se recordará, en esa fecha se realizó el plebiscito, convocado por la Asamblea Nacional, que ponía a consideración de la ciudadanía venezolana la legitimidad de la Asamblea Constituyente propuesta por el mandatario. Para actuar como garantes de la transparencia del proceso de consulta, la asociación universitaria designó a cinco representantes, todos ellos rectores: José Virtuoso (Universidad Católica Andrés Bello); Cecilia García Arocha (Universidad Central de Venezuela); Benjamín Scharifker (Universidad Metropolitana); Raúl López Sayago (Universidad Pedagógica Experimental Libertador; y Jessi Divo (Universidad de Carabobo). Al final de la jornada esa representación dio fe pública de la consulta y anunció, en conferencia de prensa de esa noche, los resultados preliminares.
Como se sabe, el gobierno de Maduro desestimó los resultados del plebiscito y organizó un cuestionado proceso de consulta para legitimar la Constituyente y proceder a instalarla de inmediato en paralelo a la Asamblea Nacional. Ante ello, los Rectores de las Universidades Nacionales agrupados en la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU), difundieron un indignado pronunciamiento de protesta que, en síntesis, define su posición en esta fase del conflicto.
Los rectores acordaron, primero, rechazar “el flagrante desconocimiento del sistema democrático venezolano por parte del Poder Ejecutivo Nacional, Electoral y Judicial”. Segundo, “exigir el cumplimiento de los derechos humanos fundamentales, y en especial el derecho a la vida de todos los venezolanos”. Tercero, “ratificar que las Universidades de gestión pública y privada están al servicio del País como interlocutores, para realizar los aportes ante cualquier situación que amerite en un futuro inmediato un entendimiento nacional, en el marco de respeto a la Constitución vigente. Cuarto “continuar trabajando en defensa de la institucionalidad con apego a la pluralidad, valores y principios democráticos, que prevé la Constitución en la búsqueda de soluciones en pro del bien común de la Nación”. El quinto acuerdo de AVERU “manifiesta a la Comunidad Universitaria y a la sociedad venezolana su compromiso de estar siempre al lado de la defensa de la autonomía universitaria, y de la separación de los Poderes como garantía de un Estado democrático, social de derecho y de justicia.”
Con ello los rectores asumen, con los riesgos que conlleva, una posición política clara, rotunda y definida. Su repercusión y consecuencias dependen, naturalmente, de la dinámica política del país en el futuro próximo.
Publicado en Campus Milenio, 10 de agosto 2017
