Que en el sistema educativo mexicano hay mucho de fraudulento, lo sabíamos desde hace tiempo. Incluso las magnitudes de la superchería se podían calcular con cierta aproximación, pero no se tenía la información precisa de dónde estaba la estafa. Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial permite observar con mucha mayor precisión la magnitud y la ubicación concreta del timo.
El gasto educativo en México es porcentualmente alto; representa alrededor de 5.5% del PIB y alrededor de 23% del total del gasto público. En términos relativos, aquí se gasta más que en otros países de la OCDE, aunque en números absolutos el país lejos de invertir lo necesario para tener un sistema educativo de calidad. Así, a pesar de que México gasta una buen porcentaje de su presupuesto en educación, no gasta lo suficiente y lo peor es que lo que gasta lo gasta muy ineficientemente, por lo que ni la calidad de la enseñanza ni el estado de la infraestructura educativa están cerca de ser satisfactorias.
Los datos del censo educativo encargado por el gobierno al Instituto Nacional de Estadística y Geografía muestran una visión panorámica de esa ineficiencia. En primer lugar, sirven para documentar cómo se usan en realidad los recursos destinados a pagar a los maestros. Más del 90% de los recursos públicos destinados a la educación se van en sueldos de los profesores, lo que debería significar que los profesores estuvieran bien pagados y tuvieran buenos incentivos económicos para desempeñar su tarea con entusiasmo. Sin embargo, cuando se acerca la lente de aumento a la manera en la que se ejercen los dineros destinados a pagar los servicios personales de la educación, la encuesta refleja un gran desperdicio: más de 30 mil comisionados sindicales, casi 114 mil profesores que cobran en un centro escolar pero no trabajan ahí y casi otro tanto que simplemente no aparece.
Este desorden administrativo, por decir lo menos, es herencia de un arreglo político desarrollado gradualmente desde hace siete décadas. A partir de que, con la formación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, se constituyó el pacto corporativo con el cuál el régimen de la época clásica del PRI gobernó al sistema educativo, el presupuesto se ha repartido casi a mitades entre el gremio magisterial y la burocracia educativa. Las plazas y el sistema de promoción quedaron sujetos a la discrecionalidad de líderes sindicales y burócratas, los cuáles los usaron para construir clientelas de leales políticos. La falta de reglas claras y el grado de arbitrariedad que ha caracterizado a la gestión publica mexicana y la falta de un servicio profesional docente con reglas claras de ingreso, promoción y permanencia, llevó a que los cambios de adscripción, los puestos de dirección, las promociones e incluso las jubilaciones estuvieran sujetas a la voluntad de quienes podían decidir, formal o informalmente, el uso de las plazas.
Los datos del censo reflejan un conjunto de relaciones políticas que se han reproducido a lo largo del tiempo. Corregir las desviaciones reflejadas implica no sólo un conjunto de cambios administrativos sino, fundamentalmente, un cambio en el arreglo político con el que se ha gobernado a la educación; Las reformas constitucionales y legales del año pasado fueron un primer paso para modificar las reglas de distribución del presupuesto educativo. Lo lamentable es que en el núcleo central de la reforma, el servicio profesional docente, que debiere cambiar el sistema de reclutamiento y los incentivos de los profesores, para convertirlos en académicos y profesionales en lugar de ser sindicales y políticos, el diseño resultó fallido.
Los resultados del censo son un retrato de la manera arbitraria en la que se han usado los recursos públicos en la educación y pueden servir para detectar las complicidades entre el sindicato y las burocracias educativas locales y federal, pero para corregir ese desorden se requiere de la formación de una coalición política y social que sustituya al pacto corporativo y se refleje en una normatividad con amplia legitimidad tanto afuera como adentro del sistema educativo. Si la ley del servicio profesional docente hubiera conseguido el apoyo mayoritario de los profesores a partir de la creación de un sistema de promoción en el puesto que significara mejoras importantes en el ingreso de los maestros que demostraran buen desempeño, creatividad y formación permanente, tal vez los propios profesores serían una garantía para acabar con el manejo político de las plazas docentes, pero la ley se hizo mal y todavía falta ver cómo se va a concretar en cada estado. Por lo que puedo ver, las prácticas informales y la discrecionalidad se reproducirá enmascarada por las nuevas reglas formales.
Mucho hay que decir también sobre los datos que arroja en censo respecto a la infraestructura educativa. La información recogida muestra, también ahí, ineficiencia e insuficiencia en el gasto. Pero ese es otro tema y habrá que tratarlo en otra ocasión.
Publicado en Sinembargo.mx
