José Guillermo Merquior produjo una obra de profundidad, Rousseau and Weber: Two Studies in the Theory of Legitimacy (Londres, Routledge and Kegan Paul, 1980). Una las cuestiones que me han movido a examinar las reformas educativas de México y otros países reside en preguntarme si los afanes de cambio que expresan líderes políticos son para ganar legitimidad o si tienen verdaderos propósitos de cambio. Claro, una materia no excluye a la otra; ambos, legitimidad y aspiración de servir, pueden ir de la mano; un designio y el otro se alimentan entre sí.
La distinción que hace Merquior entre las ideas de Rousseau y Weber acerca de la legitimidad —el modo en que gobernantes y caudillos la adquieren o la pierden— es fundamental. Rousseau defiende la tesis del contrato social; la legitimidad emana de la voluntad popular; los ciudadanos ceden parte de su albedrío al jefe del Estado a cambio de seguridad, libertad y vigencia de sus derechos. La concepción de Weber es de sociología política. Para él, el gobierno en una sociedad es un asunto de dominación, de ejercicio del poder y también de organización jurídica del Estado para brindar servicios a la población. En su concepción, hay varios tipos de dominación legítima, de acuerdo con la personalidad del gobernante (tradicional, carismática y burocrática).
Peña Nieto ya tenía la legitimidad en la concepción contractualista de Rousseau; con la Reforma Educativa buscaba mayor eficacia en los modos de gobernar en el sistema escolar, “recuperar la rectoría de la educación”. En otras palabras, incrementar su legitimidad por medio de la acción política. Se apoyó en la racionalidad burocrática e impugnó ciertas tradiciones del corporativismo sindical, como la herencia y venta de plazas docentes. Si tenía algún carisma, se diluyó por fallas en la gobernación: no frenar la violencia ni la corrupción.
Andrés Manuel López Obrador puede presumir que arribará a la Presidencia con legitimidad de origen; además, irradia carisma. Con su Proyecto Alternativo de Nación, los programas anunciados y la designación anticipada de su gabinete y otros altos funcionarios, quizá busca agrandar su margen de legitimidad para porfiar con más brío en su idea de la “cuarta transformación”.
De acuerdo con un cúmulo de literatura en educación comparada e internacional, la educación es una fuente de legitimidad, pero también de lo contrario. Un sistema educativo vigoroso, donde los alumnos aprenden lo que, se supone, será clave para su vida futura, donde los enseñantes reúnen atributos de profesionalismo y la burocracia dirigente hace su trabajo, además de mejor nivel de vida de la población, sus dirigentes disfrutan de grados de legitimidad envidiables. En cambio, en sociedades donde los sistemas escolares muestran más pifias que aciertos, sus gobernantes no gozan del favor de sus ciudadanos; los niveles de progreso social de esas naciones también son menores.
En la campaña electoral, AMLO arremetió contra la Reforma Educativa, andaba en busca de aliados. Prometió echarla para atrás, pero también aseguró que no perseguiría cambios constitucionales durante los primeros tres años. Hoy todo es incierto. Esteban Moctezuma Barragán, quien será su secretario de Educación Pública, organizará una consulta para “… que el señor Presidente de la República las presente [iniciativas de reformas legales] en la primera semana de su mandato” (Milenio, 08/08/2018).
EMB agregó: “Lo que estamos proponiendo no es una nueva reforma educativa. La educación debe de estarse cambiando, mejorando, reformando permanentemente”. Hay algo de confusión, EMB no quiere una nueva reforma, sino una permanente. Coligo que decir contrarreforma es incorrección política, pero bien pudiera decirse que es lo que busca el futuro gobierno. Quiere cambiar leyes, incluso enmendar el artículo 3.
No adelanto juicios; en educación siempre hay espacio para mejorar, pero me temo que la consulta a la que convoca EMB tiene más tentativa de legitimación que derrotero sobre qué hacer en el futuro inmediato. El triunfo de AMLO es legítimo, puede enviar las iniciativas de cambios legales que desee. Para eso fue electo, al igual que los legisladores: cambiar leyes. Lo peor —presumo— en la consulta, que la CNTE y otros grupos exigirán eliminación completa de la reforma y regresar por sus privilegios. Si les incumple, presagio conflicto frecuente; si les concede, obtendrá legitimidad artificial. El carisma también puede desgastarse.
