Ninguna iniciativa diferente para regular su funcionamiento a lo que hicieron los gobiernos neoliberales.
Adrián de Garay
Hay que reconocer el esfuerzo del actual gobierno federal por actualizar la Ley General de Educación Superior que no se ha modificado desde 1978, pese a las transformaciones que ha experimentado la educación superior en México desde esa época. Hoy tenemos una propuesta que está en consulta nacional para ser sometida a su aprobación en el Congreso de la Unión.
Sin duda existen una gran cantidad de temas sobre los cuales se puede opinar, diferir, proponer, pero me voy a concentrar en un tema que ha sido objeto de una de mis líneas de investigación, como varios colegas, desde varios lustros: la educación superior privada.
Con la llegada a la presidencia de la República de Miguel de la Madrid en 1982 puede decirse que iniciaron los gobiernos de orientación ideológica neoliberal. La educación superior no fue ajena a esa influencia. Desde ese período se dio pleno apoyo a los particulares para que incursionaran en la creación de instituciones privadas. Al inicio de ese gobierno el 15% de la matrícula estaba concentrada en un puñado de universidades privadas, varias de la cuales habían sido fundadas años atrás y ya contaban con prestigio nacional. Hoy en día el 33% de los estudiantes universitarios están inscritos en alguna de cientos de instituciones privadas existentes en el país.
Y en varios estados de la República como Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Yucatán y Puebla, más del 50% de los estudiantes universitarios proceden de instituciones privadas. Curiosamente, el estado que en primer lugar rebasó ese 50% fue Puebla gracias al apoyo que recibieron cuando Manuel Bartlett fue gobernador, hoy flamante crítico de las políticas neoliberales y alto funcionario en el gobierno de AMLO.
En el año 2000, producto del trabajo previo realizado por Miguel Limón en la SEP y con el inicio del gobierno de Vicente Fox con Reyes Taméz en la SEP y Julio Rubio en la entonces Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica, se expidió un instrumento de acción pública orientado específicamente para atender el desarrollo del sector privado en el país: el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), ante la imposibilidad de modificar vía una nueva ley el funcionamiento de las universidades privadas.
En un inicio, el RVOE tuvo aspiraciones de regular el crecimiento de la oferta privada estipulando lineamientos para la creación de programas educativos y el funcionamiento de establecimientos. Sin embargo, en poco tiempo esas aspiraciones se difuminaron, pues una combinación entre las múltiples instancias que lo otorgan, el otorgamiento poco estricto y la supervisión casi inexistente, terminó por hacer del RVOE un instrumento poco eficaz para controlar las dinámicas de expansión del sector privado.
A pesar de ello, el RVOE tiene el atributo de ser el único dispositivo gubernamental que precisa lineamientos para la creación de carreras y apertura de establecimientos, y es el único que, aun sin ser obligatorio, no es negociable para las instituciones si quieren tener un mínimo grado de legalidad. De acuerdo con la normatividad (Acuerdo SEP 279), el RVOE puede ser otorgado por la autoridad federal, las autoridades de los estados y algunas IES públicas facultadas. Sin que necesariamente se encuentren en coordinación, cada una de ellas puede administrar y supervisar la implementación del RVOE bajo sus propias consideraciones, inclusive pueden estructurar reglamentos de aplicación que, basados en los lineamientos del RVOE, contemplen otros criterios no señalados en el propio Acuerdo 279.
Si se revisa la propuesta de Ley del actual gobierno federal, la única novedad es que pretende hacer ahora ley el Acuerdo 279. Es decir, muchos años después y ante la evidencia demostrada de que abundan instituciones de pésima calidad y que se ganaron el mote de universidades patito por la ausencia de una política que atienda su calidad- hoy llamada excelencia-, no existe propuesta nueva para regular su funcionamiento, pese a las notorias deficiencias de dicho Acuerdo y su implementación.
¿A qué se debe esa ausencia? Como todos los gobiernos neoliberales, una de sus preocupaciones centrales fue aumentar la matrícula nacional para ampliar la cobertura apostando a las instituciones privadas. Cobertura que, pese a todo, sigue estando por debajo de varios países latinoamericanos. El gobierno de AMLO sigue en esa lógica porque sabe que sus universidades Gansito-las Benito Juárez- no lograrán aumentar la cobertura sustancialmente, y las universidades autónomas sólo quieren crecer si les otorgan más dinero, a lo cual, razonablemente se niega el gobierno porque tienen manera de hacerlo, en su mayoría, sin necesidad de más recursos financieros. No fue casual el supuesto “error” en la propuesta inicial del gobierno federal de eliminar en la reforma constitucional la autonomía de las universidades con objeto de, entre otras cosas, “obligarlas” a incrementar su matrícula.
Esto es, el gobierno federal necesita del concurso de las universidades privadas de todo tipo si quiere cumplir su meta de llegar al 50% de cobertura al final del sexenio, aunque eso implique continuar sin regular de manera seria y sistemática la proliferación de instituciones que operan con fines de lucro y engañando a miles de estudiantes.
Otra posible conjetura que explica la ausencia en el proyecto de ley para regular de una manera más estricta a las universidades privadas es la presencia de Alfonso Romo en el gabinete de AMLO. Como se sabe, Romo es dueño de la Universidad Metropolitana de Monterrey, y no es descabellado pensar que fue uno de los personajes que influyeron en la decisión de no avanzar en ese terreno. De hecho, si se recuerda, en el llamado Proyecto Alternativo de Nación que presentó Morena para su campaña electoral del 2018 se hablaba de darles autonomía a las instituciones privadas de prestigio.
Han transcurrido 41 años desde que se aprobó una ley para la educación superior. Es muy probable que contando con la mayoría en el Congreso de la Unión el partido Morena la apruebe casi sin cambios. Y por lo pronto, cientos de instituciones privadas festejarán que podrán seguir operando con una gran laxitud, con libertad y viviendo en el neoliberalismo que se supone AMLO quiere erradicar.
