Hugo Aboites
Cuando en mayo pasadointegrantes del magisterio manifestaron su inconformidad con los términos en que había quedado el artículo tercero constitucional, la respuesta oficial fue que cualquier inquietud podría ventilarse y resolverse después, en las leyes secundarias. Y a las críticas de que en ese artículo se había cedido prácticamente todo al Pacto por México, la respuesta indicaba no la voluntad propia, sino a la necesidad de acumular votos suficien-tes (dos tercios) para acabar con la re-forma educativa neoliberal. Hoy, sin embargo, a la luz de lo que contienen las propuestas de leyes secundarias, esas explicaciones quedan muy mal. Si, como se afirma, la propuesta de leyes secundarias no fue elaborada con los partidos del Pacto, sino entre la SEP y legisladores de Morena (que no se reivindican como neoliberales) cabe entonces preguntar por qué no se ve esfuerzo alguno por introducir elementos o al menos matices que aminoren el impacto de un artículo tercero que retoma y fortalece los rasgos autoritarios más profundos de la reforma neoliberal. Recuérdese que la evaluación punitiva (despido) era sólo la manifestación más extrema de una estructura ideológica y un dispositivo autoritario para la subordinación del trabajo educativo y el despojo de la protección laboral a los maestros y normalistas. Es decir lo que aún hoy permanece intacto y que se fortalece con la actual propuesta de leyes secundarias.
Al traducir lo anterior al rumbo de la educación, con estas leyes subordinantes no estamos ante lo que sería un primer paso para dejar atrás el centralismo, el poder omnímodo de la burocracia y el control absoluto. Al contrario, la esperanza de una nueva escuela
se marchita ante una normatividad que no tiene espacio para las propuestas de participación y acción educativa des-de abajo, ni para una educación emancipadora a partir de las regiones del país y las escuelas, ni interés en colectivos escolares que respondan a las necesidades de conocimiento de niños y jóvenes, comunidades y padres de familia. De ahí que, sin dejar de demandar otro tipo de legislación, a la construcción de una transformación sólo se le deja el camino de la resistencia y la capacidad propia para crear espacios de autorganización desde las escuelas y regiones.
La esperanza tampoco puede ponerse en el debate en San Lázaro. Poco puede esperarse de los del Pacto por México que con esta propuesta de leyes secundarias no se sentirán cuestionados, sino invitados a añadir rasgos todavía más neoliberales y autoritarios. Así, en unos cuantos meses, el sector educativo se habrá colocado –en la administración– como el más conservador y reacio a cualquier transformación decisiva. Y, paradójico, es el sector donde existe el más amplio e influyente potencial organizado de apoyo a iniciativas transformadoras. Pero a diferencia de lo que ocurrió con Cárdenas, hoy no se busca vincularlo a un proyecto educativo trascendente y con eso se le desdeña.
Desdén es que no se reconozca a los maestros en su dignidad y calidad de trabajadores de la educación al amparo del 123, ni plenamente a los egresados de las normales. Que se les margine del papel crucial que deben jugar en la determinación y diversidad de planes y programas de estudios y en las decisiones que afectan su trabajo y la educación. Que no se respete la capacidad que tienen de recoger, interpretar y proponer cambios educativos junto con los estudiantes de todos los niveles, padres de familia –en su caso– y las comunidades urbanas y rurales. En la ley sólo se les contempla como una más de las voces –y en los hechos no la más importante– junto con una nube de organismos de la sociedad civil de corte empresarial que desciende sobre la educación.
Más que a abrir las puertas a los actores directos y aerear así el sistema, las leyes apuntan a fortalecer aún más el control burocrático sobre la educación. Por ejemplo, en la Ley del Centro para la Mejora Continua de la Educación (artículo 7). Como añadido a las instancias ya establecidas en la constitución, inesperadamente aparece un Comité
que será representante
del Sistema de Mejora Continua. Este añadido es crucial pues desde la cumbre, tendrá la valiosa facultad de conocer y opinar sobre las propuestas que el Centro emita en materia de mejora continua de la educación
(artículo 8), una especie de observatorio o supervisión. Pero de funcionarios, pues ahí estarán SEP, SHCP, SFP, subsecretarios de educación, presidentes de comisiones de educación del Congreso, autoridades estatales y otras más. ¿No sería más oportuna, conocedora y pertinente, la opinión de maestros frente a grupo, estudiantes, comunidades urbanas y rurales? De paso, añadir este Comité muestra que es perfectamente posible introducir cambios sustanciales en las leyes secundarias, por fuera del marco de lo aprobado en el tercero constitucional. Si se quiere realmente transformar, he aquí otra ruta.
*UAM Xochimilco
