Con el acuerdo para la modernización de la educación básica de 1992, el gobierno federal transfirió a los estados responsabilidades, pero concentró el poder. El nuevo federalismo educativo fue el eufemismo que encubrió al centralismo burocrático.
En breve: el gobierno federal desplegó cuatro mecanismos de control — con diversos grados de dependencia y autonomía— sobre los estados: normativo, técnico, financiero y político. El dominio financiero se aflojó porque los líderes seccionales Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se hicieron del poder, colonizaron el gobierno de la educación básica y se apoderaron de la nómina magisterial, hasta 2015.
El control normativo se basó en la “armonización” de las leyes locales con la Ley General de Educación de 1993. Fue un mandato desde el centro por dos vías. Una, Elba Esther Gordillo fue con cada uno de los 31 gobernadores, presionó y obtuvo que el Reglamento general de las condiciones generales de trabajo para los trabajadores de la Secretaría de Educación Pública se replicara a escala local. El Comité Ejecutivo Nacional lo administraría.
Dos, a lo largo del sexenio de Ernesto Zedillo, la SEP negoció con los gobernadores para que cada uno enviara un proyecto de ley a sus legislaturas. El asesor jurídico del secretario de Educación Pública, Miguel Limón, cuidaba que lo cardinal quedara registrado. El CEN del SNTE se aseguraba de mantener el control sobre las plazas.
Fue una imposición, sí, pero con negociación política intensa. Unos gobernadores aprovecharon para normar aspectos locales, en la educación media y superior, por ejemplo; otros, como el de Durango, para hacerse del mando en la unidad de la Universidad Pedagógica Nacional. Algunos estados lograron darle un toque local.
No sucede lo mismo con el plan de “armonización” que proyecta el gobierno de la Cuarta Transformación. A finales de enero en un foro en Jalisco ofreció a las autoridades estatales una “propuesta de ley Marco de Educación para las Entidades Federativas”, como parte del Acuerdo Educativo Nacional. Tiene el propósito de tutelar a las legislaturas de los estados.
En 145 artículos, más ocho transitorios, el documento replica lo fundamental del artículo 3º y de la nueva Ley General de Educación. Parece que el gobierno central quiere hacer de las autoridades educativas locales dependencias de la Secretaría de Educación Pública. El corazón de dicha subordinación se encuentra en los artículos 105 y 106, que describen las atribuciones exclusivas de las autoridades locales y las compartidas.
En esos artículos, el gobierno federal decide, autoriza, vigila, supervisa, fomenta y promueve (poder). Mientras que los estados prestan servicios, revalidan y otorgan equivalencias de estudios a instituciones locales —con autorización de la SEP—, participan —junto con la SEP— en la impartición de educación media y superior y, en el marco del Sistema nacional de información y gestión educativa, coordinarse con la SEP para establecer sus sistemas de información (para alimentar al central).
En suma, el gobierno federal manda, los estatales ejecutan. La armonización avanza. En Jalisco, el gobierno local propuso algunas modificaciones, a sugerencia de Mexicanos Primero, en los demás parece que la cosa va sobre rieles, excepto en territorios de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
La CNTE es la única facción del SNTE que se opone porque el proyecto prohíbe que circulen sus textos y acaso quiera salvaguardar privilegios. La facción que comanda Alfonso Cepeda Salas acepta sin chistar. Más ahora que negoció con la SEP un aumento significativo al salario. Aunque se sabe que algunos gobernadores están inconformes, no levantan la voz. Tal vez temen a represalias financieras o diatribas en la mañanera.
“Nosotros no somos iguales”, dice el presidente López Obrador con frecuencia. Tal vez sea cierto. La diferencia, sin embargo, no es para mejorar la educación del país, al contrario, pienso.
